La justicia federal profundiza la investigación a ex funcionarios de la exAFIP de Rosario por direccionar licitaciones a favor de empresarios locales. El caso tiene como principales imputados al exdirector regional de la AFIP Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna; al jefe de Sección Administrativa, Carlos Ernesto Barrale; al agente y oficial de justicia, Diego Raúl Cignetti; y a los empresarios César Jorge Bsereni y Carlos Miguel Bsereni, fiduciario y apoderado del fideicomiso, respectivamente. Según la investigación, están acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal) y abuso de autoridad (art. 248), con participación necesaria (art. 45) y posibles concursos real e ideal de delitos (arts. 54 y 55).  En menos de un mes, comienzan las indagatorias.

En 2010, la Afip Santa Fe funcionaba en un inmueble ubicado en calle San Luis  2771, que había quedado realmente chico para las necesidades de funcionamiento del organismo recaudador. Frente a esta situación, comenzó a tramitarse un proceso licitatorio, en busca de un nuevo edificio que brindara mejores condiciones de trabajo. Hubo dos oferentes. Entre ellos, el Fideicomiso La Plaza, que ofrecía un edificio sobre calle Salta que ni siquiera estaba terminado. Según los fiscales federales que llevan la causa, los responsables de Afip Santa Fe comenzaron a direccionar el procedimiento para beneficiar a este fideicomiso, planteando todas las condiciones posibles como para que este inmueble se termine adaptando a los requerimientos estructurales y de servicios del organismo recaudador.

De los chats surge que existieron fuertes intervenciones de Vaudagna ante los responsables de la exAfip a nivel nacional, para que la sede local terminara funcionando en este edificio de calle Salta, convirtiéndose en una suerte de negociador a favor del Fideicomiso La Plaza

La maniobra investigada se inició con la licitación 05/2010, dirigida por Vaudagna y Barrale, cuyo pliego contenía una cláusula “a medida” que habría favorecido al Fideicomiso La Plaza. Pese a que el edificio de calle Salta 2771 no contaba con habilitación municipal al momento de la adjudicación, el contrato fue firmado en 2013 por un monto total de $7.128.000.

Posteriormente, en la licitación 07/2015, se mantuvo la relación con el mismo grupo empresario pese a las irregularidades detectadas. Aunque el proceso se declaró formalmente “fracasado”, la AFIP continuó abonando los alquileres mediante el mecanismo de “legítimo abono”, una figura excepcional utilizada de manera reiterada para sostener el vínculo contractual.

Entre las evidencias incorporadas a la causa figuran mensajes de WhatsApp entre Vaudagna y Cignetti, intercambiados entre 2014 y 2017, en los que se hace referencia a “sobres”, “llevar algo” y se exhiben fotografías de dinero en efectivo. En otras conversaciones se discuten detalles sobre licitaciones, presiones políticas y montos de alquiler, lo que para el fiscal confirma una coordinación directa entre funcionarios públicos y empresarios privados.

Además, se incorporaron pericias sobre celulares, documentación interna de la AFIP y expedientes administrativos, que darían cuenta de un esquema planificado para beneficiar al fideicomiso en la adjudicación y renovación de contratos.

En su dictamen, el fiscal interviniente sostuvo que hubo un direccionamiento deliberado para beneficiar al Fideicomiso La Plaza. Según el funcionario, los implicados utilizaron sus cargos públicos para obtener ventajas económicas indebidas, mientras que los empresarios participaron activamente para concretar y mantener el negocio.

El informe también señala que la relación irregular se habría extendido hasta la actualidad mediante pagos excepcionales, pese a las observaciones administrativas y judiciales.

La causa continúa en etapa de instrucción y los cinco imputados fueron citados a declaración indagatoria en los próximos días. Se espera que, una vez completadas las pericias contables y testimoniales, el Ministerio Público Fiscal defina si solicita el procesamiento de los involucrados.

Vaudagna y Cignetti serán indagados el 25 de noviembre; César y Carlos Bsereni, el 2 de diciembre; y Barrale, el 9 de diciembre. El pedido de indagatoria para los acusados, lleva las firmas de los fiscales federales Roberto Salum, Walter Rodríguez, Esteban Venditti, Milagros Traverso y Juan Agustín Argibay Molina.