El presidente de la Unión Internacional de Magistrados y juez del Tribunal de Justicia de Sao Paulo (Brasil), Walter Barone, afirmó en Rosario que reducir la edad de los jóvenes que pueden ser imputados en causas penales no resuelve el problema criminal. “No es que bajar la edad vaya a resolver el problema”, sostuvo sobre la medida legal que se implementó en Argentina desde hace diez días. “Yo diría que no se puede decir que es una solución que resuelva el problema de la criminalidad”, abundó.

Barone, juez brasilero y titular de la UIM, estuvo este lunes en el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la 2da Circunscripción. Es decir, en la casa de los jueces rosarinos. Ya conocía la ciudad, porque estuvo en ocasión de las amenazas sufridas por el juez de instrucción Juan Carlos Vienna, que llevó a juicio por primera vez a la banda criminal Los Monos.

Consultado sobre la aplicación de la ley que redujo la edad de imputabilidad de los menores a 14 años en materia penal, impulsada por el Gobierno nacional y con el apoyo explícito de la administración santafesina, el magistrado puntualizó que “es una decisión política de cada país y de cada población, la ciudadanía debe opinar y llegar a la conclusión de lo que sea mejor para el país”.

Sin embargo, el juez agregó que de acuerdo a su experiencia “diría que no hay una solución única en ese tema”. En esa línea, señaló que “el problema que involucra el cambio de la mayoría de edad penal es que en muchos países la criminalidad está muy asociada a cuestiones sociales. Entonces, no es que bajar la edad vaya a resolver el problema”.

Barone dijo que el de la penalización de conductas de menores “es un tema muy importante” que se discute en muchos países y que, “por otra parte, es muy polémico”. En algunos casos, el debate incorpora una mirada de cambios en la idea de minoridad o infancias propias de los cambios “de la vida moderna” en ese segmento etario.

Presiones y amenazas

Por otra parte, el magistrado señaló que para la judicatura “en Latinoamérica en general los principales problemas son los intentos de interferir en la independencia judicial”. Explicó que ese concepto significa “que el juez pueda fallar, pueda decidir conforme solamente a la ley, a la Constitución, sin interferencias externas” de los poderes políticos, económicos o criminales, en el caso de las amenazas.

“En Latinoamérica lamentablemente tenemos casos en varios países de intentos de interferencia en esa actividad y en sociedad en general. Por ejemplo, por el uso abusivo o indebido de procedimientos disciplinarios, que están basados en el contenido de las resoluciones de los jueces y eso no debería pasar, porque los procedimientos disciplinarios sí que deben existir, pero están previstos para otras situaciones de conductas indebidas de los jueces y juezas, y no para servir como una especie de otro recurso contra las decisiones”, abundó el especialista.

“Cuando uno no está de acuerdo con un fallo -recordó- hay mecanismos internos del sistema de justicia, las apelaciones, para discutir si es correcta o no la decisión”. Además, Barone explicó que “otra manera de interferir también son, o intentar presionar, los ataques, las amenazas a la seguridad personal de jueces y sus familias”.

“Yo mismo estuve acá hace años en ocasión de colegas que estaban sufriendo amenazas, especialmente los que estaban encargados de un proceso que involucraba a una pandilla de narcos llamada Los Monos”, recordó el juez brasilero acerca de aquél episodio que derivó en un acto de abrazo a Tribunales.

“Ahí hay un claro riesgo a la independencia judicial. Puede pasar que él piense, bueno, si voy a decidir de esta manera, qué consecuencias personales voy a sufrir. Y eso no puede pasar”, sostuvo.

–Esas interferencias que usted menciona en los procesos judiciales o en las resoluciones de los magistrados, ¿provienen del poder político, del poder económico?

–Hay de todo. Muchas veces viene del poder político en algunos países. Hay esos intentos que parten desde el poder político, sea del Poder Ejecutivo, sea del Poder Legislativo, incluso con proyectos de ley de reforma judicial, cambios en la ley para interferir en el funcionamiento de la justicia. Y eso no pasa solo en Latinoamérica, también pasa otros países también, en otras partes del mundo.