Una parte del bloque peronista ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados santafesina para que el Gobierno provincial brinde detalles sobre la relación que mantiene con la empresa Genamex S.A., una firma de origen estadounidense vinculada a proyectos energéticos en nuestro territorio.

La iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Rabbia y acompañada por sus pares Verónica Baró Graf y Lucila De Ponti, busca conocer si existen convenios, contrataciones o vínculos formales entre la firma y el Estado santafesino, incluidas las empresas públicas y sus entes autárquicos.

En los fundamentos del pedido, los legisladores advierten que en las últimas semanas surgieron dudas sobre la falta de “claridad” en el vínculo entre la administración de Maximiliano Pullaro y Genamex, así como interrogantes sobre sus antecedentes técnicos.

El planteo se da luego de que la administración provincial difundiera, a través de sus canales oficiales, que Enerfé presentó a Genamex como “potencial socio estratégico”, en el marco de iniciativas para el desarrollo e implementación de infraestructura energética de “nueva generación” en Argentina.

Rodolfo Giacosa, presidente de Enerfé, explicó en esa ocasión que junto a la firma privada exploran “la posibilidad de recibir inversiones vinculadas a desarrollos con hidrógeno verde”.

“Distintas empresas se reunieron con representantes de Genamex y explicaron que la tecnología que ofrecen fue desarrollada y probada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y pretende transformar la competitividad industrial de la provincia”, señaló el funcionario.

El tema también fue abordado en una nota periodística en la que se mencionaron posibles vínculos entre integrantes de la empresa y funcionarios de la cartera de Desarrollo Productivo, a cargo del ministro Gustavo Puccini, lo que aumentó las inquietudes de los legisladores justicilaistas.

En ese contexto, el proyecto solicita precisiones sobre si el Ejecutivo provincial promovió acuerdos de asesoramiento, consultoría o prestación de servicios con Genamex ante empresas locales, y los fundamentos de esas acciones.

Además, pide establecer si la firma está inscripta en los registros provinciales correspondientes, como el de Proveedores y Contratistas, y si existen evaluaciones técnicas o financieras que respalden su participación en iniciativas estratégicas.

Finalmente, plantea la necesidad de aclarar si existen funcionarios, empleados o asesores del Estado provincial —o sus familiares— con vínculos laborales o participación en la firma.

“El objetivo es contar con información clara sobre los procesos, vínculos y decisiones adoptadas”, sostuvieron los autores del proyecto.