El juicio oral contra el ex juez federal Marcelo Bailaque quedó en el centro de un fuerte contrapunto entre los fiscales que impulsan la acusación y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda. Los fiscales calificaron de “arbitraria”, “autocontradictoria” y carente de sustento legal la decisión del camarista de frenar una de las tres causas contra Bailaque. Pineda sostiene exactamente lo contrario: afirma que no puede permitir que el proceso avance mientras la Corte Suprema no defina qué Código Procesal Penal corresponde aplicar, porque una eventual condena podría ser declarada nula.

La discusión está concentrada en la causa en la que Bailaque está acusado de haber extorsionado a los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto. En los otros dos expedientes que tiene en su contra —uno vinculado con la derivación de fondos inmovilizados hacia una mutual y otro relacionado con la presunta protección a un narcotraficante— el juicio oral sí avanzará, porque en esos casos quedó firme la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal.

La diferencia, explicó Pineda, está en que en la causa por extorsión la discusión llegó a la Corte Suprema. “Lo que dijo la Cámara Federal de Casación Penal es que la discusión de si se aplica el Código Procesal Penal nuevo o el Código Procesal Penal viejo lo tiene que resolver la Corte Suprema”, señaló.

Los fiscales sostienen que esa circunstancia no justifica paralizar el juicio. En una impugnación extraordinaria presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal cuestionaron con dureza la resolución que Pineda dictó el 25 de agosto y reclamaron que sea revocada.

El eje de la crítica es que, según los acusadores, el camarista tomó una decisión que no había sido solicitada por ninguna de las partes y que, además, contradice lo que él mismo había resuelto pocos meses antes.

La contradicción aparece, según los fiscales, en las audiencias del 27 de mayo, 1° y 3 de junio. En la primera, Pineda había rechazado suspender el trámite mientras la Corte resolvía la cuestión porque una demora podía afectar el “plazo razonable” y el “principio de concentración” del proceso. También había advertido que los tiempos de la Corte podían extenderse durante “meses o años”.

El 1° de junio volvió a rechazar la suspensión porque el recurso de queja ante la Corte “no suspende el proceso”. Dos días después reiteró que esa queja “en principio no tiene efecto suspensivo” y que “no corresponde hacer lugar”.

Ahora, tres meses después, decidió suspender el avance hacia el juicio oral en la causa por extorsión.

Para los fiscales, Pineda no explicó ese cambio de criterio. “Difiere de lo que había resuelto días antes”, señalaron, y cuestionaron que la nueva resolución no explique por qué dejaron de tener peso las razones que el propio camarista había utilizado para rechazar las suspensiones anteriores.

Pineda plantea que el problema es otro. Según explicó, Bailaque tiene tres causas diferentes y en las tres las defensas pidieron que se aplicara el Código Procesal Penal anterior. La Cámara Federal, integrada por tres jueces, rechazó esos planteos y sostuvo que correspondía aplicar el nuevo sistema acusatorio.

“En las tres les rechacé la aplicación del Código Procesal Penal viejo”, explicó Pineda. Y aclaró que no se trató de una decisión exclusivamente suya, sino de una resolución adoptada por la Cámara en forma colegiada.

Pero en una de esas tres causas la discusión continuó hasta la Corte Suprema. Ese dato, para Pineda, cambia el escenario.

“Si se avanza el juicio y se supone que se lo condena a Bailaque y luego la Corte Suprema dice que no se debía aplicar el Código Procesal Penal nuevo sino el viejo, esa condena es nula”, sostuvo. Y agregó que la consecuencia podría ser todavía más grave porque, ante una eventual nulidad, podría entrar en juego el principio que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho.

Para el camarista, entonces, no se trata de beneficiar a Bailaque ni de demorar deliberadamente el proceso. “Hay que respetar esa regla”, afirmó, porque el objetivo es evitar que el juicio termine en una condena que posteriormente deba ser anulada.

Los fiscales responden que ese razonamiento supone convertir una posibilidad futura en una paralización concreta del proceso. En su presentación sostienen que nada impide realizar las audiencias, producir la prueba y desarrollar el juicio. Según esa interpretación, lo único que debería quedar pendiente hasta que la Corte se expida es el dictado de la decisión final.

“Si el temor por el contenido de un fallo futuro basta para paralizar hoy el ejercicio de la acción penal, cualquier recurso pendiente ante cualquier instancia superior se vuelve causal autónoma de suspensión”, advirtieron.

La Fiscalía también cuestionó que Pineda haya dispuesto que el expediente permanezca bajo la órbita del Colegio de Jueces de Garantías. Según los fiscales, ninguna de las partes pidió esa solución. La defensa había planteado la incompetencia del tribunal y, en forma subsidiaria, la suspensión del trámite, mientras que la Fiscalía se había opuesto.

Por eso calificaron esa parte de la resolución como un “exceso de jurisdicción” y afirmaron que el camarista “decidió lo que nadie le pidió y lo que, además, no podía decidir”.

La disputa adquiere especial peso por tratarse de una investigación contra un ex juez federal que permanece detenido con prisión preventiva y enfrenta tres acusaciones diferentes. Pineda intervino en las tres causas y confirmó que dos llegarán al juicio oral mientras que la tercera, la de extorsión, permanecerá detenida hasta que la Corte resuelva la discusión procesal.

Los expedientes

El contrapunto entre fiscales y camarista se produce, además, cuando la propia Justicia Federal de Rosario atraviesa otra revisión interna. Pineda confirmó que la Cámara ordenó auditar los juzgados federales 3 y 4 después de detectar una diferencia de magnitud entre las estadísticas del Ministerio Público Fiscal y las de esos tribunales.

Los fiscales informaron unas 1.180 causas, mientras que los juzgados registraron más de 8.000. La Cámara intimó a los secretarios de ambos tribunales para que expliquen la diferencia y pidió a los fiscales el detalle de los expedientes para realizar un cotejo “uno por uno”.

Pineda señaló que una parte importante de esas miles de causas podrían ser expedientes que ya estaban terminados pero continuaban registrados como activos. Pero también admitió que la auditoría deberá determinar qué ocurrió con aquellas denuncias o investigaciones que, según los fiscales, no les fueron notificadas.

“No notificarla a los fiscales” constituye una irregularidad, reconoció. La revisión deberá determinar si se trata de incumplimientos administrativos o si pueden derivar en responsabilidades mayores.

Así, mientras la Cámara intenta determinar qué ocurrió con miles de expedientes que aparecen como activos en sus registros y no en los del Ministerio Público, el expediente de Bailaque quedó atrapado en otra discusión sobre los tiempos y los límites de la Justicia.

Los fiscales sostienen que Pineda creó una suspensión que la ley no contempla y que contradijo sus propias decisiones. El camarista responde que está evitando una consecuencia todavía más grave: que la Corte determine que se aplicó el código equivocado y que todo un juicio, incluida una eventual condena, quede anulado.

Entre ambas posiciones queda planteada una disputa que excede el expediente Bailaque: cuánto puede demorarse un proceso en nombre de evitar una nulidad futura y hasta dónde puede llegar un juez para anticiparse a una decisión que todavía no existe.