La macabra iniciativa del creador de la resolución 125 instaura un fondo de pago menor que será entregado a los trabajadores despedidos sin causa.
El senador de Cambiemos Martín Lousteau presentó un proyecto de ley para eliminar las indemnizaciones por despido sin justa causa y que en reemplazo crea un fondo que será entregado a los trabajadores echados. La iniciativa muestra en verdad una precarización laboral debido a que los fondos serían más bajos que las indemnizaciones.
«Créase el Fondo Nacional de Cese Laboral, en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social o la que en un futuro la reemplace, con el objeto de reemplazar paulatinamente todas las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo previstas» sostiene el artículo 2 del proyecto de Lousteau que fue presentado el 2 de septiembre.
Acerca de la forma de financiar el fondo, Lousteau indica «El Fondo Nacional de Cese Laboral se integrará por un aporte mensual obligatorio por cada trabajador o trabajadora a cargo de la parte empleadora, el cual se realizará desde el momento en el que se da inicio a la relación laboral. El aporte obligatorio no podrá exceder del 12% de la remuneración mensual bruta durante el primer año y del 8% para los años subsiguientes».
El recorte de Lousteau: reduce las indemnizaciones casi a la mitad
El proyecto de Lousteau establece que a un trabajador se le abonará únicamente un mes de sueldo por cada año trabajado hasta ser echado. Abogados laboralistas explicaron a El Destape que la iniciativa tomaría el último sueldo neto recibido y generaría una reducción importante a la indemnización.
Hoy en la Argentina está vigente el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo que establece el pago de un mes de sueldo por cada año trabajado «tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor». Es decir que en este punto el proyecto de Lousteau no establece el mejor sueldo, tampoco define que sea bruto y entonces reduce el cálculo de pago.
Por otra parte, la iniciativa de Lousteau tampoco menciona el preaviso que es parte importante en las indemnizaciones. En la actualidad, los empleadores deben avisar del despido con un mes de anticipación a aquellos trabajadores que tienen menos de 5 años de antigüedad y con dos meses de anticipación a los que lleven más de cinco años. Cuando el empleador no comunica el despido con antelación incurre en una irregularidad y debe pagar el equivalente a uno o dos sueldos aproximadamente.
Un ejemplo para clarificar el recorte: si un empleado que cobra 80.000 pesos es despedido tras ser empleado durante 5 años cobraría 1.500.000 pesos por la doble indemnización que existe en la actualidad. Con el proyecto de Lousteau y manteniendo la doble indemnización cobraría 720.000 pesos aproximadamente.
«Si Lousteau determina que el último salario es aquel que se utiliza para el cálculo de las indemnizaciones, entonces deja afuera todos los componentes del salario como los plus de horas extras o las comisiones que bajarían sensiblemente el monto de la indemnización», explica a El Destape el abogado Javier Valenzuela.
El proyecto del ex ministro de Economía además no contempla acuerdos especiales como las indemnizaciones de periodistas o agentes de comercio que son más altas.
El fondo sube los costos a las empresas
El abogado León Piasek advierte que los proyectos incurren en una contradicción debido a que son publicitados como una forma de bajar los costos laborales, pero en verdad los aumentan.
El proyecto de Lousteau establece que las empresas deberán realiza el aporte obligatorio que «no podrá exceder del 12% de la remuneración mensual bruta durante el primer año y del 8% para los años subsiguientes».
«¿Por qué una empresa va a pagar un fondo de desempleo si no tiene planificados los despidos? No se contrata para despedir», sostiene Piasek.
El fondo ya fracasó y es inconstitucional
Piasek explica que ya hubo fondos de desempleo que se utilizaban cuando las empresas quebraban o no podían pagar las indemnizaciones. «Era muy difícil cobrarle al Estado, era un proceso largo y tedioso que ponía en riesgo los ingresos de los trabajadores.
Los abogados explican que el cambio que establece el proyecto es violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.