Consecuencias de la motosierra
Con este panorama, el riesgo de la motosierra boba que taló indiscriminadamente contratados, planta permanente por decreto (personas que habían pasado a este estatus no por concurso sino por decreto del expresidente Carlos Menem y gozaban de estabilidad desde entonces) y LCDT implica que la primera industria que podría reactivar es la del juicio. Miles de presentaciones alegando derechos adquiridos a partir de la deficiente registración que el Estado hizo de ellos, en algunos casos, por décadas. Eso más allá de que en algunos casos también le corresponde indemnización. El Gobierno no ha explicado cuánto dinero destinará al pago de esas indemnizaciones, en plena señal de ajuste general. Las demandas se entablarán contra el Estado que tiene una particularidad para el mapeo jurídico: siempre es solvente. Es decir que, más tarde o más temprano serán juicios que pueda perder el Estado no solo si pagó indemnización a los “contratados” según correspondiere sino porque taló selectivamente un sistema sin haber modificado previamente el marco normativo que lo regula. Y eso, si en tribunales no se agrega discriminación como factor de cesantía. El monto a desembolsar escala exponencialmente. Un festival para los abogados laboralistas.
Lo segundo que debería preocupar es cómo restituirá la funcionalidad a organismos que hayan quedado inoperativos. De hecho, el Gobierno sigue contratando con esta metodología solo que, en administración Milei, quienes ingresan a la función pública en diversas reparticiones con fuertes recortes lo hacen ya como contratados LCDT por tiempo “indeterminado”. Siguiendo esa lógica, los cargos políticos seguirán siendo indemnizados. Como se dijo, eso tampoco en garantía de que no litiguen ante los tribunales para reclamar más. ¿Quién pagará esa factura? El humo de los anuncios logra, por ahora, esconder cuestiones fundamentales.
En el último debate presidencial Sergio Massa buscó exponer el desconocimiento del Estado de su contrincante a partir de preguntarle si sabía que era el GDE, el Sistema de Gestión Documental Electrónica, que sirve para el registro de las actuaciones y movimientos de expedientes en la administración pública. A favor de Milei, exhibió que no tenía idea entonces y ahora podría decir lo mismo si la justicia decide indagar: en varias reparticiones existen nuevas contrataciones en puestos directivos –de alta jerarquía- que ocurren al margen del sistema que permitiría monitorearlos. A algunos hasta les proveen vehículos.
Que la motosierra sea boba más que solución puede ser un peligro.