Cien días después de preguntar y no obtener respuesta del Ejecutivo provincial, el diputado Miguel Rabbia reiteró el pedido de informes e hizo valer el derecho de acceso a la información pública para que la gestión Pullaro explique cómo y porqué le asignó fondos multimillonarios para tratamiento y prevención de adicciones a asociaciones civiles que apenas habían sido creadas un par de meses antes, y sin trayectoria reconocida en la materia.

El planteo con el que Rabbia vuelve a la carga apunta a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, para que detalle los “criterios, controles y fundamentos” utilizados para otorgar fondos estatales a distintas organizaciones civiles en el marco de los programas “Redes de Cuidado” y “Acompañarte”, coordinados por la Aprecod, la agencia estatal que coordina el tratamiento y prevención de adicciones. El legislador advirtió que algunas de las entidades beneficiadas fueron creadas apenas semanas antes de recibir los aportes y que otras no poseen antecedentes vinculados esa problemática.

En su presentación, respaldada en la Constitución provincial y en las leyes de Acceso a la Información Pública, Ética Pública y Administración del Estado, Rabbia señaló que el caso reviste “interés público” debido a “la magnitud de los fondos comprometidos y la relevancia sanitaria” de los programas destinados a personas con consumos problemáticos. El pedido incluye una batería de requerimientos que apuntan a conocer rendiciones de cuentas, planes de trabajo, autorizaciones sanitarias y resultados alcanzados por las instituciones que recibieron asignaciones.

Entre los casos señalados, Rabbia puso la lupa sobre las asociaciones civiles Perseverar y Rockas Vivas, creadas el 31 de enero y el 26 de marzo de 2025, respectivamente. Según la documentación oficial, Perseverar comenzó a recibir fondos apenas un mes después de su conformación y Rockas Vivas a los dos meses. El diputado remarcó que ambas “no poseen publicados sus estatutos” en el Registro de Personas Jurídicas, lo que impide conocer sus objetivos y estructura interna.

La entidad que evoca en su nombre al disco del cantautor Miguel Mateos tiene sede en Rafaela. Nació en marzo, y en agosto la ministra Tejeda le asignó a través de Aprecod casi 925 millones de pesos, pagaderos en 12 cuotas mensuales, contando desde junio pasado (con retroactividad) hasta mayo de 2026.

Según datos de Inspección General de Personas Jurídicas, Laura Ruth Callejas preside Rockas Vivas. Es pareja de Carlos Cruzado, quien en redes sociales se presenta como “pastor, capacitador y preventor de adicciones”. Cruzado fue, además, precandidato a concejal en Rafaela, en abril pasado, por el partido Uno, del diputado y pastor evangelista Walter Ghione, y dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, el espacio del gobernador Maximiliano Pullaro.

El caso de la ONG Perseverar es similar. Tiene vínculos con Ghione, aliado parlamentario del frente Unidos. Fue creada e el 31 de enero y el 31 de marzo recibió 1.033 millones de pesos vía Aprecod. Según la IGPJ, esta asociación civil tiene su domicilio en una oficina de calle España 713, en Rosario.

“Todos los que trabajan y quieren conformar una asociación civil saben lo que cuesta, que lleva a veces años para juntar todos los papeles y armarla. Bueno, acá la armaron de manera express y en tan solo 60 días ya tenían asignados más de 1000 millones de pesos”, apuntó el legislador justicialista cuando elevó el primer pedido de informe que aguarda respuesta.

Rabbia también cuestionó la pertinencia de otras dos entidades: la asociación Sinergía Ciudadana, dedicada principalmente a actividades vinculadas con políticas públicas, finanzas y comunicación; y la Cooperativa de Trabajo OLH Ltda., cuyo objeto declarado incluye servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes. Ninguna de estas organizaciones presenta como actividad central el abordaje de adicciones, pese a haber sido incorporadas como prestadoras de programas sanitarios especializados.

En su escrito, Rabbia pidió a la ministra Tejeda que informe si las instituciones cuentan con habilitación del Ministerio de Salud o del Colegio de Médicos, requisito obligatorio para establecimientos que brinden diagnóstico, tratamiento o acompañamiento en salud, según la Ley Provincial 9847. Solicitó también conocer el detalle del personal afectado, la población asistida, la situación dominial de los inmuebles utilizados y la existencia de dispositivos efectivamente operativos.

El pedido incluye además la ejecución presupuestaria de los convenios, las rendiciones de gastos, los antecedentes presentados por cada institución y el listado completo de acuerdos firmados por Aprecod desde 2024, con sus respectivos montos. Rabbia reclamó, asimismo, el instrumento administrativo que defina los criterios de selección de beneficiarios, aspecto que –según indica– no se encuentra publicado ni fue informado públicamente.

En otro tramo del documento, el diputado remarcó que la normativa vigente obliga a los funcionarios a actuar con transparencia y a garantizar el uso adecuado de los fondos públicos. “El Estado debe priorizar la idoneidad, la experiencia y la trayectoria en materia de salud y adicciones, más aún cuando se financian servicios destinados a poblaciones vulnerables”, sostuvo.

Finalmente, Rabbia pidió a la ministra que remita copias de toda la información enumerada y recordó que la Aprecod fue creada para garantizar políticas integrales y basadas en evidencia para la prevención y el tratamiento de consumos problemáticos. “Resulta imprescindible conocer cómo, con quiénes y bajo qué controles se están ejecutando estos programas”, concluyó.