No fue esta vez por las quemas intencionales sino por los movimientos ilegales de suelo en las islas y la construcción de canales y terraplenes clandestinos que alteran el curso natural del agua, otro ataque al ecosistema del delta del Paraná. Eso denunció ayer el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, ante la fiscalía federal de Victoria, a cargo de Claudio Kishimoto, con el aporte de pruebas en video que exponen el trabajo de maquinaria pesada removiendo tierra y vegetación en una zona del sur del humedal en jurisdicción entrerriana. Desde el espacio de ONG ecologistas valoran la intervención estatal, aunque advierten que «llega tarde y hasta ahora la Justicia nada ha hecho para evitar que la explotación económica de las islas haga lo que quiera allí», dijo Jorge Bártoli, de El Paraná No Se Toca.

El ministro radicó la denuncia a partir de registro fílmico captado en un sobrevuelo de rutina del humedal por parte de personal del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos. La imagen muestra el trabajo de una retroexcavadora abriendo un canal, en la zona de islas Lechiguanas, jurisdicción de Gualeguay.

Lo singular es que la prueba partió de personal propio del Estado provincial entrerriano, pero a la vez el Ejecutivo nacional tuvo que agregar en su denuncia que la Justicia federal exija al gobierno de Gustavo Bordet que revele la identificación catastral de las tierras donde se construye ese canal clandestino, y su dueño correspondiente.

Cabandié presentó en la fiscalía victoriense un escrito en el que requiere que «se investigue a los responsables y autores de los movimientos de suelo ilícitos que se vienen produciendo en el departamento de Gualeguay y localidades aledañas, conductas sancionadas por el artículo 182 del Código Penal, y el Decreto Provincial 4977/09”.  La remoción del suelo isleño está prohibida, además, por la ley nacional 9172, y una medida cautelar de julio de 2020, en uno de los peores momentos de incendios intencionales en esa región.

Se constató así que continúa estos trabajos ilegales para desviar cauces naturales de arroyos internos y lagunas con el fin de ampliar superficie para pastaje de animales, cultivo de soja y, además, proyectos inmobiliarios que prosperan sobre todo en la zona islera al sur, entre Buenos Aires y Entre Ríos.

Consultado por este diario, Bártoli valoró que una entidad del Ejecutivo nacional ponga blanco sobre negro esta situación. «Ahora falta que la Justicia alguna vez haga lo que debe hacer, obligar a cumplir las leyes que ya existen. La Justicia es el único cortafuego que hasta ahora nunca funcionó», reprochó el referente de El Paraná No Se Toca.

«Buscan generar espacios libres de agua para favorecer actividad ganadera y también en algunos casos la agricultura a escala pampeana, como lo fue el caso de la empresa holandesa Bema Agri», recordó Bártoli. Aludió así a ese pool de siembra cuando en 2008 terraplenó alrededor de 10 mil hectáreas de islas frente a Villa Constitución, y resistió un litigio judicial contra el municipio de Victoria que finalmente perdió en 2018.

«Hoy la Municipalidad de Victoria no hace uso de esa potestad que le confirió la Cámara Federal de Paraná», apuntó Bártoli.

La denuncia penal puso a disposición del fiscal Kishimoto documentos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sobre otros terraplenes y canales clandestinos detectados en los últimos doce meses.

La presentación de Cabandié complementó ahora otra que hizo en agosto junto al secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, sobre ubicación georreferenciada de las quemas intencionales en el delta y datos brindados por el sistema de faros de conservación instalados hace dos años.

«El fenómeno no es nuevo, pero si el ministerio toma cartas en el asunto, bienvenido entonces aunque llegue tarde. Esto se hizo históricamente sin ningún control. Pero si hay una denuncia del Gobierno nacional, entonces pasamos a otro nivel, mejor que la denuncia permanente de las organizaciones que últimamente fuimos calificadas como soplones, por parte de la autoridad jurídica del municipio de Victoria», marcó Bártoli.

«Basta ir hasta el kilómetro 43 de la traza vial Rosario – Victoria para ver desde la ruta los terraplenes que han hecho. El propio (Enzo) Mariani tiene 12 kilómetros de terraplenes en el Legado Deliot que disputa con la Municipalidad de Rosario Victoria reconoce que hay decenas de kilómetros de terraplenes y no está en condiciones de evitarlos ni removerlos», dijo Bártoli.