Con más de 150 amenazas y mensajes intimidatorios registrados en menos de una semana en establecimientos educativos de la provincia, el gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo protocolo para recuperar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante cada alerta. La medida, formalizada mediante la Resolución Nº 1201 del Ministerio de Justicia y Seguridad, establece que los gastos deberán ser afrontados por los responsables de los hechos o, en caso de tratarse de menores, por sus padres o tutores.

La decisión se produce en medio de una escalada de amenazas en escuelas y mientras algunas instituciones comenzaron a aplicar medidas preventivas internas para sostener la actividad escolar en un contexto de tensión.

Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad, entre el 16 de abril y el cierre del último relevamiento se contabilizaron 158 llamados al 911 por amenazas a instituciones educativas, a los que se sumaron más de 30 reportes durante la jornada de este miércoles. En paralelo, el gobierno confirmó que ya fueron identificadas siete personas vinculadas a estos episodios.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, había anticipado días atrás el alcance de la medida al señalar que “un operativo básico de este tipo cuesta entre 5 y 6 millones de pesos”, en referencia a las intervenciones realizadas en escuelas ante amenazas de ataques o presencia de elementos sospechosos.

Ese anuncio quedó plasmado ahora en una resolución que habilita el recupero administrativo y, eventualmente, judicial de los montos erogados por el Estado provincial.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, sostuvo que el objetivo central es frenar la multiplicación de estas prácticas. “Buscamos desalentar esta práctica que configura un delito penal. No es una broma, no es un chiste”, afirmó.

La funcionaria explicó que cada alerta implica la salida inmediata de móviles policiales y, según la gravedad del caso, la intervención de áreas especiales como la Brigada de Explosivos, bomberos o la Policía de Investigaciones.

“Cada vez que una incidencia de este tenor ingresa al 911 se dispone un recurso hacia el establecimiento educativo; ese es el patrullero que sale de la calle”, remarcó Orciani, y advirtió que esos recursos dejan de estar disponibles para tareas de prevención de otros delitos.

Sobre el nuevo esquema de recupero, la funcionaria señaló que la medida apunta a “devolverle al Estado lo que el Estado erogó para poder cuidar a todos los santafesinos”. “Estamos en presencia de un delito; no es un juego o una broma. Es una intimidación pública que intenta amedrentar y quebrar la paz social”, agregó.

La resolución firmada por Cococcioni establece un procedimiento de siete pasos. El circuito comienza con la comunicación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que debe individualizar a los autores, partícipes y adultos responsables, incorporando datos personales, domicilios y teléfonos.

Con esa información, la Subsecretaría Legal y Técnica abre un expediente administrativo individual por cada hecho, donde se incorporan informes técnicos, constancias de intervención policial, registros del 911 y toda la documentación que permita acreditar el despliegue del operativo.

Luego, el Departamento de Operaciones Policiales (D-3) determina la magnitud de los recursos humanos y materiales afectados, clasificando cada procedimiento según su complejidad —baja, media o alta— y especificando si participaron fuerzas especiales.

A partir de esa evaluación se realiza la liquidación económica del operativo y se libra una intimación extrajudicial con un plazo improrrogable de cinco días para el pago. Si no se cumple con la cancelación, la provincia queda habilitada para iniciar acciones judiciales a través de la Fiscalía de Estado.

Desde la cartera de Seguridad precisaron que, en los casos en que los autores sean menores de edad, la responsabilidad económica recaerá sobre sus adultos responsables. “Estamos acostumbrados a que muchas veces se reflexiona cuando nos tocan el bolsillo”, expresó Orciani al defender la medida.

En medio de esta situación, algunas escuelas comenzaron a aplicar protocolos internos para reducir tensiones y prevenir nuevos episodios. Es el caso de la Escuela de Enseñanza Media Nº 389 “Julio Migno”, ubicada en barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe, donde desde esta semana se implementó un ingreso sin mochilas ni cartucheras tradicionales, luego de una amenaza detectada en uno de los baños del edificio.

La directora de la institución, Nuria Menvielle, explicó que los alumnos deben concurrir con carpetas y útiles a la vista, preferentemente en bolsas transparentes. “La idea es generar tranquilidad. Que no haya ninguna posibilidad de que nadie sospeche de sus compañeros”, señaló la directiva.

Según explicó, la medida fue consensuada con madres y padres en una reunión convocada tras la aparición de una pintada intimidatoria en el establecimiento.

En caso de que un estudiante asista con mochila, el protocolo dispone que quede resguardada en la preceptoría hasta la salida.

Menvielle aclaró que la decisión no tiene un carácter punitivo, sino preventivo, y que busca reconstruir un clima de confianza dentro de la comunidad educativa. “La responsabilidad primera es de la familia”, sostuvo.

Además, indicó que la escuela utiliza los actos de izamiento y arriado de la bandera como espacios de reflexión colectiva sobre la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el fenómeno no se limita a Santa Fe y lo vincularon a la circulación de “desafíos virales” y amenazas difundidas a través de redes sociales, correos electrónicos, mensajes escritos y pintadas. “Es un fenómeno que atraviesa a todo el país y que tiene que ver con la viralización en redes”, sostuvo Orciani. La funcionaria confirmó que, hasta el momento, entre los responsables identificados “sí, concurren a las instituciones que intentan amedrentar”.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de nuevos mensajes intimidatorios, el gobierno provincial apuesta a que las primeras notificaciones de cobro funcionen como elemento disuasorio para frenar una secuencia que en pocos días alteró la rutina escolar y movilizó una parte significativa del sistema de seguridad pública.