Opinión

La vicepresidenta apuntó contra «la mafia judicial» y su alianza con el poder mediático y económico

Las claves del mensaje que dejó Cristina Kirchner

«Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico”, aseguró la vicepresidenta tras conocerse el fallo en la causa Vialidad. Cristina Fernández de Kirchner detalló las falencias de la acusación en su contra y anunció que no será candidata en 2023: “Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta”, dijo. En su discurso, expuso las complicidades de jueces y fiscales con funcionarios y exfuncionarios de Juntos por el Cambio y con grupos empresarios.

A Cristina Fernández de Kirchner podrán condenarla –como hizo el Tribunal Oral Federal 2– pero nunca disciplinarla. Ése es el mensaje que dio la vicepresidenta después de recibir la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para acceder cargos públicos –la proscripción o la verdadera condena para alguien que siempre accedió a cargos por el voto popular, como dijo–. “No voy a ser candidata a nada”, sorprendió con el anuncio desde su despacho en el Senado, minutos después de que el juez Jorge Gorini terminara con la lectura del veredicto en la causa en la que se investigó un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. “Mafia judicial, ésto es lo que hoy me condenó”, denunció CFK, en alusión a una filtración de chats entre jueces federales, el jefe de los fiscales porteños, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, un exSIDE y ejecutivos del principal grupo de medios del país que mostró la trastienda del corrompido sistema judicial en la Argentina. “Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta”.

Cristina Fernández escuchó el fallo desde el Congreso. Desde el 2 de diciembre de 2019, cuando fue indagada por el TOF 2 de Comodoro Py, siempre dijo que la condena ya estaba escrita. Horas antes, había calificado al tribunal como un pelotón de fusilamiento. El pedido de condena de doce años de prisión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue hecho el 22 de agosto, cuando se cumplieron 50 años de otro fusilamiento que marcó la historia argentina: el de 16 presos políticos alojados en la base aeronaval de Trelew. Diez días después del pedido de los fiscales, a CFK intentaron asesinarla en la puerta de su casa.

El TOF la absolvió por la asociación ilícita por la que la había acusado la fiscalía pero la condenó por administración fraudulenta. “¿A mí administración fraudulenta?”, se preguntó la vicepresidenta. ”Y los amarillos que nos endeudaron en 45 mil millones de dólares se pasean orondos en aviones de Clarín. No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros y les van a poder dar la orden a sus esbirros para que me metan presa. Pero mascota de usted, jamás”, disparó CFK.

Para CFK, la condena tuvo todo de político y nada de judicial. “Lo raro es que la condena es por administración fraudulenta”, dijo. Según recordó, ella y su defensa –encabezada por Carlos Beraldi– habían resaltado que ni tenía el control de las leyes –que está en manos de diputados y senadores– ni del presupuesto, que después de la reforma constitucional de 1994 es facultad del jefe de Gabinete. “Curiosamente los jefes de Gabinete solo declararon como testigos. Y esto no quiere decir que fueran culpables, porque a lo largo de todo el juicio se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola eran ciertas”, subrayó.

Un sistema paraestatal

La sentencia a la vicepresidenta –y principal dirigente política del país– tuvo lugar a pocos días de que una filtración desnudara las maniobras que urdió un grupo de magistrados federales y funcionarios porteños, invitados a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, para que no se conociera que les habían financiado el viaje, tal como revelaron en este diario los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser. «Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, es decir, Héctor Magnetto, a través de sus dos personeros, Jorge Rendo y Pablo Casey», detalló CFK.

“Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución. Es una condena que tiene su origen en un sistema que yo ingenuamente llamé lawfare; ahora he rescatado el concepto de Partido Judicial. Esto no es lawfare ni Partido Judicial: esto es un Estado paralelo y mafia”, dijo la expresidenta, recuperando un concepto que ya había usado la Comisión Bicameral de Inteligencia a la hora de describir el sistema de espionaje que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri. “La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida y el patrimonio de los argentinos, lo tuvimos este fin de semana”, señaló la vicepresidenta.

“Así como antes había juntas militares, hay juntas que nos gobiernan y deciden por fuera de todos los estamentos”, subrayó CFK. Más allá del reciente tour al sur por parte de un sector de los jueces federales, el juicio de Vialidad fue una muestra de los vínculos que se forjan más allá de los tribunales, más particularmente en el verde césped de la cancha de fútbol. Uno de los jueces, Rodríguez Giménez Uriburu, jugaba al fútbol en el equipo Liverpool junto con Luciani, parte acusadora en la causa. El arquero del conjunto es o era Mariano Llorens, el presidente de la Cámara Federal que reclamó tiempo atrás someter a CFK a juicio político para poder detenerla. Más de un partido del Liverpool se disputó en Los Abrojos, la quinta de Macri –principal impulsor de la causa, ya que se reabrió durante su gobierno a partir de una denuncia de su funcionario Javier Iguacel al asumir al frente de Vialidad Nacional–.

La extinción de la ley

En el fin de semana, se filtraron dos grupos de Telegram, que se crearon a partir de la revelación de Página/12 de aquel viaje al sur. En uno se discutía principalmente cómo apagar el escándalo mediático; en otro, cómo hacer caer la investigación que se instruía en Bariloche por el viaje de “arriba” que habían conseguido sus señorías. Entre los participantes del chat estaba Julián Ercolini, el juez que mandó a juicio a CFK por Vialidad. Lo acompañaban Carlos Mahiques (Casación Federal), el juez en lo penal-económico Pablo Yadarola y el juez en lo contencioso-administrativo Pablo Cayssials. Estaban también el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro. De la travesía también fueron parte Leonardo Bergroth –exjurídicos de la SIDE– y el publicista Tomás Reinke, además de los empresarios de medios.

“Se llamaban ‘los huemules’, no sabemos por qué”, dijo CFK. “Estos no están en peligro de extinción, los que están en peligro de extinción son los jueces que actúan según la ley y la Constitución. Esto es el Poder Judicial en la Argentina: una articulación con los grandes medios, con las grandes empresas”, señaló. “Éste es el sistema que hoy me condena a mí. No van a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos dicen”, dijo y agregó que era público y notorio que a Néstor Kirchner lo habían presionado para aprobar la fusión de Multicanal y Cablevisión, pero que no habían corrido la misma suerte con ella cuando querían quedarse con Telecom.

“Ésta es la verdad de la milanesa, por eso me están condenando a mí. No creas que solo es contra los políticos”, reclamó CFK en una apelación para que todas las personas de a pie entiendan que un servicio de justicia alineado con las grandes empresas solo redunda en injusticias. “Es el que te cobra lo que quiere de teléfono, de internet y de prepagas. Es el poder mediático y económico en la Argentina, que coarta permanentemente. Hay que disciplinar a la política argentina, no a los que piensan como ellos, no a los de Juntos por el Cambio –que creen que las universidades son un gasto–. A nosotros, al peronismo, los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico”, explicó.

“Son todos hombres”, señaló en referencia a la cofradía de los “huemules” pero también más allá. “Las juntas militares son hombres, el pacto de Olivos son hombres, pero yo nunca voy a ser una mascota de ellos ni aunque me den 20 años”, sentenció.

La selección del lawfare

CFK diseccionó distintos ejes que se veían en las comunicaciones de los “huemules”. Por ejemplo, enfocó en las amenazas al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, a quien le atribuían haber dado a conocer el viaje a Bariloche. D’Alessandro, en el chat difundido por la web Patagonian Facts, decía que, si llegaba a ministro nacional, iba a disolver la PSA; también que tenía una alcaidía lista para darle una «bienvenida» a Glinski.

En las últimas horas, el ministro porteño dio una serie de explicaciones contradictorias: que lo hackearon, que editaron los mensajes, que no existían, que él no usa Telegram o que lo usa muy esporádicamente. Todas las versiones podían ser con el mismo interlocutor o con uno distinto a modo de “elige tu propia justificación”. A D’Alessandro, la vicepresidenta también le recriminó haber espiado en los alrededores de su casa después del intento de magnicidio.

Uno de los que no viajó a Lago Escondido pero que sí estuvo presente en el discurso de la vicepresidenta fue Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de Casación que debe decidir si reabre las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán. “Es un teledirigido de Mahiques”, dijo Fernández de Kirchner.

Es probable que este miércoles el ministro de Justicia, Martín Soria, presente una denuncia penal a partir de lo que surgió en los chats, siguiendo las directivas del presidente Alberto Fernández. El primer mandatario también quiere que el tema se ventile en el Consejo de la Magistratura, que está paralizado. “¿Qué esperanzas tenemos de que se trate en el Consejo después de la intervención del supremo (Horacio) Rosatti?”, cuestionó CFK.

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