Justicia

La camararista penal Carina Lurati refutó al Ejecutivo con números

Una justicia en actividad

La magistrada señaló que hubo más de 100 audiencias en días hábiles y 19 en fines de semana. «Los límites están en la ley».

 

La camarista penal Carina Lurati salió con números «reales y oficiales» a responder las críticas del Ejecutivo provincial sobre la tarea del Poder Judicial durante la feria de enero. «El ciudadano está siendo objeto de una confusión enorme; pero es más fácil pegarle a los jueces que decir la verdad», reprochó sobre el planteo del gobierno provincial, que responsabiliza a la Justicia por hechos de violencia de un enero sangriento, con 14 homicidios en dos semanas. La magistrada aseguró que «los límites (de las decisiones de los jueces) están en la ley». Y aclaró que hasta el 18 de enero hubo 142 audiencias en primera instancia; y 13, en Cámara. En ese sentido, recordó que el sistema judicial está conformado por la Fiscalía, la Defensoría y los jueces. «Son los fiscales quienes hacen la investigación y nos traen las causas a los jueces. Ahora, sería fuera de la ley dejar presas a todas las personas detenidas, por criterio policial, sin que pasen por el criterio legal», señaló. También dijo que se emitieron el 100 por ciento de los pedidos de medidas como allanamientos e intervenciones. Y retrucó: «Ahora se preocupan por los jueces, cuando hace dos años trabajamos con 13 cargos vacantes» de magistrados.

La voz de la jueza de Cámara se sumó ayer para enfrentar la seguidilla de acusaciones que el Ejecutivo hace desde principios de mes al Poder Judicial. Incluso, ayer el gobernador Miguel Lifschitz se reunió con el equipo de Seguridad a pedir explicaciones por la ola de hechos de violencia; y tras el encuentro, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, volvió a cuestionar la tarea de la Justicia.

Las quejas del Ejecutivo radican en la feria judicial de enero, cuando se modifica la actividad. Con números que «demuestran absolutamente lo contrario», Lurati salió al cruce. «Hasta ayer, se hicieron más de cien audiencias en días hábiles; y 19, en días no hábiles. Hubo 86 audiencias imputativas (por hechos nuevos)», dijo. Al hablar de la reducción de personal, aclaró que durante esta época se trabaja solo la parte de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), y no la parte de audiencias preliminares al juicio o el debate propiamente dicho. «Lo que más nos importa es que la gente sepa que el Tribunal no cierra por vacaciones, sino que el fuero penal funciona igual que durante todo el año, ante el delito cometido durante la feria. El delito que se comete en feria tiene el mismo tratamiento. Eso se tiene que explicar porque se tergiversó el sentido de la feria sosteniendo que esta época tiene que ver directamente con la situación de inseguridad; y diciendo que por ser menos, los jueces no están atendiendo las medidas investigativas de la Fiscalía y la Policía. La gente tiene que saber que la Justicia es un servicio del Estado y por eso tienen que conocer cómo funciona».

En ese sentido, recordó que el nuevo sistema penal tiene «tres patas: el Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía), la Defensoría y el juez. El que investiga es el fiscal, que se vale de la policía. Todas las medidas investigativas parten del MPA. Solo requiere del juez cuando constitucionalmente necesita invadir una propiedad o la privacidad (allanamientos o intervenciones telefónicas). Los registros de la Oficina de Gestión Judicial muestran que todos los pedidos de allanamientos y otras medidas (53), solicitadas por fiscales en feria, fueron atendidos y ordenados en un cien por ciento; mientras que el Poder Ejecutivo dijo que no fueron mirados porque no hay jueces y nadie le dio curso».

La respuesta fue más allá: «En ningún momento se dejó de lado una audiencia, porque tenemos un sistema por el cual cuando los jueces de Rosario no dan abasto piden uno del interior para que colabore, cosa que se solicitó el jueves al juez Juan José Tutau; y en caso de no ser suficiente hay una suerte de banco de suplentes. Pero esto no hizo falta. No hubo disminución, ni afectación para el ciudadano en el servicio de Justicia, de parte de los jueces, que trabajan ante pedidos de la Fiscalía o de la Defensa. Cada pedido tuvo su correspondiente respuesta», aclaró.

Con respecto a la legislación vigente, Lurati aclaró que «en Argentina hay una limitación en la pena que se le puede imponer a una persona, según el delito que cometió: por un robo o por un hurto, no se puede condenar a alguien hasta que se muera. Los casos son distintos». Y señaló que «si hay una captura, se supone que hay datos de inteligencia sobre el ámbito y relaciones de la persona buscada». Y sobre personas sentenciadas, dijo: «Hay quienes tuvieron ingreso a la Justicia y quizás resultan absueltos porque no hay pruebas; o tal vez fueron condenados por un delito menor, y algún día tiene que salir, porque cumplió. Los jueces no liberan porque se les da la gana, hay un límite legal».

Sobre las detenciones que hace la policía, la jueza dijo que «en primera instancia son analizadas por la Fiscalía. La policía puede detener por hechos que no son delito, o por una captura, en la que lo único que tenía que hacer esa personas era comparecer para notificarse de una resolución y luego quedar en libertad. También decide cuáles de esas detenciones va a audiencia imputativa (ante un juez). Es una decisión de la Fiscalía y cuando se lo lleva al juez, decide el juez. Pero sería un Estado policial, fuera de la ley, quedarse con el criterio policial de dejar a todos detenidos. Habría que eliminar al MPA y a los jueces y quedarnos con las detenciones policiales. Si nos quedamos con el criterio policial, sin someterlos al criterio legal (de varias instancias), sería un planteo que quedó atrás, en la época del proceso», enfatizó la jueza.

Lurati fue crítica al hablar de los cargos de jueces. «Estamos con 13 vacantes de jueces, hace dos años. Hay presupuestados 10 jueces más, que durante dos años no le preocuparon al Ejecutivo y hoy le preocupan los jueces en la feria», dijo. «No estoy haciendo una defensa de la feria, porque es un tema administrativo. Nosotros prestamos un servicio y la gente tiene que saber que estamos trabajando del mismo modo que durante todo el año. Cada medida pedida por el acusador fue otorgada». Para la jueza, «es terrible que parezca que no se puede detener a una banda (dijo sobre la disputa entre los Camino y los Funes, en zona sur, que dejó varias víctimas fatales en los últimos días) que sale a matar gente porque el juez no está. El juez estuvo cada vez que el fiscal lo pidió».

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