La diputada provincial Lucila De Ponti, del bloque Santa Fe Sin Miedo, presentó un proyecto de ley para reglamentar los mecanismos de participación ciudadana incorporados por la reciente reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. La iniciativa establece reglas claras para la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y las audiencias públicas, e incluye la creación de una Oficina de Participación Ciudadana en el ámbito de la Legislatura.

“El proyecto es para empezar a discutir cómo se ponen en práctica estos derechos que la nueva Constitución reconoce, pero que quedaron sujetos a una ley reglamentaria”, explicó De Ponti en diálogo con Rosario/12. La legisladora señaló que el texto fue elaborado junto a su equipo desde el año pasado y que ahora está siendo revisado por el resto del bloque peronista para presentarlo con firma conjunta. “Mucho del camino ya estaba trazado por la Constitución”, remarcó.

Iniciativa popular con piso bajo

Uno de los ejes centrales es la iniciativa popular, que permitiría a cualquier ciudadano u organización presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados con el respaldo del 0,2 por ciento del padrón electoral utilizado en la última elección provincial. En casos de impacto departamental o municipal, el porcentaje se calcularía sobre el padrón local.

“Le pusimos un umbral bajo, accesible, para una persona o una organización que trabaje un poco en juntar las firmas”, destacó De Ponti. La diputada comparó el esquema con el nacional: “La Constitución Nacional contempla la iniciativa popular y el plebiscito, pero casi no se usan. En el Congreso el piso de firmas es más alto y eso también dificulta que se ponga en práctica”.

El proyecto prohíbe aportes anónimos o de origen extranjero para financiar la iniciativa y obliga a detallar gastos y apoyos. Además, impide que un proyecto sea desestimado por falta de técnica legislativa y establece que deberá ser tratado en un plazo máximo de dos períodos ordinarios consecutivos. Antes del debate en el recinto, la Presidencia de la Cámara deberá convocar a audiencia pública obligatoria.

“Hoy la gente no puede presentar un proyecto si no es a través de un legislador. Esto obliga al Poder Legislativo a tratarlo, más allá de que después se apruebe o no”, subrayó.

Referéndum y plebiscito

La propuesta también regula el referéndum, que permitiría someter a votación popular la sanción, reforma o derogación de leyes provinciales. La convocatoria deberá aprobarse por mayoría absoluta de ambas cámaras y no podrá ser vetada por el Ejecutivo. El voto será obligatorio y el resultado vinculante, siempre que participe al menos el 40 por ciento del padrón.

En cambio, el plebiscito –que podrá ser convocado por el Ejecutivo mediante decreto o por el Legislativo por ley– tendrá carácter consultivo: el voto será optativo y el resultado no vinculante.

Para De Ponti, estas herramientas no deben depender exclusivamente de la voluntad de los gobiernos de turno. “Lo bueno que tienen varios de estos mecanismos es que no dependen de la decisión de un gobierno. La sociedad los puede activar por su propia voluntad”, afirmó.

Audiencias públicas desde el pie

Otro capítulo clave es el de las audiencias públicas. Además de las convocadas por el Estado, el proyecto incorpora la figura de las audiencias de requisitoria ciudadana, que podrán impulsarse con el respaldo del 0,4 por mil del padrón electoral.

“Es la misma herramienta que hoy se usa, por ejemplo, para discutir aumentos de tarifas, pero ahora tendría más rango jerárquico”, explicó la diputada. Y agregó: “Lo que no está en la Constitución y nosotros incorporamos es que también las pueda convocar la ciudadanía”.

Las audiencias deberán ser difundidas adecuadamente, contar con registro público de expositores y oyentes, transmitirse en vivo y quedar disponibles para consulta posterior. Las autoridades responsables del área involucrada estarán obligadas a concurrir y brindar la información requerida.

Una oficina para difundir derechos

El proyecto crea además una Oficina de Participación Ciudadana en la Legislatura, con la misión de asesorar gratuitamente, asistir en la presentación de iniciativas y promover el uso de los mecanismos. “Si no se difunden, la gente no sabe que existen. Por eso tiene que haber un área específica que los promueva”, sostuvo De Ponti.

La diputada recordó que la provincia era la única del país que no tenía mecanismos de participación ciudadana consagrados en su Constitución. “En otras provincias se han usado, sobre todo en temas ambientales. Acá no teníamos nada legalizado”, señaló.

En un contexto político que describió como poco proclive a ampliar la intervención social, con jefes de gobierno de estilo personalista, De Ponti defendió el espíritu de la reforma. “La participación democrática no es solo ir a votar. También es poder opinar e incidir en la definición de las políticas públicas”, afirmó. Y concluyó: “Más allá de la prioridad que le asignen los gobiernos, la sociedad va a poder hacerlo por sí misma independientemente del Ejecutivo. De eso se trata: de darle protagonismo real a la ciudadanía”.