La estafa que involucra a una agencia financiera de la city rosarina, y por la que hay al menos 27 denunciantes que reclaman alrededor de 4 millones de dólares, sigue supurando revelaciones que ilustran el lado oscuro del dinero que circula en la ciudad, que acaparan firmas de renombre, fondos que los aportantes no siempre pueden explicar con transparencia, y un desfalco de vez en cuando, como los tantos que explotaron en los últimos años. Pero a pesar de todo eso, la investigación penal viene lenta, y para los damnificados eso se debe al calibre de apellidos y empresas que involucra.

Rosario/12 dio cuenta de esta causa en su primera edición del año, a partir de un pedido de informes que el diputado Carlos Del Frade ingresó en Legislatura. La publicación removió el avispero e inquietó a jugadores de la plaza que prefieren que el caso quede en la neblina de los delitos económicos impunes que acumulan Rosario y sus fuerzas vivas.

Pero el –hasta ahora– único imputado de la causa, Luis Roatta, habló con este medio para contar su versión y asegurar que el caso incomoda a buena parte del establishment vernáculo, de los negocios, la Justicia y de la política también. Y que por esa razón se encuentra en un limbo judicial en el que no logra llegar a juicio pese a haber transcurrido 17 meses preso en una celda común, desapoderado de bienes que reclama como legítimos, y solo tiene en concreto las amenazas que recibe para que cese en su testimonio que intenta destapar el trasfondo de esta malversación de fondos.

Amenazas de muerte que lo hicieron abandonar el país en febrero de 2021, lo que define como un exilio forzoso que al culminar le valió su encarcelamiento.

Roatta atendió a este medio en la casa que fuera de sus padres, en Echesortu, y que el exfiscal –ahora juez de Cámara de Apelaciones en lo Penal– Miguel Moreno hizo allanar en abril de 2023, donde también lo detuvo por este caso de estafas desde la consultora de inversiones CIAG, con oficina en el 5º piso del Palacio Minetti, sobre peatonal Córdoba.

Cómo descubrió la maniobra

Este financista, hoy de 53 años, contó que conoció al titular de CIAG, Juan Carlos Culhane y a su esposa, Paola Allegranza, como cliente, confiándole sus primeras inversiones en dólares.

La atracción que detentaba Culhane –fallecido en 2017, continuado por su esposa– era ofrecer la apertura de subcuentas en Rosental Inversiones, cruzando la peatonal, con la posibilidad de hacer retiros en cualquier momento, sin las condiciones del sistema bancario y a un interés razonable que oscilaba entre 3% y 4% anual en dólares.

Con el tiempo, y acaso por su habilidad para desempeñarse en el mundo de las finanzas, Culhane lo sumó a la oficina para que lo ayude en la operatoria.

Ante el Ministerio Público de la Acusación en noviembre pasado, y esta semana en diálogo con Rosario/12, Roatta se presentó como alguien que, a fines de 2020, descubrió una maniobra de administración fraudulenta en la oficina ya por entonces a cargo de Allegranza.

Los damnificados que consultó este medio se preguntan por qué Fiscalía no citó ni siquiera a brindar declaración testimonial a Allegranza, quien pese a todo sigue con su vida normal y ajena al proceso.

Roatta aseguró que fue él quien descubrió que el dinero que los inversores le habían confiado a CIAG para recalar en una subcuenta de Rosental había desaparecido en su mayor parte. Según afirmó, sus empleadores venían disponiendo de esas colocaciones para adquirir diversos y cuantiosos bienes a través de sociedades off shore.

Los bienes para investigar

Los bienes que deberían estar bajo la lupa de fiscalía son un piso de oficina y departamento en Córdoba al 600, habitaciones en la modalidad “condo hotel” en los Dazzler de Lima (Perú) y Asunción (Paraguay), locales comerciales en el Hotel Esplendor, de Asunción; un departamento en Maldonado (Uruguay), propiedades en Chacras del Pinar, Punta del Este, un loft, una cochera y una cuna náutica en Forum Puerto Norte, cocheras en Ciudad Ribera, lotes en Solares del Carcarañá (Maciel) y varios terrenos en loteos de Tierra de Sueños SRL.

También son materia de investigación contratos y papeles que indican un vínculo con las sociedades Asunción Investments, y Vasconcellos Hospitality Operation Ltd, con sede en Islas Vírgenes.

Tales bienes quedaron en la órbita de negocios gestionados desde Rosental Inversiones y del Estudio Casiello, escribanía, según consta en documentación de prueba a la que este diario tuvo acceso.

Nunca hubo inconvenientes en cumplir ante cada solicitud de retiro de dinero; hasta que en la pandemia –con la actividad económica paralizada– demasiados clientes acudieron a reclamar sus reservas.

La hora de los damnificados

Ahí Roatta asegura que detectó la estafa. Hay 27 denunciantes, y 34 cuentas denunciadas por vaciamiento.

Dijo Roatta que intentó subsanar el daño, que recibió amenazas de clientes desesperados y que, por miedo, decidió irse del país en febrero de 2021. Desde el exterior, aseguró, contactó a casi la totalidad de los ahorristas para advertirles lo que había encontrado.

El relato avanzó entre fechas, audiencias y allanamientos. Contó su regreso al país en 2022, siempre de manera legal, y su insistencia en que los damnificados recuperaran el dinero.

Afirmó que Allegranza nunca respondió sus llamados y que, en cambio, recibió amenazas de un reconocido abogado en nombre de la mujer. Poco después, en abril de 2023, comenzaron los allanamientos: primero en la casa de su madre, luego en los domicilios de sus hermanas.

“Buscaban grandes sumas de dinero que nunca existieron”, dijo. También relató la incautación de una camioneta RAM que, según afirmó, había sido comprada de manera absolutamente legal.

El chivo expiatorio

El 30 de junio de 2023 fue detenido. Para alguien que, según repitió varias veces, nunca había pisado una comisaría, el ingreso al sistema penal fue abrupto. Vinieron las audiencias imputativas, las acusaciones por lavado de dinero, bienes que aseguró no le pertenecían y una prisión preventiva que se fue extendiendo pese a informes médicos que advertían sobre su salud. Roatta padece una enfermedad respiratoria crónica y denunció que la cárcel agravó su cuadro.

En su declaración, insistió una y otra vez en una idea central: se ofreció siempre como colaborador, pero no fue escuchado. Dijo haber brindado una ampliación de declaración de más de tres horas, detallando cómo se había montado la maniobra, dónde estaban los bienes ocultos y quiénes eran los verdaderos responsables.

Según su versión, la fiscalía no incorporó ese material y, durante más de dos años, ni siquiera peritó computadoras, teléfonos y sistemas secuestrados en los allanamientos.

El momento más oscuro de su relato llegó con una fecha: 21 de agosto de 2024. Ese día, mientras él seguía detenido, murió su madre. “Para descanso”, dijo, con una mezcla de culpa y resignación. Poco después, aceptó una suspensión de juicio a prueba. No porque se declarara culpable, aclaró, sino porque quería recuperar la libertad y atravesar el duelo fuera de una celda. En esa audiencia, aseguró haber denunciado a la fiscalía de Moreno por extorsión y haber dicho en voz alta lo que pensaba: o hubo incompetencia grave o connivencia con intereses poderosos de Rosario.

Las pruebas de la estafa

Ya en libertad, Roatta retomó contacto con damnificados y con el propietario del inmueble donde funcionaba la financiera. Según contó, allí apareció una gran cantidad de documentación que, a su entender, prueba la estafa y la malversación. Se sumaron nuevas denuncias, incluso la de su propia hermana. También nuevas testimoniales. Y, recién en noviembre de 2025, la sorpresa: los sistemas secuestrados desde abril de 2023 seguían sin ser peritados.

El cierre de su exposición fue el más inquietante. Denunció amenazas actuales, sabotajes en la vivienda familiar y la falta de cualquier medida de protección. Dijo no buscar venganza ni revancha personal, sino algo más simple y, a la vez, más esquivo: que se investigue a quienes señala como responsables, que los ahorristas recuperen su dinero y que alguien explique cómo una causa así pudo avanzar durante años sin mirar –según él– en la dirección correcta.

Investigación sin impulso

“Me van a tener que matar para pararme”, lanzó, casi como una promesa. No sonó a bravuconada. Sonó al final de un camino largo, marcado por la certeza de que, para Roatta, esta historia todavía está lejos de terminar.

Con Miguel Moreno promovido a juez de Cámara, la causa quedó en manos del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja. No solo Roatta, también los denunciantes, se quejan de que la investigación avanzó poco: no se impulsaron medidas de prueba relevantes y permanece prácticamente paralizada.