En la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció con tono celebratorio que habrá cambios a la Reforma Previsional para “mejorar la situación” de los jubilados provinciales.
Lo que no dijo, porque sería políticamente incómodo, es que las medidas que ahora presenta como un alivio son la reversión parcial de una ley que él mismo impulsó y que empeoró los ingresos de los pasivos.
La Reforma Previsional establecía dos puntos centrales:
-El cobro de un “aporte solidario” extraordinario a jubilados para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.
-Que los aumentos otorgados a trabajadores activos recién impactaran en los haberes de los pasivos 60 días después.
En otras palabras: descuentos directos y aumentos diferidos.
Hoy se anunció que se elimina el aporte extraordinario y se reduce de 60 a 30 días el plazo para que los incrementos lleguen a los jubilados.
No es una corrección técnica. Es una marcha atrás política. La ley fue votada por el oficialismo sin fisuras. Los legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe defendieron el “esfuerzo solidario” y aprobaron la norma en medio de un clima de tensión, con trabajadores manifestándose en las afueras de la Legislatura y con un operativo represivo que terminó con dirigentes gremiales detenidos y con causas judiciales.
Ahora, meses después, se anuncia con bombos y platillos lo que en realidad es el reconocimiento implícito de que aquella decisión fue políticamente costosa y socialmente rechazada.
No fue un error inocente. Fue una decisión deliberada que hoy se desanda parcialmente cuando el costo se vuelve incómodo.
Y lo más llamativo, los mismos legisladores que levantaron la mano para imponer el aporte y el diferimiento son los que hoy aplauden su eliminación.
