La Iglesia volvió a marcar su postura contra el proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia. En una carta dirigida a los diputados santafesinos, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario pidió “claridad” en el debate y recordó que la problemática contempla “situaciones profundamente distintas que no pueden recibir el mismo tratamiento”.

El mensaje también pide no ignorar el contexto social, marcado por el desempleo y la informalidad, y remarca la necesidad de contemplar un abordaje que incluya asistencia social y programas de inserción laboral. “La iglesia nunca está de acuerdo con ningún delito. El problema que vemos es que se empieza por prohibir todo y, por una minoría que suele acudir a la violencia o los aprietes, se restringe un ingreso de personas que están en la calle justamente por necesidad”, evaluó Fabián Monte, referente de la Pastoral Social de Rosario.

La normativa que se debate en la Legislatura fue impulsada por el senador de Rosario, Ciro Seisas, y en líneas generales busca prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la provincia. La iniciativa cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y el debate ahora se trasladó a Diputados.

Ante el avance legislativo, la Iglesia -que ya se había pronunciado sobre el tema- volvió a sentar su posicionamiento con una carta dirigida a los diputados, donde plantean una serie de inquietudes sobre las consecuencias del proyecto para un sector de la población que encuentra en esa actividad la posibilidad de generar unos pesos, en un contexto económico complejo.

En ese marco, la Pastoral Social de Rosario plantea que el proyecto debate “situaciones profundamente distintas que no pueden recibir el mismo tratamiento”. Por un lado, la situación de personas que, ante la necesidad, ofrecen de manera libre un servicio, como lavar o limpiar un auto, a cambio de una contribución voluntaria. “Esto no es otra cosa que el ejercicio básico de la libertad de trabajo y de contratación. Penalizar esta conducta implica avanzar sobre prácticas que, en sí mismas, no generan daño”, sostiene el documento.

Mientras que, por otro lado, reconocen la existencia de personas que incurren en amenazas, coerción o aprovechamiento de la vulnerabilidad. “En esos casos, no hay duda: corresponde la intervención del Estado y la sanción. Pero justamente por eso debemos ser precisos: no todo es lo mismo”, expresa el documento.

“Si no distinguimos, corremos el riesgo de cometer una injusticia mayor: tratar igual al que trabaja en condiciones precarias que al que extorsiona”, se añade. La carta fue remitida la semana pasada, pero el contenido se hizo público ayer.

“Tenemos que distinguir situaciones que son distintas. Una es la de personas que ejercen este trabajo, a cambio de una propina. Eso es una actividad que, en todo caso, hay que ordenar, legislar y acompañar, pero no prohibir. Y lo otro son situaciones de extorsión y violencia, que en general responden a grupos más organizados”, evaluó Monte en diálogo con Rosario/12.

“La iglesia nunca está de acuerdo con ningún delito. El problema que vemos es que se empieza por prohibir todo y, por una minoría que suele acudir a la violencia o los aprietes, se restringe un ingreso de personas que están en la calle justamente por necesidad”, completó.

Contexto social

El mensaje de la Iglesia también ahonda en la necesidad de contemplar una realidad “atravesada por el desempleo y la informalidad” que empuja a muchas personas a esa actividad como modo de subsistencia.

“No están ahí por elección vocacional, sino por falta de alternativas. Y frente a eso, la respuesta del Estado no puede ser, en primer lugar, la sanción”, describe la carta. Al mismo tiempo, remarca que la prohibición por sí sola no resuelve el problema: “Sin control real, ninguna norma funciona. Y sin políticas sociales, ninguna prohibición es justa”.

Por otra parte, el escrito señala que muchas de las conductas que se le atribuyen a un sector de los cuidacoches ya están tipificadas como delito. “Entonces, ¿qué es lo nuevo que introduce este proyecto?: la criminalización de conductas que no implican daño. Y eso merece, al menos, una reflexión profunda”, expresa y agrega: “Más aún cuando sabemos que los casos delictivos vinculados a esta actividad son un ínfimo porcentaje. No parece razonable, entonces, responder con una prohibición generalizada”.

Por último, el mensaje de la Iglesia a los diputados insiste en poner el foco en las organizaciones que sí generan violencia y, en paralelo, pensar alternativas en torno a la inclusión. “Si se avanza en algún tipo de restricción, debería hacerse de manera gradual, con un período de transición, con un relevamiento serio y con políticas públicas ya en marcha. Empezar por prohibir y después ver qué hacer es, claramente, empezar al revés”, apunta.

“Este no es un debate sobre ‘trapitos sí o no’. Es un debate sobre cómo el Estado distingue, cómo regula y cómo responde frente a la vulnerabilidad”, finaliza la carta.

“Prohibir todo”

Monte también remarcó que la prohibición de los cuidacoches no va a significar la extinción del problema de fondo. “Lo que desde la Pastoral nos preguntamos en la carta es a dónde van a ir esas personas. Hablamos de un universo de la población que está marcado por problemas económicos y, en algunos casos, problemas de consumo y salud mental. Por eso decimos que debe haber un trabajo gradual y también elaboramos algunas propuestas”, explicó.

Entre ellas, la instrumentación de un censo y un posterior registro, acompañado de capacitaciones y políticas de asistencia social.

Por último, el párroco celebró el debate y aseguró que la Iglesia está a disposición de los legisladores para llevar su mirada sobre el tema. “Nosotros planteamos nuestra visión atendiendo la necesidad de los más vulnerables y excluidos, que son la mayoría de las personas que se hacen estas changas. Nosotros decimos que ya existen sanciones para quien amenaza, rompe el auto o ejerce la violencia. El proyecto busca prohibir todo y eso implica extender la sanción a conductas que no implican daño”, finalizó.