El conflicto entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y los gremios estatales volvió a escalar este jueves con una jornada de protesta que se extendió a los 19 departamentos de Santa Fe. Docentes públicos y privados nucleados en Amsafé y Sadop, junto con los profesionales de la salud de Siprus, realizaron ruidazos y banderazos para rechazar el decreto mediante el cual el Ejecutivo dio por cerrada la negociación salarial del segundo semestre sin alcanzar un acuerdo paritario.

Las organizaciones sindicales exigieron la reapertura inmediata de la discusión y anticiparon la continuidad de un plan de lucha, además de una presentación ante el Ministerio de Trabajo por presunta violación de la Ley de Paritarias.

En Rosario, una de las principales concentraciones se realizó al mediodía en la esquina de Oroño y Córdoba, mientras otras cinco manifestaciones se desarrollaron en distintos puntos de la provincia. La modalidad se replicó de manera simultánea con una consigna común: cuestionar el cierre unilateral de la negociación salarial y defender el funcionamiento de la paritaria como ámbito obligatorio de negociación colectiva.

El secretario general de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, sostuvo que el Gobierno incumplió la legislación vigente al resolver por decreto una negociación cuya propuesta había sido rechazada por los trabajadores. “La primera exigencia nuestra es la convocatoria a la paritaria”, afirmó, y señaló que la normativa obliga al Ejecutivo a continuar negociando cuando la oferta oficial no obtiene aceptación sindical. El dirigente también cuestionó la difusión oficial sobre el incremento salarial. Según explicó, el aumento efectivo no alcanza el porcentaje anunciado por la administración provincial. “Cortémosla con esto del 15 por ciento. El aumento real es del 10,1 por ciento, en cuotas hasta fin de año, y los jubilados recién lo terminarán de cobrar en febrero”, sostuvo.

Amsafé anunció además que presentará una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo al considerar que el Ejecutivo actuó con “mala fe” durante el proceso paritario. Alonso afirmó que la oferta salarial fue difundida públicamente antes de ser debatida en la mesa de negociación y que luego el Gobierno decidió clausurar la discusión sin convocar a una nueva instancia de diálogo.

En Rosario, el secretario general de Amsafé, Roque Jaimes, vinculó el conflicto salarial con un deterioro más amplio de las condiciones laborales y del vínculo institucional entre la gestión provincial y los trabajadores de la educación. Señaló que desde el inicio del actual gobierno las negociaciones salariales se resolvieron mayoritariamente por decreto y afirmó que la propuesta rechazada por la docencia no responde a la pérdida del poder adquisitivo.

Jaimes sostuvo además que el malestar excede la discusión salarial e incluye el funcionamiento del sistema de licencias, la política de presentismo, la situación de la obra social provincial y la falta de inversión en el sistema educativo. “No es sólo lo económico; hay un humor social dentro de la docencia adverso hacia el gobierno”, afirmó durante la protesta.

Desde Sadop Rosario, el secretario general Martín Lucero sostuvo que el cierre de la negociación por decreto constituye una decisión política orientada a consolidar una política salarial por debajo de la inflación. “Pullaro aumenta por decreto porque tiene decidido, desde el comienzo de su gestión, que los aumentos de sueldo estén por debajo de la inflación. No busca la pacificación social ni resolver el conflicto; busca consolidar una política de ajuste sobre los trabajadores del Estado”, expresó.

El dirigente recordó que durante la campaña electoral el actual gobernador había comprometido la restitución de las “paritarias libres” y de la cláusula gatillo como mecanismo automático de actualización salarial. “Hizo campaña prometiendo paritarias libres y cláusula gatillo, y termina cerrando las paritarias por decreto y por debajo de la inflación. Es exactamente lo contrario de lo que prometió”, afirmó.

Lucero vinculó además esa política salarial con una estrategia de administración de los recursos provinciales. Según sostuvo, la reducción del gasto en salarios y jubilaciones permite financiar partidas destinadas a la ejecución de obras públicas que dejaron de recibir aportes nacionales. También cuestionó que el Ejecutivo priorice el enfrentamiento con los trabajadores estatales antes que reclamar mayores recursos al Gobierno nacional.

El conflicto sumó también a los profesionales de la salud nucleados en Siprus. Su referente, Jerónimo Ainsuaín, cuestionó que la propuesta salarial para el segundo semestre resulte inferior a la otorgada a otros sectores de la administración pública y denunció la eliminación de los adicionales específicos incorporados durante la primera mitad del año. “La propuesta para este semestre es menor que la del resto de los estatales. A principio de año el Gobierno dijo que valoraba a los profesionales de la salud, pero ahora la oferta no contempla ninguna jerarquización ni los adicionales específicos”, señaló.

La protesta de este jueves marcó el inicio de una nueva etapa del conflicto entre el Ejecutivo provincial y los gremios estatales. Mientras el Gobierno dio por concluida administrativamente la negociación mediante el decreto, los sindicatos sostienen que la discusión permanece abierta y anunciaron que combinarán la vía judicial y administrativa con nuevas movilizaciones para exigir la reapertura de la paritaria.