El gobernador de Santa Fe aclaró hoy que «no tiene prevista ninguna alteración respecto del accionar policial». También destacó la ley que reglamenta el accionar de los efectivos en la provincia
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, descartó de plano aplicar en la policía de la provincia el nuevo protocolo de uso de armas fuego que dispuso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para las fuerzas federales y que les permite usar armas letales en caso de que «resulten ineficaces otros medios no violentos».
«Nosotros tenemos leyes vigentes, la Constitución de la Provincia, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso», explicó el mandatario santafesino, saliéndole al cruce a la resolución de Bullrich que permite a los efectivos federales abrir fuego contra los delincuentes aunque estén en fuga.
«No tenemos prevista ninguna alteración respecto del accionar policial», destacó Lifschitz hoy en declaraciones al programa «Los días contados», que se emite por Telefé Rosario, y concluyó: «Nuestra exigencia respecto a la policía es que actúe con firmeza, en el marco de la ley y de las normas vigentes y ninguna otra cosa adicional».
En la misma línea hoy la defensora provincial Jaquelina Balangione, cuestionó el nuevo reglamento de las fuerzas federales que impulsó Bullrich, al que calificó de «inconstitucional», aseguró que este protocolo es una «herramienta normativa muy peligrosa e innecesaria y vaticinó que lo único que «traerá es más violencia».
Balagione expresó su preocupación por el «valor comunicativo» del protocolo, ya que «le dice al policía ‘dale, levantamos la barrera y se puede’. Y esto va a traer una repercusión negativa en la sociedad porque va a generar más enfrentamientos y la posibilidad de que paguen justos por pecadores».
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que el reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, que puso en marcha Bullrich, no hace más que ordenar «matar con impunidad» y «convierte en ley el gatillo fácil».
«Podríamos enumerar centenares de casos de gatillo fácil en los que policías usaron ésas y otras excusas parecidas sin que lograran evitar duras condenas», señaló la entidad, y explicó: «Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de Estado, y que la impunidad es un atributo del poder».