El litigio contra el país es sostenido por Burford Capital, que compró los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera nacional. Se trata del mismo fondo que en su momento adquirió también la demanda del grupo Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió hoy solicitar opinión al Gobierno de ese país en el marco de la demanda abierta por un fondo buitre contra la expropiación de YPF, que puede costarle a la Argentina unos 3 mil millones de dólares, según fuentes del mercado.
Este lunes, el máximo tribunal de Justicia norteamericano dispuso consultar al «General Solicitor» (el jefe de los abogados del Estado) por ese juicio, que ya tiene dos fallos adversos para la Argentina.
La Corte debe decidir si la demanda entablada por el fondo «buitre» Burford Capital por la estatización de la petrolera (hecho ocurrido en 2012) debe continuar en tribunales de Estados Unidos o en Buenos Aires. La demanda comenzada por ex accionistas minoritarios de YPF luego de que el Estado argentino le pagara a la española Repsol – que controlaba a la petrolera argentina- 5 mil millones de dólares en concepto de indemnización por la estatización de la compañía.
Más tarde, Burford compró los juicios de algunos de esos accionistas, que formaban parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazy. Los abogados del fondo norteamericano argumentan que durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina rompió el contrato de concesión de YPF, al expropiar el 51 por ciento de esa compañía y no haber formulado una oferta a los socios minoritarios. Para los letrados, se trata de una cuestión de derecho comercial que debe ser juzgada en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones de la petrolera.
La intención del Gobierno argentino es que los buitres se presenten ante los tribunales argentinos, por entender que la «reestatización» de YPF fue una decisión soberana.
La Argentina, sin embargo, tuvo ya dos fallos negativos en los últimos años, uno en primera instancia, de la jueza federal de Manhattan, Loretta Preska, y otro de segunda instancia, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Tal como consignó este diario en su momento, a diferencia del tradicional accionar carroñero, el estudio de abogados británico no compró títulos en default de la empresa para reclamar en las cortes el ciento por ciento más intereses y punitorios sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía.
La disputa comenzó en abril de 2015. Los litigantes cuestionaron que, al momento de hacerse con la participación mayoritaria de YPF en manos de la española Repsol, el gobierno argentino no ofreció comprar la totalidad del paquete accionario como, según alegan, establecían los estatutos de la petrolera.
El litigio fue iniciado a través de las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Con esas firmas la familia Eskenazi había llegado a controlar hasta un 25 por ciento de YPF pero el grupo debió retirarse del negocio ante la imposibilidad de pagar los créditos solicitados a distintos bancos internacionales para ingresar en la petrolera.
Burford ingresó en el marco del procedimiento de liquidación de ambas firmas en los juzgados españoles para impulsar un litigio en Estados Unidos. El síndico español remató la quiebra, cediendo el derecho de hacerle juicio al Estado argentino e YPF.
Burford Capital Limited nació el 11 de septiembre de 2009. La compañía está registrada en la dependencia de la corona británica llamada Guernsey, un conjunto de islas que desde el Canal de la Mancha ofrecen sus servicios como guarida financiera y fiscal. Las acciones de la firma especializada en financiar litigios cotizan en el Mercado de Inversiones Alternativas de la Bolsa de Valores de Londres.
El caso contra YPF no es el primero que impulsa contra activos recuperados por el Estado argentino. Los británicos se hicieron cargo de sostener la demanda iniciada por Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, tras la estatización de Aerolíneas Argentinas. Cuando el conglomerado español de turismo y líneas aéreas quebró, Burford se hizo con los derechos del litigio y financió al estudio King & Spalding para sostener el reclamo en el Ciadi