El decreto establece que la SIDE volverá a ocupar un rol central dentro del sistema de inteligencia argentino y coordinará distintas áreas especializadas, entre ellas el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia.

Según el Gobierno, el objetivo es mejorar la coordinación entre organismos del Estado y fortalecer las capacidades frente a amenazas como el crimen organizado o los ataques informáticos.

Sin embargo, el punto más controvertido es la ampliación de facultades operativas para los agentes de inteligencia. La reforma contempla que, en determinadas circunstancias y ante situaciones de flagrancia, personal del organismo pueda aprehender personas durante operativos, con posterior intervención de las fuerzas de seguridad.

Para críticos y especialistas en derecho público, esta modificación abre un terreno delicado al otorgar funciones que históricamente estuvieron reservadas a las fuerzas policiales.

Desde distintos sectores políticos advirtieron que la decisión revive viejos fantasmas vinculados al poder de los servicios de inteligencia en la Argentina. También cuestionan que una reforma de este alcance se haya realizado por decreto y sin debate en el Congreso.

Mientras el oficialismo defiende la medida como una actualización necesaria del sistema, la oposición acusa al Gobierno de Milei de concentrar poder en un organismo históricamente asociado a la opacidad y al manejo político de la información sensible del Estado.