«No hizo lo que tenía que hacer»
Tras el asesinato del empresario sindicado como narco y su novia; la magistrada que estaba en turno en realidad se encontraba en la Costa Atlántica. Ahora piden que se le duplique la pena a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.
La Fiscalía de Cámara pidió que se duplique la pena de la exjueza María Luisa Pérez Vara, sentenciada a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación por «incumplimiento de deberes», tras el crimen de Luis Medina y su novia, Justina Pérez Castelli. El fiscal Guillermo Corbella pidió a la Cámara Penal que le dé el máximo de la condena por ese delito: 2 años, en suspenso; 4 de inhabilitación y 3 para el cumplimiento de reglas de conducta. «No hizo lo que tenía que hacer, y no estaba donde tenía que estar. Fue un accionar doloso», dijo el funcionario judicial, quien recordó que las antenas de telefonía móvil la ubicaron en la Costa Atlántica, mientras debía estar cumpliendo el último turno previo a su jubilación. La defensa de la exmagistrada aseguró que el número de teléfono ubicado en Cariló era usado por su hija, aunque estaba a su nombre; y sostuvo que Pérez Vara estaba en su casa, con problemas de presión. «Ella misma le pidió a otro juez que librara la orden de allanamiento por el caso Medina», dijo su abogado sobre la medida que debía realizarse en el hotel donde Medina estaba hospedado con su pareja. Para la defensa, la sentencia del juez Julio Kesuani es «errónea, arbitraria y habla de que no leyó la causa».
La falta de la ex magistrada (ya jubilada) quedó en evidencia el último día de su turno -en el anterior sistema penal, cuando los jueces investigaban- como titular del Juzgado de Instrucción 5ª. Alrededor de las 6 de la madrugada del 29 de diciembre de 2013, Medina y su pareja, fueron acribillados en Circunvalación y Ayolas, cuando iban a bordo de un Citroën DS3, hacia el hotel ubicado en el predio del casino. Pérez Vara nunca atendió el teléfono. No hubo forma de contactarla hasta entrada la tarde, cuando alegó problemas de salud. Otros jueces y juezas debieron actuar en los primeros momentos de la investigación, para asegurarse colectar la mayor cantidad de pruebas. La causa en su contra se inició como consecuencia de la falta de actuación en los primeros momentos del hecho que generó gran conmoción social, por el tinte mafioso. Por aquellos días, la señal del celular de la exjueza fue captada en Cariló.
Esos fueron los datos que aportó ayer el fiscal Corbella, durante la audiencia de apelación ante los camaristas José Luis Mascali, Javier Beltramone y Guillermo Llaudet, donde la imputada no estuvo presente por problemas de salud. El fiscal habló de «absoluta indiferencia y falta de compromiso, por lo que hubo que buscar jueces subrogantes y se libró la orden de allanamiento cuatro horas más tarde. Hubo un desprecio absoluto por el bien jurídico. Entorpeció el servicio de Justicia», dijo antes de pedir que se revoque la sentencia de mayo pasado y que la condenen a 2 años de prisión en suspenso. Además, el magistrado recordó aquella tarde hubo una comunicación de Pérez Vara con la Alzada, en la que ella manifestó estar enferma, pero «se negó a que le mandaran un médico, se puso nerviosa y cortó».
Por su parte, la defensa sostuvo la teoría de la enfermedad, relacionada con problemas de presión ante la cercanía con la fecha de su jubilación. «No existe dolo: tiene una patología, a sus casi 80 años, ha sufrido. Ese día no se dio cuenta de que había perdido el teléfono del turno. Ella llamó desde su casa a la Cámara. Fue la que llamó al juez Pérez de Urrechu para que haga la orden de allanamiento», aseguró. Al mismo tiempo, dijo que la sentencia de Kesuani es «arbitraria» y reprochó que se hablara del delito de omisión, cuando su cliente fue sobreseída por esa figura. «No hay una ley que diga que la jueza tiene que ir al lugar del hecho», aseguró, para pedir la nulidad de la condena.
Antes de la sentencia penal, desde la Procuración de la Corte Suprema de Justicia se inició una investigación administrativa, que cerró meses después con la aplicación de un multa de 2.950 pesos.
Impune. Medina era conocido como un empresario de la noche; pero también, estaba bajo la lupa como sospechoso de negocios ligados al narcotráfico. «Estaba investigado por la balacera a la casa del exgobernador (Antonio Bonfatti)», agregó la defensa de la jueza. La urgencia por cautelar la prueba por el doble homicidio llevó a que la jueza Raquel Cosgaya actuara en las primeras medidas y luego la causa pasó a manos de Alejandra Rodenas. La investigación por la muerte del empresario de la noche no tiene avances sobre los presuntos autores.