El desfinanciamiento de la universidad pública durante el gobierno de Javier Milei profundizó la crisis presupuestaria y salarial del sistema universitario argentino. Así lo sostiene un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte sobre un recorte real superior al 40 por ciento en los fondos destinados a las universidades nacionales y una pérdida histórica del poder adquisitivo de docentes y no docentes.

El trabajo coincide con la realización de la cuarta movilización nacional en defensa de la educación superior y reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El trabajo, titulado “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, analiza el impacto de la negativa del Gobierno nacional a aplicar la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en 2025 para recomponer partidas presupuestarias y salarios universitarios. Según el informe, la norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, luego ratificada por ambas cámaras y finalmente suspendida mediante un decreto presidencial.

El CEPA sostiene que, entre 2023 y 2025, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una caída real del 32,5 por ciento y que, proyectado a 2026, el deterioro acumulado alcanza el 41,6 por ciento respecto de 2023.

El estudio señala que, de haberse aplicado la ley votada por el Congreso, el presupuesto universitario habría recuperado prácticamente los niveles previos al ajuste. Sin embargo, el proyecto alternativo impulsado por el Gobierno consolidaría el recorte, dejando los recursos universitarios un 35,1 por ciento por debajo de lo previsto en la legislación aprobada.

La situación salarial aparece como otro de los puntos críticos. El informe indica que los salarios reales de docentes y no docentes perdieron 34,2 por ciento de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y abril de 2026. La mayor caída se produjo durante los primeros meses de gestión libertaria, cuando la inflación acumulada superó ampliamente las actualizaciones salariales.

Según el CEPA, en marzo de 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los trabajadores no docentes de las categorías más altas lograban superar la línea de pobreza. El resto de los cargos quedó por debajo de la Canasta Básica Total y, en muchos casos, incluso por debajo de la línea de indigencia.

El informe también cuestiona la propuesta salarial del Gobierno nacional, que prevé aumentos escalonados de apenas 12,3 por ciento durante 2026, muy por debajo de la inflación proyectada para el período. Según el análisis, lejos de recomponer ingresos, esa política profundizará el deterioro salarial en el sector universitario.

Entre las conclusiones, el CEPA advierte que el ajuste presupuestario y salarial amenaza el funcionamiento de las universidades públicas, los hospitales universitarios, las tareas de investigación científica y los programas de extensión. Además, sostiene que la política oficial consolida un escenario de precarización laboral y deterioro estructural de uno de los principales sistemas públicos de educación superior de América Latina.