La Convención Reformadora inicia su última semana de trabajo, que consiste en la revisión del texto constitucional aprobado con la meta puesta en el viernes 12 de septiembre, cuando los convencionales y autoridades políticas de la provincia juren la nueva Carta Magna santafesina. Sin embargo, algunos sectores vienen manifestando cierta disconformidad con algunas reformas propuestas que no fueron incorporadas, o “sabor a poco” por entender que se perdió una oportunidad de avanzar en cambios más profundos. Dentro de ese universo se inscribe la Mesa del Orgullo Santa Fe, quien planteó la “invisibilización” de la diversidad sexual y la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, que vienen batallando para evitar que la redacción refuerce “estereotipos sexistas”. En materia ambiental, desde la organización El Paraná no se toca celebraron algunos avances logrados, pero entienden que quedó una “deuda fundamental” por el no reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Los pueblos originarios también lograron un reconocimiento histórico, pero parte de sus demandas quedaron a mitad a camino.

La sesión de este sábado –que continuó a la del viernes luego de un cuarto intermedio– aprobó los dictámenes surgidos de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Con esa etapa finalizada, no es mucho lo que queda a la Convención Reformadora, que entra en su última semana de trabajo. Este lunes, la Comisión Redactora sesionará en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), para empezar a delinear la redacción final. Al día siguiente, iniciará un proceso de lectura de todas las modificaciones, que finalizará con su aprobación definitiva. El viernes 12 será el acto de jura, que se proyecta en la explanada de la Legislatura santafesina y del que participará gran parte del ecosistema político provincial.

Con el final del proceso, los distintos espacios políticos comienzan a realizar balances de lo que deja la experiencia reformista. También las diversas organizaciones sociales y civiles, que fueron invitadas a participar de la Constitución, pero entienden que sus propuestas no fueron contempladas, o al menos, no en su totalidad. Por este tema hubo diversos comunicados y actividades en los últimos días, con la intención -y la esperanza- de poder impulsar modificaciones en la última semana de la reforma.

Diversidad sexual

El pasado jueves, cuando la Comisión Redactora se reunió para analizar el dictamen surgido de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, la Mesa del Orgullo de Santa Fe concentró frente a la Legislatura, con un reclamo puntual: que se amplíe el concepto de “diversidades” en el nuevo artículo que se incorporará en relación a las medidas de acción positiva de la nueva Constitución. El pedido de la organización apuntaba a que se reconozca “el derecho a la no discriminación a las personas LGBT+”, pero finalmente eso no ocurrió.

“Sabemos que hubo una gran resistencia de determinados sectores por este tema. Las posturas en el oficialismo eran variadas y, entendemos que por una cuestión de no romper acuerdos, esto no se terminó contemplando”, explicó Facundo Santos, integrante de la Mesa del Orgullo de Santa Fe. “Esto demuestra que sigue haciendo falta gente que sea protagonista de las problemáticas que se tratan, para que nos defiendan a capa y espada y que no sea tan fácil negociarnos. Faltó gente que, como nosotros y nosotras, sepa lo que es vivir siendo de la comunidad LGBT, con el recrudecimiento de la violencia hacia nuestro colectivo”.

Según un relevamiento de la Federación Argentina LGBT, entre enero y junio se documentaron cien nuevos crímenes de odio, lo que significa un aumento del 70% en relación al 2024. “Es una herramienta más para pelear por las políticas públicas que necesita nuestra comunidad”, remarcó Santos. Y agregó: “Cuando hay casos de violencia, como los que solemos vivir por ser homosexuales, el reconocimiento Constitucional es una herramienta fundamental a la hora de tener un veredicto positivo en la Justicia. Y sobre todo para que quienes nos violentan, sepan que hay una Constitución en nuestra provincia que nos ampara y que no va a ser gratuito que nos violenten, que es lo que venimos viendo”.

Lenguaje inclusivo

También esta última semana distintas organizaciones feministas se pronunciaron con un reclamo concreto: que la Comisión Redactora cambie el nombre de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por la denominación “Cámara de Diputados y Diputadas” y “Cámara de Senadores y Senadoras”. La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, la Mesa de Mujeres por la Paridad de Santa Fe, la organización Ojo Paritario, y la Colectiva Feminista Federal hicieron públicas las cartas enviadas al presidente de la comisión, Joaquín Blanco, para que se contemple ese aspecto. Hasta el momento no ocurrió, pero no pierden las esperanzas que se incorpore esta última semana.

Desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario remarcaron la importancia de la utilización del lenguaje inclusivo en cuanto al género “como una herramienta relevante” para avanzar en la igualdad entre varones y mujeres, y el respeto de todas las personas independiente de su orientación sexual o identidad de género. “Es importante no reforzar estereotipos sexistas. Este es un debate que aspiramos que se resuelva en un sentido positivo”, dijo Silvia Augsburger, referente de la organización.

La dirigente reconoció que la Convención Reformadora avanzó en algunos aspectos vinculados a la igualdad de género, pero lamentó que otras demandas quedaran atrás. “Desde la asamblea planteamos la necesidad de la paridad en los tres poderes del Estado y esto ha quedado solo como una declaración de principios en las acciones positivas”, expresó.

“También la Educación Sexual Integral (ESI) para nosotros era una necesidad fundamental. Tenemos una ley del año 2006 en el orden nacional que es aplicable para todo el país, que ha mostrado ser el instrumento más importante para evitar la violencia sexista y los abusos sexuales infantiles. Eso tampoco quedó plasmado”, agregó.

Derechos de la naturaleza

Por su parte, las distintas organizaciones ambientalistas que conforman el espacio “Por una Constitución ecosocial para Santa Fe” también realizaron un pronunciamiento público durante el tramo final de la Convención. Por un lado, reconocen y celebran la incorporación del derecho al ambiente y el derecho al agua, que fueron aprobados en la sesión del sábado. Sin embargo, entienden que la nueva redacción dejará una deuda fundamental: el no reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

“En relación a cómo estábamos, reconocemos algunos avances que son importantes. Pero nos falta este último gran elemento, que son los derechos de la naturaleza en la Constitución. Lamentablemente eso no se contempló y creemos que es una oportunidad histórica que nos estamos perdiendo”, evaluó Jorge Bártoli, de la organización ambiental El Paraná no se toca.

El dirigente consideró que no se trata de un concepto nuevo: “Hay muchas constituciones y legislaciones que avanzaron en ese sentido. Imaginábamos que era una excelente oportunidad para que Santa Fe fuera pionera en el país en este aspecto. Por eso lo lamentamos y nos queda gusto a poco”.

Bártoli remarcó que, desde el inicio de la Convención, las organizaciones ambientalistas comenzaron a delinear una serie de propuestas “tan ambiciosas como realistas”, que luego fueron acercadas a distintos espacios políticos.

“En ningún momento nos planteamos cuestiones utópicas. Trabajamos sobre realidades, por eso creemos que este punto que queda afuera hubiese sido trascendental”, expresó y agregó: “Pero esto no queda acá. Seguramente venga un debate por la autonomía municipal y la elaboración de la carta orgánica. Vamos a insistir con estos planteos referidos al ambiente, con toda esta experiencia en nuestras espaldas”.

Preexistentes y persistentes

Al finalizar la sesión de este sábado, los pueblos originarios de la provincia celebraron un hecho histórico: la nueva Constitución reconocerá “la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y sus comunidades” como una de las medidas de acción positiva.

“La palabra ‘persistencia’ integrada a la de preexistencia es una innovación constitucional, casi única en el derecho constitucional latinoamericano”, destacó Daniel Naporichi, uno de los referentes de la agrupación “Comunidades Constituyentes”, que nuclea a los distintos pueblos originarios que militaron sus demandas en el debate constitucional.

En ese marco, si bien celebran el “paso adelante” también lamentaron que otras propuestas presentadas no hayan sido contempladas. Por un lado –y en sintonía con las organizaciones ambientalistas– planteaban el reconocimiento de la naturaleza y sus ecosistemas como sujetos de derecho, con la consecuente protección de los intereses difusos para actuar jurídicamente en su representación. “Las comunidades preexistentes y persistentes son los primeros guardadores de las riberas e islas, montes, humedales, lagos y lagunas”, destacaron desde la organización.

Otro de los planteos que no fue escuchado fue el pedido para que la provincia asuma “la histórica influencia de una brecha cultural que imposibilita el ejercicio pleno de los derechos”, con el objetivo de avanzar hacia una integración pluricultural y plurinacional. “Seguiremos peleando la inclusión de estos aspectos en el plano legislativo”, adelantó Naporichi.