Además, el gobierno disolvió otros organismos culturales y educativos, como el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, fundado en 2011 para promover una visión alternativa de la historia nacional. Estas acciones forman parte de un plan más amplio de ajuste que afecta a múltiples áreas del Estado.

En el ámbito educativo, las universidades públicas enfrentan una crisis sin precedentes debido al congelamiento de presupuestos y la falta de actualización de salarios docentes. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, declaró la emergencia presupuestaria en abril de 2024, advirtiendo que solo podría continuar sus actividades hasta mediados de año.

Estas políticas generaron una fuerte reacción en la sociedad, con masivas movilizaciones en defensa de la educación y la cultura pública. El 23 de abril de 2024, estudiantes, docentes y trabajadores de la cultura marcharon en todo el país para protestar contra los recortes y exigir la restitución de fondos.

El ajuste también impactó en los programas de becas y subsidios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la reducción de las transferencias a las provincias han dejado a miles de docentes y estudiantes en una situación crítica.

Organizaciones de derechos humanos y referentes culturales expresaron su preocupación por el desmantelamiento de políticas de memoria y la censura de contenidos educativos. El cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA, es un ejemplo de cómo el gobierno ha atacado espacios dedicados a la preservación de la memoria histórica.

En resumen, el gobierno de Javier Milei avanza con un plan de ajuste que desmantela instituciones clave para la cultura y la educación en Argentina, generando un retroceso en derechos y libertades que afecta a toda la sociedad.