Justicia

Exclusivo: La Corte Suprema comienza a tratar el desafuero del senador santafesino Armando Traferri

El pedido de revisión de los fueros, que impidieron que el legislador sea imputado como organizador de la mafia de los casinos vinculados a Los Monos, ya ingresó a la Corte Suprema que lo giró al procurador Casal.

El recurso de queja que interpusieron los fiscales de Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, ante la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la imputación del senador Armando Traferri ya está siendo evaluado por el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y se convirtió en un tema prioritario para el máximo tribunal, según pudo conocer LPO de fuentes judiciales.

Las fuentes revelaron que en la Corte Suprema reconocen que se trata de un tema muy complejo, que toca el federalismo y la impunidad. Como además tiene derivaciones electorales, la idea del máximo tribunal es resolverlo antes que termine el primer semestre del año próximo.

El poderoso legislador santafesino quedó involucrado en una causa que comenzó con el asesinato de un apostador en el Casino City Center de Rosario cuando un sicario de la banda de Los Monos baleó el complejo de la zona sur de esa ciudad, como mensaje mafioso del zar del juego clandestino, Leonardo Peiti.

Desde entonces, el trabajo de los fiscales Edery y Schiappa Pietra dejó al descubierto una compleja red de políticos, funcionarios judiciales y policías involucrados en la «investigación por corrupción institucional más trascendente de la historia reciente de la provincia», según definieron los fiscales. Trama que ubicó en un lugar central al senador Traferri, que gracias al blindaje absoluto que brindan los fueros a los legisladores santafesinos, evitó su indagatoria y su posible detención.

Por eso, a pesar de testimonios de los delincuentes detenidos que involucran directamente a Traferri, contenidos en las audiencias judiciales, los fiscales nunca pudieron llevar a los tribunales al senador por la inmunidad de proceso que contempla la Constitución de Santa Fe que data de 1962 y que nunca se adecuó a la Reforma de la Constitución Nacional de 1994.

En esta investigación ya fue condenado el  fiscal provincial Gustavo Ponce Asahad y funcionarios policiales. Además, están pendiente de juicio oral el ex fiscal regional, Patricio Serjal y en causas conexas fueron condenados el ex diputado, Darío Scataglini, y la fiscal de San Lorenzo, Melisa Serena.

La aparición de una funcionaria judicial de San Lorenzo en la trama no es casual. Traferri fue históricamente el jefe político de esa zona, desde donde construyó un formidable poder provincial con incidencia en importantes sectores de la política, la justicia y la policía.

De hecho, el intento de los fiscales para que el senador provincial fuera desaforado por sus pares fracasó por la defensa de legisladores peronistas y radicales. Incluso, la vicegobernadora y presidenta del Seando provincial, la ex jueza Alejandra Rodenas, muy cercana a Traferri, pidió «el archivo de las actuaciones».

«Las normas e instituciones locales santafesinas habrían consagrado la impunidad estructural en materia de corrupción política de funcionarios públicos parlamentarios, al dejar sujeta a la voluntad política (discrecional) de un grupo de colegas del sospechoso la factibilidad del progreso de la investigación que se encuentra en cabeza del Ministerio Público de la Acusación», advirtieron los fiscales Edery y Schiappa Pierta.

Luego, tras el rechazo en primera instancia de la jueza Eleonora Verón, el tribunal de alzada habilitó a la fiscalía para avanzar contra Traferri pero la defensa del legislador a cargo del estudio del abogado Oscar Romera apeló a la Corte Suprema de Santa Fe que ratificó los fueros extraordinarios del senador.

LPO ya reveló los vínculos de Traferri con un sector del máximo tribunal santafesino que preside Rafael Gutiérrez, que quedaron expuestos en la inédita decisión de ese tribunal de aplicar el per saltum para quedarse con el concurso de Vicentín, justo antes que se acordara su terminación. Es que hay importantes intereses empresarios, políticos y hasta vinculados al mundo judicial, interesados en quedarse con esa compañía.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

De hecho, cuando Edery y Schiappa Pietra plantearon ante la Corte Suprema provincial que se declare la inconstitucionalidad de los fueros absolutos de los senadores santafesinos, los fiscales lo hicieron como un paso previo para acceder al máximo tribunal de la Nación, porque eran conscientes de la relación política entre Rafael Gutiérrez y Traferri. Nunca tuvieron ilusiones sobre como fallaría el tribunal provincial, que en efecto terminó convalidado los fueros absolutos del senador.

Por eso, una vez que el máximo tribunal provincial se expidió, los fiscales interpusieron un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. De hecho tuvieron que recurrir a la queja porque el máximo tribunal provincial rechazó el habitual recurso extraordinario para que se eleve el expediente a la Nación, en lo que fue interpretado en los tribunales santafesinos como otra maniobra para proteger a Traferri.

«Al rechazar de plano la posibilidad de imputar, acusar, enjuiciar o meramente ‘investigar’ al senador Traferri, se ve cercenado ilegítimamente el ejercicio de la acción penal, deber que ha sido atribuido a este Ministerio Público de la Acusación», explicaron los fiscales a la Corte.

 

Ahora, el tribunal presidido por Horacio Rosatti le dio prioridad al tema y según fuentes judiciales consultadas por LPO, el procurador Eduardo Casal es consciente de la importancia del expediente que no sólo podría poner a Traferri al borde de una condena penal, sino que también enviar un mensaje poderoso al resto del país de combate real a la impunidad de los políticos.

Al rechazar de plano la posibilidad de imputar, acusar, enjuiciar o meramente ‘investigar’ al senador Traferri, se ve cercenado ilegítimamente el ejercicio de la acción penal, deber que ha sido atribuido a este Ministerio Público de la Acusación.

«No puede soslayarse que las exigencias institucionales en favor de la ética y la transparencia en la función pública, el combate a la corrupción pública y privada, las normas de buen gobierno, y hasta la regulación para las agencias estatales y las corporaciones empresariales de programas de integridad que apunten a prevenir delitos y reducir riesgos, han dado lugar a un nuevo paradigma en relación a las obligaciones asumidas internacionalmente por los Estados en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos», fundamentaron los fiscales ante la Corte para que declare la inconstitucionalidad de la inmunidad de proceso de la cual no goza ningún legislador del país, salvo los santafesinos.

 

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