Política Provincial

La oposición pide informes sobre la rescisión del contrato de la autopista

Los diputados Cavallero, Mirabella, Simoncini, Bacarella y Chialvo cuestionaron el decreto del gobernador que ratifica la rescisión del contrato con Arssa, empresa concesionaria de la autopista a Santa Fe

Los diputados del bloque Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo se pronunciaron tras conocer que el gobernador Miguel Lisfchitz firmó el decreto que ratifica la rescisión consensuada del contrato que vinculaba al gobierno con la empresa Arssa, concesionaria de la autopista Santa Fe – Rosario.

Los legisladores sostuvieron que ya fue “un verdadero escándalo” que el decreto de rescisión haya sido firmado el último día hábil de 2016, y “no esté sustentado en dictámenes jurídicos”. “En el mismo sentido, advertimos sobre las irregularidades en el contrato con Arssa para la repavimentación de la autopista Rosario – Santa Fe y el mal estado por la falta de mantenimiento”, indicaron.

Los diputados cuestionaron que ahora se haya dado por finalizado el proceso de revisión de convenio de extinción y entre los considerandos se deje establecido “que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes” y que “no existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue”.

En el 2009 se hizo una licitación cuyo objetivo central era repavimentar la autopista Santa Fe Rosario de ida y vuelta, o sea 313 kilómetros. Eso lo tenían que hacer en los primeros cinco años de los diez que duraba la concesión, pero solo repavimentaron 75 kilómetros”, se quejaron los legisladores provinciales.

Por otra parte sostuvieron que después de mediatizarse e instalarse la preocupación, en abril del año pasado, Fiscalía de Estado se pronunció a favor de las denuncias de la oposición respecto a las irregularidades en la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario que, a valores actuales, el monto de la obra no ejecutada alcanzaría $1.554,8 millones.

“Las auditorias sostenían que hubo un flujo mayor al ofertado y que el estado de la autopista era conocido al momento de ofertar. Ante todo ello, volvimos a reiterar nuestro pedido de que se declare la nulidad de todo lo actuado, generar la rescisión del contrato por incumplimiento de la concesionaria, hacer efectiva la garantía prevista en el contrato, aplicar las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE que actuó como concesionaria, y deslindar las responsabilidades políticas y legales de las autoridades responsables del millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos”, indicaron los diputados del Frente Justicialista para la Victoria en un comunicado.

En ese marco, el bloque de diputados presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial remita información «acerca de todo aquello que fue tenido en cuenta para la firma del decreto del gobernador Miguel Lifschitz con fecha 1º de febrero, donde ratifica la rescisión absoluta sin culpa de ambas partes, la provincia y Arssa, del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe».

La documentación requerida incluye expedientes administrativos, el dictamen de la Fiscalía de Estado, los informes técnicos elaborados por estudios privados y todo otro documento obrante en el expediente en cuestión sobre la rescisión que sirvió de base a la emisión del decreto que ratificó la extinción del contrato con la empresa Autopista Rosario-Santa Fe Sociedad Anónima.

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