En cada 24 de marzo, pero particularmente en este, donde se cumplen cincuenta trágicos años del inicio del golpe cívico-militar, la pregunta sobre la construcción de la memoria irrumpe en el escenario social y político con urgencia.

No solo por su vínculo con el pasado sino por el modo en que esa pregunta interpela al presente. Las múltiples aristas que la memoria despliega y la enorme cantidad de preguntas que abre en esta época trazan un imperativo fundamental. Si nombrar al mundo, tanto ayer como hoy, es intervenir sobre él, establecer jerarquías, definir qué es aceptable y qué no, ¿es posible pensar la memoria como práctica y no solo como discurso?

La respuesta es sí, una afirmación que la convierte en archivo de materia viva, en proceso de reflexión constante. Porque la memoria es práctica y discurso que, como siempre nos marcaba Horacio González, resiste la banalización del pasado pero también propone un reordenamiento en épocas de crisis. Pretender vaciarla de sentido, y de las pasiones que permitan volver a imaginarla y revitalizarla, no es casual.

Bajo la gestión de Javier Milei, observamos con preocupación cómo actores políticos centrales del oficialismo siembran cotidianamente el odio y el negacionismo. No se trata de “excesos” retóricos; entraña una decisión política gravísima materializada en la desarticulación de políticas de derechos humanos, en el desfinanciamiento de los Sitios de Memoria y en la reactivación de marcos interpretativos que relativizan el terrorismo de Estado.

Es innegable la preocupación, la tristeza y el desasosiego en un país, y en un mundo, donde ciertas tramas parecen a punto de quebrarse bajo el peso de la crueldad. Porque la ruptura de la institucionalidad ya no se presenta necesariamente con tanques en la calle: puede avanzar de maneras más difusas, a través de la degradación del lenguaje público, la deslegitimación de las instituciones y la naturalización del odio como forma de hacer política. Y también, lamentablemente, en los modos de vincularnos hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras negando cualquier atisbo de humanidad.

La saturación del espacio público con narrativas que naturalizan la crueldad busca, en última instancia, que la sociedad acepte como “evidencia” la idea de que los derechos son privilegios eliminables. Les quita el barro, la pasión, la herencia, pretende borrar la historia y las huellas de quienes con su lucha posibilitaron un presente democrático que aún con sus fisuras, constituye la piedra basal para avanzar hacia el futuro. Y sobre todo, les quita esa pertenencia colectiva tan necesaria para seguir luchando por otros mundos posibles aún en épocas donde arrecian nuevas formas del horror.

Sin embargo, allí donde el discurso oficial intenta avanzar (reinstalando, por ejemplo, la anacrónica y peligrosa teoría de los dos demonios), la sociedad argentina mantiene una comprensión plena del plan criminal de la dictadura. Porque ha sido criminal matar, torturar, desaparecer, suprimir identidades, violar, robar y como si fuese poco, implementar un plan económico-financiero que hirió de muerte a nuestra economía y cuyas consecuencias seguimos padeciendo aún hoy.

Esta ofensiva del gobierno actual no expresa un consenso social consolidado. Por el contrario, se despliega sobre una sociedad que mantiene su memoria activa. Lejos de haberse disuelto, la condena al golpe de Estado sigue operando como un núcleo profundo no solo de la consolidación democrática sino de esa reserva ética y subjetiva que la Argentina tiene y que siempre reaparece, aún en los peores momentos.

Por eso es importante señalar con claridad: la intensidad de estos discursos no debe confundirse con su legitimidad social.

La memoria, en este sentido, no es solo un ejercicio sobre el pasado: es condición indispensable para el futuro. Y el futuro es hoy. Esto mismo es lo que dijeron varios familiares de aquellas personas (por ahora 12) cuyos restos han sido recuperados en estos días por el Equipo Argentino de Antropología Forense gracias a un paciente trabajo de exhumación en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, que da cuenta del trabajo conjunto entre la ciencia, los organismos de derechos humanos, la justicia y las instituciones democráticas. En ese contexto, la pregunta sobre dónde están los desaparecidos sigue teniendo vigencia, ahora más que nunca. Y demuestra que la memoria no ha sido capturada. Por el contrario, funciona como resistencia crítica que interpela y reaparece, exhumada una y otra vez bajo el peso de la historia.

La muerte siempre es insoportable, pero la desaparición nos obliga a mirar como sociedad hacia un vacío que pocos se animaron a transitar. Por quienes eligieron el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y nunca la venganza, este 24 de marzo despliega un nuevo imperativo: el de una sensibilidad renovada en un mundo hostil. Frente a esa hostilidad –vaya paradoja– los martirios de quienes ya no están y de sus familiares, compañeros y amigos cobran un nuevo sentido. Porque en su entrega, no siempre valorada, subyace una profunda confianza en la construcción de futuro para quienes vienen detrás.

Allí donde el discurso oficial busca instalar equivalencias morales o diluir responsabilidades, la sociedad mantiene –aún con tensiones y heterogeneidades– una comprensión mayoritaria del carácter criminal de la dictadura.

Esa persistencia es, hoy, uno de los principales límites a la avanzada negacionista. Un límite que se teje con gestos y con palabras que preservan a la democracia de un preocupante “estado de excepcionalidad” en el que se pretende hundirla para justificar el descrédito y la violencia. Precisamente, la memoria no es solo retrospectiva: es una herramienta para establecer límites frente a aquellos que amenazan con implosionarla.

Por eso este aniversario nos enfrenta a un desafío que trasciende al archivo histórico. Frente a la virulencia de discursos que buscan fragmentar el lazo social y reinstalar la lógica del enemigo, la respuesta no puede ser el repliegue sino la defensa de la historia, de las palabras, de los derechos y de los valores fundantes con los que hemos sido capaces de reconstruir nuestra vida democrática.

Volver a marchar juntos, en comunidad, es hoy un acto profundamente político como afirmación de un consenso que, lejos de haberse desvanecido, sigue uniendo a la sociedad argentina. Un consenso que no es homogéneo ni está exento de tensiones, pero que sostiene una convicción fundamental: el Nunca Más no puede ser negociado.

El camino sigue siendo el de la palabra compartida y la exigencia inclaudicable de Verdad y Justicia. En esos gestos la Memoria retornará con toda su potencia histórica, transformándose una vez más en práctica colectiva que delimita lo intolerable y nos sigue invitando a pensar otros destinos posibles.

Allí reside una de sus mayores y luminosas fortalezas.

Ex vicegobernadora de Santa Fe, actual diputada provincial.

Por Alejandra Rodenas