Desde la aparición sin vida de Jeremías Monzón, el 22 de diciembre del año pasado, comenzó a circular la versión de que sus asesinos habrían registrado la terrible agresión en un video. Sin embargo, la grabación se viralizó recién a mediados de enero, cuando los tres adolescentes que lo mataron ya habían sido imputados.

El 22 de enero, tras la radicación de una denuncia por parte de la familia de la víctima, el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, comenzó a investigar de dónde surgió el video distribuido masivamente. Se trata de la grabación de la pantalla de un celular en el que, durante cuatro minutos, se reproduce cómo Jeremías fue torturado y luego asesinado.

Esta es la tercera causa judicial abierta en el marco del mismo caso. El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, investiga el crimen, y ya atribuyó la autoría del “homicidio triplemente calificado” a tres adolescentes. Sólo una, de 16 años, permanece privada de la libertad, ya que los otros dos no pueden ser juzgados debido a su corta edad.

Paralelamente, el fiscal Eric Fernández dispuso la detención del hermano de uno de los menores imputados. Fue denunciado por haber amenazado a un joven que compartió en redes sociales el reclamo de justicia por lo ocurrido a Jeremías.

Detalles

Del video viralizado surgen detalles que podrían ser claves para identificar quién lo grabó y, en última instancia, distribuyó. El registro comienza mostrando un celular apoyado sobre una superficie, que podría ser una carpeta o un mantel con flores.

El dispositivo -que se investiga a quién pertenece- tiene el protector de pantalla roto y una funda de color azul. Un dedo que está hinchado y tiene un hematoma debajo de la uña le da “play” al video en cuestión, y luego lo para segundos antes de su finalización.

En el reflejo, se observa la silueta del celular utilizado para grabar todo.

Los delitos

La investigación no sólo intentará identificar a quién grabó y difundió el registro, sino que deberá dirimir si existió o no un delito en ese accionar. En principio, sólo sería reprochable legalmente si intervino un funcionario público, tanto perteneciente a las fuerzas de seguridad como al Poder Judicial.

Esto se debe a que el Código Penal tipifica como “violación de secreto” y sanciona a quien revela información confidencial conocida por su oficio, profesión o empleo sin justa causa, causando perjuicio.

También se podría hablar de “encubrimiento” en el caso de aquellos funcionarios que hubieran tenido acceso al video y, estando obligados a denunciarlo, no lo hubieran hecho.

Por otra parte, trascendió la circulación masiva de otros registros audiovisuales de contenido sexual en los que participarían personas menores de edad vinculadas a la causa. Corresponde recordar que la tenencia y difusión de este tipo de material constituye un delito.

“Un debate muy necesario”

Consultados sobre quién podría haber filtrado el video, los abogados de la familia de Jeremías, Diego Martini y Bruno Rugna, dijeron a El Litoral que “nosotros estamos seguros de que de la Justicia no, del Ministerio Público de la Acusación no, pero no descartamos que algún personal de la autoridad investigativa lo haya hecho”.

“Este caso ha tomado a la Argentina entera por sorpresa, creemos que es un punto de inflexión, como lo han sido otros hechos que también han tenido esta magnitud”, sostuvieron.

Acerca del proyecto para bajar la edad de imputabilidad indicaron que “es un debate muy necesario” aunque solo “con eso no alcanzaría para que los delitos se dejen de cometer”.