El gobierno de Santa Fe toma posición por la clasificación de la soja como insumo de “alto riesgo” ambiental; decisión que puede cerrar la puerta al biodiésel argentino en Europa. “La UE le quiere poner un freno a las exportaciones de biodiésel de soja de la Argentina. Para Santa Fe esto sería una gran pérdida”, dijo el ministro Gustavo Puccini, al anunciar la conformación de un frente institucional y productivo.

El funcionario puso números al impacto comercial que significa esta decisión del bloque europeo: “US$ 350 millones de dólares dejaríamos de exportar de la República Argentina”. Y planteó su huella en términos productivos: “Para nosotros el biodiésel de soja en nuestra provincia es trabajo, es innovación y trae divisas al país. Por eso vamos a acompañar al gobierno nacional en la defensa de esta producción”.

Como telón de fondo, el Senado tendrá este viernes la sesión para tratar, además de la reforma laboral, el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con el Mercosur, que ya fue aprobado por Diputados, y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bruselas y la Unión Europea. Un combo que vuelve más sensible en medio de la discusión comercial.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”

Puccini adelantó la decisión del gobierno de Santa Fe a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: “La Unión Europea quiere frenar el biodiésel argentino al calificar nuestra soja como de alto riesgo. Pero en Santa Fe no nos vamos a quedar de brazos cruzados”. En ese mismo posteo, remarcó el peso específico de la provincia en la cadena exportadora: “Santa Fe es el corazón del biodiésel: el 100% de las exportaciones sale de nuestras terminales”.

Con esta estrategia, la provincia busca implementar una decisión política a través de un planteo técnico. “Conformamos un frente institucional y productivo (…) para defender lo nuestro en todos los ámbitos internacionales. Vamos a presentar un informe sólido, con respaldo legal y datos claros, ante las autoridades nacionales”, señaló el ministro, en referencia a la vía institucional adoptada.

De esta manera, Santa Fe decide intervenir “de manera institucional en el debate internacional”, aportando fundamentos técnicos ante la Comisión Europea y poniendo información estratégica a disposición “para su consideración” en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las provincias no litigan directamente ante la OMC, por lo que la provincia canaliza su planteo a través del Estado nacional, en este caso por Cancillería, con el objetivo de robustecer la postura.

Junto a Puccini, la secretaria de Comercio Exterior Georgina Losada planteó: “La decisión adoptada por la Unión Europea es arbitraria, carece de fundamento científico y base técnica (…) siendo que es un obstáculo técnico al comercio”. Y subrayó que “Santa Fe es la principal productora de biodiésel de la Argentina y el principal polo exportador. De nuestras terminales sale el 100% de lo que se exporta de biodiésel”.

La “ventana” internacional

En el anuncio Puccini recordó que “el último miércoles 18 de febrero vencía el plazo para poder inscribirse como provincia, como actor institucional, ante la Organización Mundial del Comercio y poder ser escuchados”. En ese sentido, confirmó el paso dado desde el Estado provincial: “Nos hemos inscripto como parte de un actor institucional en defensa de esta producción”.

El movimiento se formalizó mediante la Resolución Nº RES-2026-00000107, de acuerdo a la precisión que otorgó el gobierno provincial. Allí, el Ministerio de Desarrollo Productivo declaró “de Interés Ministerial” el abordaje técnico-institucional del tema y creó un Grupo de Trabajo para el Análisis Estratégico del Biodiésel, coordinado por la Secretaría de Comercio Exterior e integrado por áreas técnicas, dependencias provinciales, entidades académicas y sectores representativos de la cadena de valor.

La tarea del equipo es producir un informe técnico, económico y jurídico que evalúe el impacto de la normativa europea y formule recomendaciones. “El liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro se refleja en la decisión de avanzar con rapidez y firmeza en este frente”, afirmó Losada en la comunicación oficial, y agregó: “Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo encabezamos la coordinación técnica y política, articulando con cámaras empresarias, productores y especialistas para garantizar un planteo integral y contundente”.

Puccini lo dejó planteado como una “respuesta institucional” y volvió a destacar la respuesta: “Vamos a acercar con este documento datos, conclusiones, análisis, diagnósticos para defender a la producción de la provincia de Santa Fe”. Y cerró la idea con una frase de combate, sin eufemismos: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a ir junto al gobierno nacional, de los actores privados y productivos de la provincia de Santa Fe”.

Soja de “alto riesgo”

En el centro del conflicto está el criterio ILUC (Cambio Indirecto del Uso del Suelo) que aplica la Unión Europea: la Comisión Europea sostiene que ciertos cultivos destinados a biocombustibles podrían generar impactos ambientales indirectos y, con ese argumento, clasificó a la soja argentina como insumo de “alto riesgo”, restringiendo su uso como biodiésel dentro del mercado europeo.

Desde el sector privado, en advertencias que encabeza la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la medida es leída como arbitraria y con sesgo proteccionista ante el reclamo de los productores europeos por el acuerdo firmado con el Mercosur. En términos del gobierno provincial se plantea que “desconoce la evidencia científica y la sostenibilidad del modelo productivo argentino”, por lo que el objetivo del frente conformado es demostrar “con datos” que el biodiésel argentino implica innovación, valor agregado y trabajo.

La discusión, como se dijo, corre en simultáneo con una agenda parlamentaria cargada de señales hacia Bruselas. La sesión convocada en el Senado para esta semana al cierre de extraordinarias incluye el Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, en momentos en que el propio Iglesias remarcó ante la Comisión de Acuerdos que se trata de “una embajada de enorme complejidad” y “en un momento decisivo” por la aprobación del acuerdo entre bloques.