Este jueves se concretó en Córdoba la reunión de los gobernadores de la Región Centro. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) compartieron reclamos al presidente Javier Milei por el impacto del ajuste en las provincias: apuntaron contra el freno en la coparticipación y la deuda que la Nación mantiene con las cajas de jubilaciones. Sin embargo, el planteo parece más una puesta en escena que un reclamo real, especialmente teniendo en cuenta que al menos uno de ellos —Frigerio— ya es parte de la alianza política del oficialismo libertario de cara a las elecciones de octubre.

En paralelo, el intendente de Arroyito, una ciudad cordobesa de poco más de 30.000 habitantes, dejó una reflexión incómoda: señaló que muchos votantes reclaman al Estado mejoras en servicios básicos, pero al mismo tiempo acompañan con su voto a una gestión nacional que impulsa el desmantelamiento del propio Estado. La contradicción, dijo, atraviesa a buena parte del electorado y evidencia una fractura entre demandas sociales y representación política.

Mientras tanto, continúa el avance del plan de ajuste a nivel nacional. Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la resolución que da vía libre a la privatización del Belgrano Cargas, uno de los sistemas estratégicos del transporte ferroviario argentino. Con esta medida, el gobierno nacional da un nuevo paso en su política de recorte, sumando al ferrocarril de cargas a la lista de áreas del Estado en proceso de desguace.

El Belgrano Cargas es clave para el movimiento de producción agrícola e industrial en el norte y centro del país. Su privatización no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que también debilita las capacidades logísticas de sectores productivos que dependen del transporte ferroviario para exportar o distribuir su producción.

Lejos de mostrar señales de diálogo o revisión, el Ejecutivo nacional avanza con su hoja de ruta sin contemplar el impacto federal de sus decisiones. En este escenario, las tensiones entre Nación y provincias se combinan con un panorama económico cada vez más precario para las regiones del interior, que ven cómo se reduce su margen de acción ante una gestión que centraliza decisiones, pero descentraliza el costo del ajuste.