Los ejecutivos de la brasileña acordaron con la justicia de casi todos países. Pero en Argentina nadie los recibe
Argentina es uno de los pocos países del mundo donde la constructora brasileña Odebrecht no logró cerrar sus causas judiciales por el pago de coimas, que estallaron en todo el mundo y tuvieron dos años y medio preso a su dueño, Marcelo Odebrecht.
Junto a su liberación, los nuevos ejecutivos de la compañía avanzan en un proceso de reestructuración global junto al departamento de justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, para poder regresar a los negocios.
Consiste en cumplir con la justicia de cada país en el que pagó sobornos, entregando los nombres, montos y circuitos de los involucrados en las coimas. Además de pagar las multas pertinentes. Lograron cerrar los casos en Brasil, Suiza, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador y Panamá. El más reciente fue el de Guatemala, que involucran al ex candidato a presidente, Manuel Antonio Baldizón Méndez.
Pero la Argentina es uno de los pocos países donde no logran despertar el interés del Gobierno por ir a fondo, junto a Angola y Venezuela. Hasta en México, otro de los más rezagados en revisar la corrupción pasada de la multinacional brasileña, fueron un poco más proactivos.
No fue suficiente que los empresarios involucrados hayan confesado ante la SEC haber pagado coimas por 35 millones de dólares en Argentina. Una cifra que en el mercado local estiman que en rigor fue de 500 millones de dólares, que es apenas el 10 por ciento del mondo de los contratos recibidos durante el kirchnerismo.
Los nuevos ejecutivos de la multinacional brasileña en el país le avisaron por todos los canales posibles al Gobierno que están dispuestos a acercar más información de la conocida sobre la ruta de las coimas y hasta ofrecen que el propio Marcelo Odebrecht amplie su declaración ante la justicia, enfocándose especialmente en el capítulo argentino.
De hecho, esta semana el Tribunal superior de Justicia de Brasil abrió una investigación sobre el financiamiento del soterramiento del Sarmiento, una de las obras más grandes de la constructora en el país y de las que más preocupan a la Casa Rosada.
Pero al Gobierno no parece interesarle darle un final a este escándalo y dejó en la nada todas sus muy promocionadas iniciativas para conocer la verdad de las coimas pagadas en el país. Hasta ahora se limitó a eliminar temporalmente a la empresa del registro de contratistas de obra pública y pidió a Guillermo Dietrich y Juan José Aranguren investigar su tarea en el país.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, desinfló a cero su ímpetu inicial de avanzar en acuerdos con los gerentes brasileños para al menos tener la información de las coimas pagadas, luego que fracasara su pretensión de que toda la información de las eventuales confesiones fuera administrada por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien tuvo que explicarle que eso era directamente ilegal.
Macri por su parte pareció desinteresarse del asunto cuando logró que la multinacional brasileña abandonara la mega obra del soterramiento del Sarmiento, para que quedara centralmente en manos de la italiana Ghella, socia de Iecsa, la firma que su primo Angelo Calcaterra vendió a Marcelo Mindlin, otro de los empresarios cercanos al presidente.
Fuentes al tanto de las conversaciones, afirmaron a LPO que Macri no quiere avanzar por la vía de las confesiones porque teme que se desate una crisis política de alcances impredecibles. No sólo porque el caso roza a su primo, sino a empresarios de primera línea de la obra pública que hoy llevan adelante proyectos del gobierno, sino hasta figuras políticas aliadas y hasta funcionarios de Cambiemos.
Una vez conocidos todas las coimas pagadas por la brasileña en el país, la expansión del caso podría alcanzar a figuras como el cordobés José Manuel de la Sota, que tiene un vínculo histórico con Odebrecht desde su época de embajador en Brasil y lo continuó como gobernador. De hecho la firma brasileña está a cargo de la multimillonaria obra de los gasoductos en la provincia. Curiosamente, hace más de un año que De la Sota se retiró d ela política activa.
Pero una expansión del escándalo también podría golpear a figuras muy cercanas al bloque oficial, como al actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, acusado de recibir coimas de la constructora y beneficiado con el cierre express de la investigación por parte del cuestionado juez federal, Rodolfo Canicoba Corral.
Y no es el único caso. El actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, fue el vínculo de Odebrecht con Daniel Scioli cuando el entonces candidato presidencial lo nombró asesor General de la provincia
Y así podrían aparecer otros nombres incómodos y un final impredecible, como el que casi le cuesta el cargo al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Macri prefiere evitarlo.