La decisión de la fiscal de Flagrancia, Raquel Almada, de liberar sin formación de causa a Matías Belloso, hijo del presidente de Central, Gonzalo Belloso, y a otros dos jóvenes que viajaban en un automóvil donde la policía secuestró un revólver calibre .22, derivó en la apertura de un sumario administrativo y dejó expuestas las tensiones internas dentro del Ministerio Público de la Acusación (Mpa).

El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, remitió las actuaciones a la Auditoría General de Gestión para que investigue el desempeño de la fiscal, mientras la causa quedó en manos del fiscal Fernando Dalmau. La resolución adoptada por Almada el 29 de junio generó un fuerte cuestionamiento dentro del organismo porque se apartó del criterio de actuación que desde 2019 rige para los procedimientos con armas de fuego en esta ciudad. Además de desvincular a tres de los cuatro ocupantes del vehículo, la fiscal ordenó restituirles sus teléfonos celulares, una decisión que investigadores consideraron especialmente grave por la pérdida de una posible fuente de prueba en una investigación vinculada a amenazas y juego clandestino.

El episodio comenzó cuando una mujer denunció al 911 que estaba siendo intimidada frente a su domicilio, en Granadero Baigorria, por una deuda que afirmó haber cancelado. Al llegar al lugar, efectivos policiales observaron que dos personas abordaban apresuradamente un Peugeot 308 donde ya se encontraban otros dos ocupantes. Durante la requisa encontraron un revólver calibre .22 largo oculto debajo de la alfombra del asiento del acompañante. En el vehículo viajaban Matías Belloso, Lautaro Gago, Dante Méndez y Fausto Carbajo.

Almada sólo impulsó una investigación penal contra Carbajo, de 25 años, al considerar que el arma estaba ubicada debajo del asiento que ocupaba. Belloso y los otros dos jóvenes recuperaron la libertad sin imputación y sin que se les iniciara un legajo penal. La decisión provocó un inmediato malestar en distintas áreas del MPA. La práctica habitual en Rosario establece que ante la aparición de un arma en un contexto de flagrancia, todos los ocupantes permanezcan detenidos hasta la audiencia imputativa, se secuestre la totalidad de los teléfonos celulares y se ordenen las pericias correspondientes. Ese criterio responde a una instrucción general dictada para fortalecer la persecución de delitos vinculados a la circulación ilegal de armas y las organizaciones criminales.

La devolución de los teléfonos profundizó las críticas. Investigadores que trabajan sobre criminalidad organizada advirtieron que esos dispositivos podían contener información relevante para reconstruir vínculos, comunicaciones o movimientos relacionados con la denuncia inicial y con otras investigaciones abiertas sobre juego clandestino y extorsiones. La imposibilidad de realizar pericias fue considerada una omisión que afectó el avance de la pesquisa.

El auditor general de Gestión del MPA, Leandro Mai, confirmó que recibió el expediente remitido por la Fiscalía Regional para determinar si el desempeño de Almada configura responsabilidades administrativas pasibles de sanción. El sumario buscará establecer si la fiscal incumplió los protocolos de actuación vigentes o si su decisión se ajustó a las facultades que le otorga el Código Procesal Penal.

Como respuesta institucional al conflicto, Merlo emitió la circular interna 17/2026, mediante la cual reforzó las pautas de actuación para los casos de flagrancia con armas de fuego. La disposición ordena evaluar prioritariamente la prisión preventiva de los detenidos, secuestrar los teléfonos celulares para su análisis forense y consultar cada intervención con la jefatura de la Unidad de Flagrancia, con el objetivo de unificar criterios y evitar resoluciones contradictorias.

El trasfondo del expediente excede la discusión procesal. Fausto Carbajo había sido denunciado meses antes por el futbolista Jonatan Gómez, quien lo señaló como uno de los participantes en maniobras de extorsión vinculadas al cobro de deudas de juego clandestino online. Esa denuncia forma parte de una investigación más amplia sobre estructuras dedicadas al negocio del juego ilegal en Rosario y sus conexiones con sectores de la barra brava de Central, una trama que los fiscales investigan desde el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte en noviembre de 2024.