Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación consideraron además que la intervención sería «prematura» y que trasgrediría «el principio de división de poderes» mientras el decreto se debate en el Congreso.
El Gobierno justificó la «necesidad y urgencia» del decreto
Los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre, en representación del Gobierno, remarcaron que el conjunto de medidas promulgadas en el DNU «se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria», justificaron.
La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico quien se encuentra de turno en la feria judicial.
Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro. En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.