El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó defenderse como gato patas arriba ante las preguntas de Diputados sobre el decreto que restringió el acceso a la información pública. Primero empezó por negar todo: “De ninguna manera la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información”, aseguró. E incluso concedió que se podría modificar la normativa, que fue confeccionada bajo la atenta mirada de Karina Milei: “Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas. Estamos dispuestos a analizarlo y que también ustedes puedan entender las dificultades que vemos y encontramos para acceder a todos los requerimientos”, aseguró el ministro coordinador. El decreto que restringe el acceso a la información cuenta con el rechazo de aliados como el PRO, de la Coalición Cívica, de Encuentro Federal, mientras que Unión por la Patria ya presentó un proyecto para rechazarlo.

El jefe de Gabinete se deshizo en explicaciones que intentaron negar que el decreto reglamentario que publicó el Gobierno nacional restringe el derecho a la información pública. En rigor, el decreto 780 plantea una serie de restricciones a lo que considera «información pública», pone en manos del funcionario de turno la decisión de si algo es considerado o no de interés público y suma el caracter de secreto o reservado a áreas enteras del Estado.

«No hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública»,  juró y perjuró Francos. «La intención fue tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda. No nos pareció que hubiera en todo esto una violación a este derecho constitucional», aseguró, cargado de buenas intenciones. Sostuvo que entre todos los ministerios hay «700 y pico» de solicitudes por la Ley de Información Pública. «El Gobierno entendió que algunos mecanismos no se utilizaban en la senda de la buena fe, sino en la contraria. La buena fe es para todos, también para los particulares», señaló sobre el artículo que sumó y que incorpora una amenaza sobre quienes no pregunten con «buena fe».

No obstante, Francos intentó mostrarse componedor: “Recojo las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República”.  “Veremos si tenemos necesidad (de modificarlo), aunque no sé si de derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda”, insistió.

Sin aliados

En la registricción del derecho a la información el Gobierno se encuentra solito y solo. Ni siquiera el PRO lo acompaña, lo que tiene sentido: la ley que está modificando por decreto fue sancionada durante el Gobierno de Mauricio Macri y fue presentada como uno de sus logros en materia de transparencia. El bloque de diputados del PRO se pronunció en contra del decreto en un comunicado que dice que la ley «debe mantenese intacta». «Rechazamos el decreto 780. Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya qe garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la ifnormación pública. Alterar esa norma por vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia«, remarcaron.

También el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dijo «me preocupa ese decreto. Esas cosas nos confunden. Hay señales que uno no termina de comprender. Tenemos que recorrer el camino inverso, de más transparencia. En la Ciudad tenemos una serie de mecanismos que garantizan la transparencia. Y eso es muy importante, porque el final del día, es algo que también observan los inversores. Es una lucesita amarilla».

En tanto, desde la UCR, la diputada Karina Banfi reclamó “urgente intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública”. Y el resto de los diputados sacaron un proyecto de repudio, en el que piden la derogación del decreto. Desde Encuentro Federal, tuvieron expresiones similares del bloque, a instancias de Margarita Stolbizer.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también cuestionó el decreto: «Es notable como los liberales, menos liberales del mundo se extralimitan en reglamentar e interpretar las leyes de manera tan restrictiva y peligrosa. El derecho a la información es un derecho ciudadano que no puede ser encarcelado por decreto ni aplicado a merced de los gobiernos de turno; sólo puede ser regulado por una ley del Congreso».

En tanto, desde e bloque de Unión por la Patria, Carolina Gaillard presentó un proyecto para declarar la “nulidad absoluta e insanable” por “exceder la potestad reglamentaria otorgada al Poder Ejecutivo” que desnaturaliza y altera el espíritu de la ley original.

El decreto recibió, además, el repudio de 60 ONGs, entre ellas el CELS, Poder Ciudadano, Amnistía Internacional y ACIJ. Todas plantearon que el decreto representa una regresión significativa en materia de transparencia y acceso a la información. También FOPEA y ADEPA se manifestaron en contra. “El Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos daños y perjuicios o con fundamento en un supuesto interés público”, remarcó ADEPA.

En esto, el Gobierno está solo con su sombra.