Un pibe de 15 años entra a su escuela un lunes por la mañana, en la ciudad de San Cristóbal, al norte de la provincia de Santa Fe. En el estuche de la guitarra lleva una escopeta recortada. La saca y empieza a disparar. Mata a un compañerito de 13 años y hiere a otros dos. No es un fenómeno al que estemos acostumbrados en la provincia —a pesar de los índices de violencia armada conocidos por todos—, pero tampoco es un hecho aislado.

No lo es en un país en el que, ya en 2023, el actual presidente y quien hasta hace poco fue su ministra de Seguridad (hoy senadora nacional) hacían campaña en favor de la libre portación de armas de fuego. Desde 2024, el Gobierno nacional impulsó una serie de reformas orientadas a flexibilizar el acceso legal a las armas. Entre ellas, la modificación del artículo 55 del decreto reglamentario de la Ley 20.429, que redujo de 21 a 18 años la edad mínima para obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), requisito previo para la tenencia.

Luego, en mayo de 2025, se lanzó el sistema digital “Tenencia Express”, que habilita la gestión online de la tenencia de armas adquiridas en armerías habilitadas. Distintas organizaciones, como la Red Argentina para el Desarme y la Asociación para Políticas Públicas, advirtieron que este conjunto de decisiones puede generar un efecto acumulativo: expansión del acceso legal sin controles suficientemente robustos, debilitamiento de las estrategias preventivas y eventual crecimiento del mercado ilegal alimentado desde el mercado formal.

El 1 de julio de 2025, el Gobierno nacional sumó un paso más en esta dirección mediante el Decreto 445/2025. La medida, presentada como una reorganización administrativa, encierra en realidad una definición política de mayor alcance: la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) dejó de existir como tal, reapareció el Registro Nacional de Armas (RENAR) y el organismo encargado del control de armas quedó absorbido por la estructura del Ministerio de Seguridad.

En ese movimiento no solo se perdió la autarquía económica y financiera del ente creado en 2015, sino también una determinada concepción institucional acerca de cómo debe ejercer el Estado el control de un mercado especialmente sensible.

El argumento oficial se apoyó en una retórica ya conocida. Federico Sturzenegger defendió la medida en nombre de la reducción del gasto y la simplificación administrativa. Sin embargo, la cuestión excede largamente la discusión sobre estructuras. En temas como este, la forma en que se organiza el Estado no es neutral: define jerarquías, fija prioridades y expresa una orientación política concreta.

La ANMaC había sido creada por la Ley 27.192, sancionada en octubre de 2015 con apoyo casi unánime del Congreso. Esa norma había reemplazado al antiguo RENAR, instituido en 1973 por el Decreto Ley Nº 20.429, durante el último tramo del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Por eso, el Decreto 445/2025 no es simplemente un cambio de nombre ni una reasignación de competencias: implica, en buena medida, un retorno institucional, una marcha atrás respecto de un diseño que buscaba dotar de mayor autonomía y especificidad a la política de control de materiales controlados.

La norma, dictada al amparo de las facultades delegadas por la Ley Bases, modifica la Ley 27.192, convierte al nuevo RENAR en un organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y centraliza en esa cartera atribuciones que antes estaban radicadas en un ente con autarquía. Si bien el nuevo RENAR conservará funciones de control y fiscalización sobre armas y explosivos —en el marco de la Ley 20.429—, así como la administración de datos sensibles, el problema no es solo qué funciones se mantienen, sino en qué condiciones institucionales pasan a ejercerse.

Cuando un organismo pierde autarquía, cambia su funcionamiento concreto: se reduce su margen de decisión, se altera su estabilidad y se redefine la lógica bajo la cual se asignan recursos, prioridades y capacidades.

Entre los aspectos más relevantes del Decreto 445/2025 se encuentra, además, la eliminación del Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), creado por la misma ley que instituyó la ANMaC para financiar investigaciones, programas comunitarios y acciones de sensibilización orientadas a reducir la circulación y el uso de armas de fuego. A partir de ahora, esas intervenciones deberán financiarse con el presupuesto general del Ministerio de Seguridad.

No es un detalle menor. Supone la desaparición de un instrumento específico, diseñado para otorgar previsibilidad y orientación propia a políticas preventivas que, por su naturaleza, requieren continuidad y especialización.

Leído en conjunto, el Decreto 445/2025 no aparece como una medida aislada ni como una simple reorganización administrativa. Se inscribe en una orientación más amplia que reduce autonomía institucional, concentra facultades en el Ministerio de Seguridad, debilita herramientas específicas de prevención y flexibiliza el acceso legal a las armas.

En ese marco, la discusión deja de ser meramente burocrática. Pasa a ser, directamente, una discusión sobre qué tipo de política de control de armas quiere sostener el Estado argentino y sobre cuáles serán las consecuencias sociales de desandar —bajo el lenguaje de la desregulación— un entramado institucional construido precisamente para contener la violencia armada.

A esto se suma otro dato relevante: luego de la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional en diciembre de 2023, el programa no fue implementado ni una sola vez por el Estado nacional.

Frente a este escenario, cabe preguntarse cuál es el rol del Gobierno de la Provincia de Santa Fe ante el actual estado de desidia y abandono por parte del Gobierno nacional.

En primer lugar, los legisladores del frente que comanda el gobernador acompañaron con su voto la Ley Bases, lo que habilitó la delegación de facultades que hizo posible la serie de desregulaciones entre las que se inscribe el Decreto 445/2025. En segundo lugar, desde el gobierno provincial no se reclamó en ninguna oportunidad la implementación del PEVAF, un programa que, si bien no resuelve por sí solo la violencia altamente lesiva, complementa el control de armas desde un enfoque extra penal y promueve la entrega voluntaria mediante instancias de concientización en clubes y escuelas.

A ello se suma la desarticulación de la Subsecretaría de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, que tenía entre sus funciones articular con la ANMaC la implementación de políticas de control de armas y desarme civil.

Pero además, se discontinuó la elaboración del Informe Semestral sobre Secuestro de Armas de Fuego, una herramienta que permitía producir información de alta calidad sobre la presencia de armas en el territorio provincial y diseñar, en conjunto con las áreas operativas de la Policía, estrategias de intervención territorial específicas.

Ese informe permitía advertir, por ejemplo, que el departamento San Cristóbal —11° en cantidad de habitantes— es el 6° en cantidad de armas secuestradas; que las armas largas representan casi el 27% del total de secuestros; y que el 44,7% de las armas son incautadas en domicilios particulares. No se trata de un recorte anecdótico: se trata de información estratégica, indispensable para diseñar políticas diferenciadas respecto de las que pueden implementarse en Santa Fe capital o en el Gran Rosario.

El fenómeno de la proliferación de armas de fuego es complejo y multicausal. En una provincia con las dimensiones y heterogeneidades de Santa Fe, adopta además características específicas según el territorio. Por eso, las respuestas simplistas resultan insuficientes.

Pero incluso todo esto resulta insuficiente si no se incorpora una dimensión más profunda del problema. La proliferación de armas de fuego y los hechos de violencia que empezamos a ver con mayor frecuencia no pueden leerse únicamente como fallas en el diseño de políticas públicas o como déficits de regulación estatal. También son expresión de un deterioro progresivo del tejido social: vínculos debilitados, instituciones que pierden capacidad de contención, espacios comunitarios cada vez más erosionados y una creciente naturalización de la violencia como forma de resolución de conflictos. En ese contexto, el arma deja de ser solo un objeto regulado por el Estado para convertirse en un recurso disponible en un escenario donde retroceden otras formas de mediación social. Pensar el problema exclusivamente en términos normativos o administrativos implica, en definitiva, no ver que lo que está en juego es algo más profundo: las condiciones sociales que hacen posible —y cada vez más frecuente— que escenas como la de San Cristóbal dejen de parecernos excepcionales.

No sirve desregular. No alcanza con bajar la edad de imputabilidad. Por las características del problema, la única respuesta razonable es abordarlo de manera integral, articulando todas las herramientas disponibles y sin desestimar ninguna política pública orientada a la prevención de hechos tan trágicos como los que hoy empezamos a ver más cerca.

 

Lic. Joel Theytaz -Especialista en Criminología, Políticas de Seguridad y Justicia Penal.

Ex Subsecretario de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de la provincia de Santa Fe.