La prohibición del ingreso a Casa Rosada de los periodistas acreditados y el insulto de “basuras repugnantes” que el presidente Javier Milei le dedicó al 95 por ciento de los trabajadores de prensa, sólo son las dos últimas invocaciones de la larga letanía con que el Gobierno ataca incansablemente a la libertad de informar.

Las agresiones, presiones, restricciones y amenazas de oficialismo están inspirados en el grito de guerra que el Presidente expresó antes de cumplir su primer año de mandato: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Bajo ese axioma, aquel fogueo de junio 2024 en Parque Lezama que empezó con un grito presidencial de “periodistas corruptos y ensobrados”, y que desató el “hijos de puta/ hijos de puta” de cientos de militantes parece haber quedado chico con la dimensión de ataques posteriores.

Para el Milei, el odio a los periodistas nunca fue suficiente. El desguace de la agencia de noticias Télam, a meses de haber asumido, marcó desde el principio la relación tensa. El posterior anuncio de que anulaba las pautas publicitarias a medios, con el argumento de ello fomentaría la libertad de expresión, fue un paso más hacia el desfinanciamiento de medios no afines al discurso oficial.

La motosierra sobre el derecho a la libertad de prensa arrancó de manera disimulada y disfrazada de medidas para la seguridad presidencial. Las primeras fueron restricciones de acceso a la prensa durante actos oficiales y apertura de sesiones en el Congreso: se dispuso que los palcos para periodistas fueran cambiados de lugar de modo tal que no se pudiera registrar parte de la intimidad del discurso presidencial; y en los actos, se reubicó a los periodistas impidiéndoles entrar en contacto con el mandatario.

El devenir de la gestión, los despidos masivos, el cierre de organismos, los ajustes en sectores sensibles, la represión a las protestas, las devaluaciones, los índices cuestionables y el recordatorio de lo que Milei fue o dijo antes de ser presidente, produjeron cuestionamientos públicos que tuvieron como respuesta oficial el redoble de los ataques.

A la par de la agotadora lista de insultos presidenciales en las redes sociales, desde lo institucional hubo también un intento de separar el trigo de la paja propia, con la creación del perfil de un supuesto “periodista ideal”.

Se lanzó un proyecto de colegiatura y matriculación la profesión, de modo tal que quien no la tuviera no podría ejercer el periodismo de oficio. La medida no sólo se oponía a la ley del Estatuto del Periodista sino que, además es inconstitucional por contradecir la Carta Magna y decisiones al respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, los insultos de Milei en redes sociales nunca cesaron. Bajo la acusación de que el periodismo era parte de la “casta” contra la que él combate, el mandatario tildó con cuanta figura que se le ocurriera a quien lo cuestionara: ensobrados, charlatanes, ratas, zoológico de corruptos, sicarios con micrófonos y miserables fueron algunos de los términos que él utilizó y cuya mención con comillas ralentizaría la lectura. Aunque “basuras que se esfuerzan por romper el soretómetro”, merece un trato aparte.

“Lo medios mienten todo el tiempo”, atizó más de una vez el Presidente, y el axioma de “no odiamos lo suficiente a los periodistas” se multiplica por mil en el timeline de su cuenta en la red X.

El modus operandi del Gobierno contra la prensa es el siguiente: en las redes, los insultos y las teorías conspirativas; en el palacio, las restricciones; y en la calle, la represión.

Desde hace dos años, se eliminaron todos pruritos para que las fuerzas de seguridad federales no avancen contra los trabajadores de prensa que cubren las protestas contra alguna medida de gobierno. Camarógrafos, movileros, cronistas de la prensa gráfica y fotógrafos fueron blanco de gases lacrimógenos, balas de goma, bastonazos y detenciones ilegales.

El caso más emblemático fue el del fotorreportero Pablo Grillo, quien en marzo de 2025 fue gravemente golpeado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada por Gendarmería Nacional, al mando de Patricia Bullrich.

El joven estuvo en gravísimo estado y los médicos de hospitales públicos salvaron su vida. Pero apenas ocurrió este hecho, la reacción de Bullrich no sólo fue desligarse de toda responsabilidad sino que, además, intentó limitar la cobertura periodística impulsando la creación de una zona de confinamiento a la prensa durante esas movilizaciones.

En el Congreso, la persecución contra los periodistas apuntó a lo laboral: en su última andanada por la reforma laboral, el oficialismo logró que en febrero de este año se derogara el Estatuto de Periodistas, la única herramienta legal con que los trabajadores de prensa contaban para resguardarse de la explotación de las empresas y presiones de la administración nacional.

Los repudios fueron incontables. Instituciones como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtieron sobre los peligros de esa quita de derechos, pero aún así el Gobierno avanzó.

Las hipótesis sobre confabulaciones internacionales fue otro de los argumentos para desacreditar la tarea informativa. Cuando fueron revelados los audios de Diego Spagnuolo que revelaron el escándalo de supuestas coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la defensa del Gobierno fue acusar a los autores de esa investigación con presuntos vínculos del espionaje ruso.

Es más, antes de cerrarle el paso a Casa de Gobierno a todos los periodistas acreditados, hace algunas semanas había decidido prohibirle la entrada a El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, con la excusa de haber sido parte de los medios que publicaron notas supuestamente provistas por una agencia rusa.