Y de hecho, por muy ridículo que parezca, nuestro país, que alguna vez fue conocido como el “granero del mundo” por su impresionante capacidad de producción y exportación agropecuaria, terminó degenerando en una suerte de ciruja internacional ante el resto de los países, tal como anunció recientemente el Gobierno, que decidió no renovar dos decretos que prohibían la exportación de desechos metálicos y no ferrosos.

Desde 2009, Argentina había experimentado un marco normativo restrictivo que limitaba la exportación de chatarra. El objetivo de enfoque radicaba en la necesidad de proteger la industria siderúrgica local, que, argumentaban las antiguas autoridades, requería de un suministro constante de estos insumos para su funcionamiento.

Pero según el ministro Federico Sturzenegger, la decisión de dar de baja los decretos y permitir nuevamente la exportación de chatarra, cual cartoneros internacionales, tiene dos motivos: fomentar el reciclaje, abrir nuevos mercados internacionales y generar oportunidades para pequeñas empresas.

Tal enfoque, que podría ser creíble si viniera de otra gestión, reflejaría una mayor apertura a la inversión y al desarrollo sostenible en el sector del reciclaje, en contraposición a las políticas proteccionistas predilectas en administraciones anteriores.

Sin embargo, resulta poco convincente la justificación de esta política venga justamente de la mano del reciclaje y la óptica sustentable, cuando el mismísimo “Presiduende” es un empedernido detractor de la mirada ambientalista, al punto que cual terraplanista desquiciado, se niega a aceptar el cambio climático.

También la presunta justificación relativa a la reactivación de las pymes suena cuanto menos atada con alambra, cuando se tiene en cuenta que el tendal que ha dejado de pequeñas y medianas empresas descuajeringadas la gestión de Javier Milei solo encuentra comparación con las cifras de la devastación causada por la pandemia de Covid-19.

Lo que realmente representa el nuevo esquema que comenzará a regir a partir del incipiente 2025 es nada más ni nada menos que otro paso en el plan del pelado antinacional Sturzenegger de dejar totalmente desprotegidas a las industrias nacionales, con beneplácito para los capitales extranjeros. Bajo la excusa de beneficiar a un puñado de supuestas pymes que reciclan chatarra, se esconde un nuevo golpe a la industria metalúrgica, la principal consumidora de residuos, y que viene de mal en peor desde la llegada de “Jamoncito” a la Casa Rosada.