El diputado nacional de JxC también designó a un abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la Vicepresidenta.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman se «autoimputó» en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en la cual se lo investiga por una alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso Nacional.
Asimismo, Milman designó abogado defensor. Será Manuel Barros, que supo ser defensor de Gendarmería y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, según afirmó en su cuenta de Twitter Sergio Maldonado, y la jueza federal María Eugenia Capuchetti lo tuvo por aceptado, informaron a Télam fuentes judiciales.
La decisión de Milman, que no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora el diputado nacional quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una «autoimputación».
«Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)», sostuvo Milman en la presentación a la que accedió Télam.
Esta decisión fue apelada y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre pasado. Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado, mientras que la Ley de Fueros establece que para avanzar en una medidas de estas características se le debería imputar al legislador la comisión de un delito.
La denominada «pista Milman» se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada. La medida del secuestro del celular, que hasta ahora fue rechazada por la jueza, también fue reclamada la semana pasada por el fiscal Carlos Rívolo, en una posición sostenida por el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe.
La exsecretaria de Milman, Ivana Bohdziewicz declaró que el legislador le había facilitado un «perito» para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich. Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que el testigo Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.
La llamada «pista Milman» está bajo investigación en la causa que tiene delegada el fiscal Rívolo, quien el lunes pasado pidió enviar a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y como «partícipe secundario», Gabriel Carrizo.