Las iglesias protestantes reunidas en la FAIE y la Mesa de articulación de Niñez y Adolescencias sostienen que el delito adolescente no es una emergencia nacional y piden revisar el contexto que acentúa del deterioro de la calidad de vida y la falta de políticas públicas para contener a las y los jóvenes. Rechazo total a la iniciativa que impulsa la baja de edad de imputabilidad.
Mientras los voceros del oficialismo sostienen que cuentan ya con los votos en la Cámara de Diputados para lograr –con el apoyo de legisladores de la oposición— la media sanción a proyecto de ley que reduciría a 14 años la edad imputabilidad de los jóvenes que cometan delitos violentos, desde distintos sectores de la sociedad civil se siguen alzando voces que se oponen a la iniciativa y con las que los promotores del proyecto no abrieron instancias de diálogo.
La “Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia”, una organización que agrupa a personas e instituciones a nivel nacional, decidió enviar una carta –que cuenta con mil doscientas adhesiones— a los presidentes de todos los bloques parlamentarios en la que expresan de manera tajante que “la baja de edad no es una solución y agravará los problemas que dice resolver”. La opinión –dicen los firmantes- fue recogida entre especialistas, organismos de derechos humanos, académicos, trabajadores de la salud, educación, justicia y organizaciones sociales y comunitarias.
Por su parte la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), que representa a las iglesias protestantes de más larga tradición en el país, reconoce que la inseguridad “es un flagelo que nos golpea con lamentables secuelas de muerte y dolor” siendo este un dato que “no podemos ni debemos negar” y que exige “un actuar serio, responsable e integral” del Estado en todos sus niveles. Sin embargo, siguen diciendo los protestantes, “la iniciativa del gobierno nacional de sancionar una ley que disminuya la edad de punibilidad de 16 a 14 años, lejos de ser una solución razonable, pareciera ser un nuevo acto de crueldad que no repara en la situación de fragilidad que atraviesan nuestras infancias y juventudes”.
Consultado por Página/12 el presidente de la FAIE, pastor Leonardo Schindler, sostuvo que “la vida de cada pibe, cada piba es sagrada Y hoy está en peligro” por lo que “criminalizarlos bajando la edad de punibilidad no soluciona nada sino por el contrario lo que hace es colocarlos en situación de mayor vulnerabilidad aún”.
Para la FAIE “el deterioro de la calidad de vida y de perspectivas de desarrollo en los dos últimos años se ha profundizado dramáticamente a causa del desfinanciamiento de programas de educación, salud e inclusión social”.
En concordancia con la afirmación de la Mesa que registra que “solo el 0,01% de la población de niños, niñas y adolescentes tuvo intervención judicial penal e 2024”, la FAIE sostiene que “no existe evidencia científica, jurídica o empírica que demuestre que estas medidas conduzcan a disminuir el delito” sino que, por el contrario, “aumenta las posibilidades de reincidencia”.
Estas manifestaciones concuerdan con las opiniones de jerarcas de la Iglesia Católica que, desde marzo de 2025, vienen esgrimiendo argumentos similares en contra de la medida que ahora se propone. Los obispos católicos, primero a través de su Comisión de Pastoral Social y luego directamente mediante una declaración de la Comisión Ejecutiva que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, reclamaron un “abordaje integral, profundo y a largo plazo” para buscar soluciones al problema “con grandeza política”. Al rechazar la idea de bajar la edad de imputabilidad la Iglesia Católica reclamó “más oportunidades que penas”.
Según el presidente de la FAIE “Ia discusión sobre el régimen penal juvenil y el de la seguridad en general se empobrece cuando solamente se limita a disminuir la edad de punibilidad de quienes delinquen” y agrega que “el debate y las leyes deberìan tener presente muchos otros aspectos que son parte del problema y para los cuales no aparecen demasiadas soluciones”.
Para la Mesa “la evidencia indica que el paso por el sistema penal a edades tempranas aumenta la reincidencia” además de violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Dice la FAIE que “apelar a tristes y poco saludables sentimientos de venganza, revanchismo y odio presentes en la sociedad dañada por la inseguridad y falta de justicia genera peores heridas” y la Mesa señala que el debate sobre el tema no se puede dar en un contexto de desmantelamiento de las política protectoras, “mientras se desfinancian áreas vitales como salud, educación y programas de protección integral” y al mismo tiempo “se pretende destinar recursos a un sistema represivo que colapsaría las ya precarias instituciones”. Agregan las organizaciones de niñez y adolescencia que “en un contexto donde las fuerzas de seguridad actúan con violencia desatada contra las infancias en barrios populares y protestas, bajar la edad penal daría un marco legal a estas prácticas”.
Según la FAIE “para garantizar la seguridad es urgente detener el crecimiento del narcotráfico, generando políticas públicas de inclusión y desarrollo social, además de detener blanqueos de capitales que no distinguen sobre el origen de los mismos” y para la Mesa la propuesta presentada “no ofrece soluciones reales de reparación para las víctimas”, siendo que “la respuesta de una Estado frente a la problemática de la inseguridad y el delito no puede ser el punitivismo extremo y menos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”.
La FAIE rechaza de plano la iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad y hace un llamado a los legisladores para que aborden la problemática de la seguridad con “medidas razonables y democráticas que respeten los derechos humanos y garanticen la práctica de la justicia”. Reclama a su vez al Estado que garantice el acceso a la salud, el agua, la alimentación, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, los espacios comunitarios y la preservación del ambiente” como condiciones para abordar las problemáticas juveniles y de seguridad.