Desde el kirchnerismo confirmaron que, al prorrogar el período de sesiones ordinarias, se puede postergar la aprobación del expediente. La suerte que corran los jueces dependerá del escrutinio y la reconfiguración del sistema político.
«Dictamen va a haber sí o sí pero va a salir después del ballotage», aseveró uno de los diputados que integra la Comisión de Juicio Político en la Cámara Baja en representación del Frente de Todos.
En el mismo sentido, el legislador bromeó sobre el «nerviosismo» que atribuyó a los miembros de la Corte Suprema ante la convocatoria a reunión, comunicada desde la oficina de la diputada Carolina Gaillard, para mañana a las 13. «Se pensaban que íbamos a dictaminar mañana pero, en realidad, es una formalidad porque tenemos que esperar que respondan (Ricardo) Lorenzetti y (Juan Carlos) Maqueda», indicó.
Según fuentes parlamentarias, la situación se habría destrabado porque el presidente Alberto Fernández decretó la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre próximo y, de esa manera, extendió el plazo para que la comisión apruebe o rechace los cargos contra los togados. El jefe de Estado resolvió, así, en la misma sintonía que demandaba el ministro y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien reclamó que lo obrado en Diputados no se mezcle con el último tramo de la campaña electoral.
Hasta donde supo LPO, el tema se trató con precaución extrema. Tanto que los legisladores más comprometidos con la acusación contra los ministros de la Corte le dijeron a este medio que la situación era delicada y no hablarían hasta mañana. El hermetismo fue imperturbable: los opositores carecían de información al cierre de este artículo y uno de ellos se limitó a decir que Massa preferiría que la iniciativa del kirchnerismo se desinflara pero el activismo contra el lawfare los dejaba en un callejón sin salida.
Al respecto, uno de los referentes del oficialismo en la faena de la comisión aseguró que «nunca estuvo en discusión el dictamen contra los jueces», y agregó que «incluso los dos diputados massistas, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, acompañaron los cargos» contra la Corte. Por eso, a su criterio, el planteo interno de Massa para que se demore la fecha del dictamen no conspira contra el compromiso del kirchnerismo con la agenda judicial.
Cerca de la vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo demás, relativizaron la importancia de los rumores e interpretaciones sobre el delicado equilibrio del candidato presidencial oficialista para no ofrecerle a la oposición el flanco de la afectación a la independencia de poderes sin dejar de contener a la base de sustentación que se identifica con la diseñadora de la coalición gubernamental. «No hay nada, no es un tema», contestaron ante la consulta de este portal.
No obstante, la suerte del expediente trasciende la posibilidad de obtener dictamen favorable en la comisión, hecho que se descuenta porque el oficialismo cuenta con 16 integrantes sobre 31. Las hipótesis se bifurcan hacia caminos diferentes según el saldo que arrojen las urnas el 19 de noviembre. «Si Sergio llega a la Presidencia, tendría un año de plazo para elegir el momento de impulsar el tratamiento del juicio político en recinto», ilustró un dirigente peronista con kilometraje probado en arenas jurídicas. Su conjetura insinuaría que ese tiempo podría aprovecharse en pos de construir la mayoría necesaria para la aprobación por dos tercios o no.
Asimismo, el destino del máximo tribunal también depende del vencedor que surja de la segunda vuelta. Mientras que Horacio Rosatti fue explícito en su afinidad conceptual con Massa, dos días después de las elecciones generales, Lorenzetti le atribuyó «populismo judicial» por la coincidencia del presidente de la Corte y el candidato oficialista en la necesidad de edificar «la unidad nacional».
El cimbronazo habría sido tan fuerte que ciertas voces se animan a cuestionar el carácter presuntamente inconmovible de la mayoría que Rosatti habría urdido con Rosenkrantz y Maqueda. «Ahora quedaron 2 – 1 – 1: Rosatti y Rosenkrantz por un lado, Lorenzetti por otro y Maqueda, que está preocupado por la investigación sobre el manejo de la obra social, fue a pedirle ayuda a su amigo (Juan) Schiaretti», argumentan.
De ahí que el gobernador cordobés cuestionara en términos duros el juicio político a la Corte. También por esa razón, Massa aceleró sus gestiones para quitar de su camino en la pelea voto a voto con Javier Milei la resolución del expediente en Diputados. Córdoba es uno de los bastiones antikirchneristas donde el tigrense debe amortiguar la transferencia de voto macrista al libertario.