El suicidio se consolidó en 2025 como la principal causa de muerte violenta en la provincia de Santa Fe, con 448 casos registrados, el 46 por ciento del total, por encima de los homicidios y los siniestros viales. En ese contexto, la tasa provincial alcanzó los 12,7 suicidios cada 100 mil habitantes, significativamente superior al promedio nacional de 9,8, según datos oficiales. El fenómeno impacta con mayor intensidad en jóvenes: el 45 por ciento de los casos corresponde a personas de entre 15 y 34 años, y ocho de cada diez son varones. La dimensión de estas cifras expone límites en las políticas públicas vigentes de prevención, caracterizadas por fragmentación, falta de datos sistemáticos y escasa accesibilidad a dispositivos de atención en crisis. Sobre ese diagnóstico se apoya el proyecto de ley presentado por el diputado provincial Miguel Rabbia, que propone una estrategia integral para reformular la respuesta estatal frente a la problemática.

“Hoy, en el siglo XXI, el desafío es la salud mental”, sostuvo Rabbia, al plantear un cambio de enfoque frente a un sistema que, según se desprende de los fundamentos de la iniciativa, no logra intervenir de manera oportuna ni sostenida sobre situaciones de riesgo. El legislador advirtió que la ausencia de dispositivos accesibles y permanentes limita la capacidad de contención inmediata, un factor crítico en escenarios de ideación suicida.

El proyecto establece la creación de una línea telefónica provincial gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, integrada a la red pública de salud mental. El dispositivo estará orientado a la atención en crisis, con evaluación del riesgo, contención emocional y derivación asistida a centros de salud y al sistema de emergencias 107. “La evidencia demuestra que una línea de intervención directa reduce significativamente los desenlaces fatales. Cuando el Estado está presente y escucha, las ideaciones suicidas se pueden disipar”, afirmó Rabbia.

La propuesta también prevé equipos interdisciplinarios capacitados en intervención en crisis, con formación continua y protocolos específicos para evitar el desgaste profesional. A su vez, plantea la articulación obligatoria con hospitales, centros de atención primaria y dispositivos territoriales, un aspecto que hoy aparece como una de las principales debilidades del sistema.

Otro de los ejes centrales es la creación de un sistema de información que permita registrar intervenciones, hacer seguimiento de casos y construir indicadores epidemiológicos. La iniciativa apunta a revertir lo que el propio proyecto define como un “vacío informativo”, que dificulta la evaluación de políticas y la planificación de estrategias eficaces. “Necesitamos diagnósticos precisos para construir respuestas públicas eficaces; el acceso a información actualizada es una condición necesaria para diseñar políticas que realmente protejan la vida”, señaló Rabbia.

El esquema incluye mecanismos de seguimiento activo para personas con riesgo moderado o alto, con el objetivo de reducir la reincidencia, un componente que actualmente no presenta desarrollo sistemático a nivel provincial. También incorpora la detección de factores de riesgo vinculados a entornos digitales, en línea con nuevas modalidades de exposición a conductas autolesivas.

En paralelo, el legislador impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para relevar el estado de las políticas vigentes. La solicitud apunta a conocer si existe una línea de atención en crisis, su modalidad de funcionamiento, cobertura, cantidad de intervenciones en los últimos tres años, protocolos de actuación y nivel de articulación con el sistema sanitario. Además, incluye requerimientos sobre presupuesto, campañas de prevención y dispositivos de seguimiento.

“Es urgente retomar campañas de prevención que hace mucho no se ven”, planteó Rabbia, al señalar otro de los déficits estructurales: la ausencia de políticas sostenidas de sensibilización pública. El proyecto propone instalar este componente como prioridad, con acciones dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes, el grupo más afectado según los datos disponibles.

El cuadro general que surge de las estadísticas y los fundamentos legislativos muestra un sistema que reacciona de manera tardía, con baja capacidad de anticipación y escasa integración entre niveles de atención. En ese marco, la iniciativa busca reordenar la intervención estatal a partir de tres pilares: acceso inmediato a dispositivos de crisis, producción de información confiable y campañas de prevención sostenidas.

La ley, en caso de aprobarse, deberá ser reglamentada en un plazo de 60 días y contará con financiamiento específico dentro del presupuesto provincial. Según sus impulsores, se trata de una política de alto impacto sanitario y bajo costo relativo. El trasfondo, sin embargo, es más amplio: revertir una tendencia que ubica a Santa Fe por encima de la media nacional y que expone, con cifras sostenidas, las limitaciones del esquema actual de prevención.