El gobierno nacional en general y Federico Sturzenegger en particular computaron como logro la media sanción de la Ley Hojarasca, que el ministro desregulador vendió como “modernización” y eliminación de normas obsoletas. Pero desde distintos sectores se encienden luces de alarma sobre las consecuencias de algunas de las más de 60 derogaciones, firmadas a paquete cerrado, si el Senado finalmente lo aprueba. Están en juego cuestiones de soberanía y posibles negocios millonarios: producción de medicamentos, participación de capitales extranjeros en medios de comunicación, y la puerta abierta para la privatización de empresas clave que quedarían sin resguardo legal como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoléctrica -la empresa que opera las tres centrales nucleares argentinas, Atucha 1, 2 y Embalse- y la satelital Arsat.

¿Casualmente? esta última mereció recientes y reiteradas visitas del Departamento de Estado y de la empresa Palantir, de Peter Thiel. “Cuidado con hojarasca porque en medio de hojitas secas cortamos varias raíces verdes”, sintetizó lo ocurrido el diputado Pablo Yedlin.

Medios, satélites y centrales nucleares

La Ley N° 25.750 de bienes culturales, sancionada en 2003 y conocida popularmente como “Ley Clarín” (porque en su momento evitó que el grupo fuera absorbido por capitales extranjeros) establece un tope del 30% a la participación del capital extranjero en medios de comunicación. “Esta norma es de dudosa constitucionalidad y afecta el derecho de propiedad”, fue la explicación de Sturzenegger.

Su derogación no sólo permitirá que capitales globales manejen la totalidad de los directorios de medios de comunicación. En su articulo 1, el inciso B habla de empresas de ciencia y tecnología, y el inciso C refiere a “actividades e industrias de relevancia para la defensa”.

“Ya en la Ley Bases se incluía en el listado de empresas sujetas a privatización a Arsat, Nucleoléctrica, Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Fabricaciones Militares, Tandanor. Está en el plan de este gobierno liquidar empresas estratégicas para la ciencia, la tecnología y la defensa nacional”, denunció Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

El físico Diego Hurtado -profesor de la Universidad de San Martín, exsecretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación- suma un dato sugestivo: tiene la información de que en las últimas semanas hubo 5 visitas del Departamento de Estado a Arsat. Y del interés puntual que manifestó Peter Thiel y su empresa Palantir en la empresa satelital, y en particular en su centro de datos.

“Lo que les interesa es el monitoreo de los satélites: la base de telecomunicación de Arsat 1 y 2 en Benavides, pero también lo que tiene la Conae en Córdoba. Están muy interesados en tener el control sobre los centros de monitoreo”, asegura.

“Palantir está puntualmente interesado en el data center de Arsat, que es el único que tenemos en el país, con certificación internacional, para resguardar datos sensibles del Estado nacional”, agrega. ¿Qué tipo de datos? Desde el banco de genómica poblacional, creado para medicina de precisión, hasta información financiera tanto de ciudadanos como de entidades.

“Como si fuera un shopping, vienen a ver qué activos tecnológicos se pueden llevar en liquidación”, describe el investigador.

Hurtado plantea un escenario posible: “Macri intentó avanzar en entregar el Arsat 3 y su posición obital creando una empresa con el 51% de capital accionario de Estados Unidos. Intentó pero no pudo hacerlo porque chocaba con la ley. ¿Esta derogación no permitiría avanzar en crear sociedades con mayoría de capitales extranjeros y acceder a los activos públicos? ¿Una PalantArsat, digamos? Tal vez es lo que los estudios jurídicos de estas grandes corporaciones están reclamando que vote el Congreso, la famosa ‘seguridad juridica’”.

Cortinas de humo

Desde la oposición denunciaron que no solo se obligó a votar en bloque normativas muy disímiles. Tampoco se le dio adecuado tiempo de tratamiento en comisiones a temas sensibles que hubieran merecido la exposición de los sectores afectados.

El diputado Nicolás Trotta habla de “derogación exprés”, “tratamiento tramposo”, y “cortina de humo”. “Detrás de la derogación de leyes obsoletas se derogan leyes que hacen a la producción, la salud y la soberanía del país. Fue una discusión casi a ciegas, confundieron a la sociedad y evitaron que se discutiera en profundidad en comisiones y se escuche a aquellos sectores afectados por esta ley”, lamentó. Y en diálogo con Página/12 manifestó que espera que, al igual que ocurrió con la reforma laboral, la sociedad se entere de “los elefantes” que pasaron en la media sanción de esta ley y esto de paso a un debate más profundo de cara al tratamiento en Senadores.

Por una buena nota de EEUU

Una de las más criticadas es la derogación de la ley N° 26.688, de 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. “Una ley sin consecuencias prácticas”, la había catalogado Sturzenegger. Sin embargo desde el sector advierten sobre el fuerte impacto que esta derogación podría tener en la producción de los 40 laboratorios públicos nacionales, provinciales, municipales y universitarios que hay en el país, y en el aumento del costo de los medicamentos.

“Lo primero que hicieron al llegar al gobierno fue derogar la Anlap (la Agencia Nacional de Laboratrios Públicos) en el mega DNU. Ahora vienen por esos laboratorios», advierten. “Están borrando una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que permite producir localmente medicamentos de alto costo”, detalló Martínez.

La derogación afectaría incluso la producción pública de cannabis medicinal, que se desarrolla en Santa Fe, Jujuy y en diversas universidades nacionales y centros científicos del Conicet.

Aquí también entra a jugar un choque de lobbys entre el potente complejo farmacéutico local -que de hecho financió parte de la campaña de este gobierno y aparece implicado en el escándalo de corrupción de la Andis- y la presión de Estados Unidos para que Argentina ingrese al Tratado de Cooperación de Patentes (en línea con el tratado de comercio e inversiones firmado en febrero pasado).

Un descontrol

Varias derogaciones apuntan a un menor control y participación del Estado en diversas áreas y, en general, a una retirada que favorece el ingreso de capitales extranjeros. Un ejemplo es la ley 22.426, que obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sea aprobada por el Estado. Un trámite que se hace ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y que, aunque se habla de “un mero papeleo burocrático”, implica “apagar otro radar” en el control y seguimiento de los flujos de tecnología: qué entra y qué sale del país.

Otros sectores como el automotriz recibirían los coletazos de estas derogaciones: ya eliminado el compre nacional, todavía existe la imposición de que las flotas de las distintas dependencias del Estado sean de vehículos hechos en el país, por la Ley 16.789 de industria argentina, de 1965. La Hojarasca también la deroga.

Otra ley eliminada es la 19.648, que declara de interés nacional la exploración y explotación del carbón mineral. En Santa Cruz encendió alarmas por el impacto que podría tener sobre la actividad carbonífera y el futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Allí el complejo minero y energético estructura la economía de varias localidades.

Lo que en Diputados pasó en el montón sin mayor debate en comisiones, en la provincia armó tal revuelo que el interventor libertario, Pablo Gordillo, tuvo que salir a decir que “no tiene incidencia”. Pero dirigentes políticos, sindicatos y sectores vinculados a la Cuenca Carbonífera avanzan por estas horas en pedidos de informes y reclamos de participación en el debate en Senadores.

La libertad de estacionar

Entre una serie de leyes que claramente en la práctica ya no se aplican (la que obliga a un mínimo de 60 minutos diarios a temas “de interés turístico nacional” en radio y televisión; la que permite la internación forzosa de enfermos de lepra, entre varias), pasaron otras que atañen a temas centrales. Entre otras también se derogaría la que establece el sorteo del INCAA entre asistentes al cine.

Entre los cambios del veloz dictamen que llegó a Diputados se salvaron sin embargo algunas leyes, como la 11.380, que otorga exenciones impositivas para las cooperativas. Y hubo un particular reclamo sectorial que llegó a buen puerto: La ley 20.959 otorga a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento, desde su sanción en 1975. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”, había abundado Sturzenegger al llevar a los medios su proyecto.

Pues seguirán existiendo, porque sí hubo tiempo para debatir ese tema en comisiones y excluirlo de la Hojarasca. “Si nos sacan la credencial (de estacionamiento libre) que el ministro se quede sin chofer”, se hizo oír el reclamo desde bloques aliados.