La Justicia provincial dictó la prisión preventiva para cuatro de los seis policías imputados por la muerte de Mauro González, el joven que falleció el 17 de enero pasado mientras permanecía detenido en la comisaría octava de la ciudad de Santa Fe. La resolución fue adoptada este jueves por la jueza Cecilia Labanca, al término de una audiencia de medidas cautelares que se extendió durante dos jornadas y en la que también quedó ratificada la principal hipótesis de la Fiscalía: los hechos investigados encuadran en el delito de tortura seguida de muerte.

La medida alcanza a Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinali, quienes continuarán detenidos mientras avanza la investigación. En cambio, Juan Cruz Barros, integrante del Cuerpo Guardia de Infantería, y Sabrina Petitón, del Comando Radioeléctrico, seguirán el proceso en libertad bajo estrictas reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, permanecer bajo supervisión judicial, no mantener contacto con testigos ni con el resto de los imputados y no salir del país.

La magistrada hizo lugar al planteo del fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, quien sostiene que cinco de los policías participaron como coautores de las torturas que derivaron en la muerte de González. En el caso de Barros, la imputación quedó circunscripta al delito de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

La investigación reconstruyó que González atravesaba una crisis subjetiva vinculada a un presunto padecimiento mental o a un consumo problemático de sustancias cuando fue interceptado por efectivos policiales en inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en el norte de la ciudad capital. Según la acusación, lejos de aplicar los protocolos previstos para este tipo de intervenciones, los agentes recurrieron a un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza.

La Fiscalía sostuvo que el joven fue reducido violentamente, arrojado al suelo, esposado y sometido a golpes y compresiones sobre distintas partes del cuerpo. Durante el procedimiento, otros efectivos se incorporaron al operativo y, de acuerdo con la imputación, participaron o permitieron la continuidad de las agresiones.

El expediente también describe que, ya dentro del patrullero, González volvió a ser golpeado mientras permanecía inmovilizado. Su padre, presente durante la detención, advirtió a los policías que su hijo había sido sometido a una cirugía abdominal, pero esa información no modificó el accionar de los uniformados.

Las pericias incorporadas a la causa determinaron que la víctima presentaba más de veinte lesiones distribuidas en distintas partes del cuerpo, además de una fractura de costilla y un severo deterioro físico provocado por los golpes.

Pese al estado crítico que presentaba, los efectivos no lo trasladaron de inmediato a un hospital. Según la investigación, realizaron una parada en una estación de servicio, luego pasaron por Medicina Legal y finalmente lo alojaron en la comisaría Octava.

Allí, González fue dejado solo dentro de un calabozo. La autopsia estableció que murió por broncoaspiración de vómito mientras permanecía inconsciente, un desenlace que, para la Fiscalía, estuvo directamente vinculado con las lesiones sufridas durante el procedimiento policial y la falta de asistencia médica oportuna.