En época de regalos, la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA recibió lo que, para algunos, es un presente navideño. “Confirma lo que fuimos revelando”, dice Sabrina Selva, a la hora de balancear el año en una charla con Buenos Aires/12. La diputada nacional bonaerense integra la comisión y fue una de las principales cabezas en la recopilación de información sobre los movimientos en las billeteras cripto que arrojaron los vínculos con asesores de Javier Milei.

Por eso, desde la mirada de la dirigente del partido de Mercedes, la Justicia tiene todos los elementos para avanzar en una línea de investigación sobre el rol del Presidente, algo que hasta el momento el fiscal a cargo, Eduardo Taiano, no impulsó. Desde la Comisión, presentaron un informe que explica el rol de, entre otros, Mauricio Novelli, habitué de la Quinta de Olivos y Casa Rosada.

También el de otras figuras vinculadas a Milei, como Manuel Terrones Godoy y el asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, que habla en nombre del gobierno en foros tecnológicos. De todas maneras, la legisladora del Frente Renovador advierte cómo desde la presidencia de la Cámara de Diputados a cargo de Martín Menem, se hizo todo lo posible para dilatar y entorpecer el funcionamiento de la comisión durante meses.

Ahora, el nuevo dato publicado por el diario Clarín es que Milei firmó un convenio con el empresario estadounidense Hayden Davis, actor principal del desarrollo de la criptomoneda $LIBRA que “estafó” por millones de dólares a argentinos y extranjeros, donde lo nombra representante del Estado argentino en materia de criptomoneda ante el mundo. Habría sido rubricado el mismo 30 de enero que Milei sube la foto con Davis, quince días antes del histórico tuit de Milei con el número de contrato de $LIBRA.

A pesar de toda la documentación presentada por el informe de la Comisión, Selva asegura que Taiano no trabaja con la perspectiva de resolver el caso.

—¿Por qué?

—Cuando nosotros empezamos a avanzar, remitíamos todas las pruebas a la Justicia. La realidad es que el fiscal empezó a correr detrás nuestro. Entre otras cosas, conseguimos la documentación donde queda claro, por ejemplo, que Novelli abre una cueva cripto un día antes de abrir las cajas de seguridad en el banco. Incorporamos pruebas y la querella pidió la detención de Novelli y Terrones Godoy, dos tipos que movieron millones de dólares entre agosto y noviembre de este año. El fiscal denegó la prisión preventiva y también que no salgan al exterior. La verdad es que Identificamos las billeteras de Novelli, Hayden Davis, Terrones Godoy y Morales. Llevamos todo antes del informe final, pero hizo caso omiso a todo lo que enviamos porque no hay una sola línea en la investigación judicial respecto a la responsabilidad que tiene el Presidente.

—¿Qué significó la publicación del dato de este contrato formado entre Davis y Milei?

—De alguna manera fue un alivio. Confirma lo que fuimos revelando en la comisión. No solo revelamos que Milei firmó un acuerdo de cooperación con todas estas personas que te nombraba a través de un representante que fue Sergio Morales, sino que comprobamos las transacciones producto de ese acuerdo firmado para monetizar la imagen del Presidente. Ahí estaba incluido que Davis se convertía en el representante del Estado Argentino en el mundo blockchain. Ahora, el acuerdo que hace alusión la tapa de Clarín, es un acuerdo específico que confirma lo que advertimos. Y eso se lo entregamos a la Justicia en noviembre. Mostramos que dos periodistas expusieron dos transferencias por 250 mil dólares y 300 mil dólares entre el 21 de noviembre de 2024 y el 17 de enero de 2025 que muestra el acuerdo previo para monetizar la imagen de Milei con estos actores. Nosotros trazamos esas transacciones y obtuvimos la titularidad de quien fue ese dinero y eran Novelli, Morales y Mario Mudbay, miembro de la Fundación Bitcoin. Está todo trazado y explicado en un informe. Además, el 30 de enero, Milei y Davis habrían firmado el acuerdo que confirma a Davis como representante y Milei presentándolo en X. En sí, la tapa de Clarín termina poniendo un moño a la investigación de la comisión.

—¿Cómo se accedió a la documentación?

—Nosotros aprobamos un reglamento donde no nos arrogamos facultades jurisdiccionales, pero sí le dimos la potestad al presidente de la comisión de solicitar documentación y librar oficios en nombre de la comisión. Es como la comisión de juicio político. Eso nos permitió solicitar pruebas y citar testigos, aunque en esto último no nos fue también porque no vino nadie. Pero sí le pedimos a distintas exchange que nos den la información de algunas titularidades de billeteras. Algunas se negaron. La cuestión es que hoy se sabe todo, y el fiscal Taiano tiene todo. La realidad es que lo que avanzamos en tres meses la Justicia no lo hizo en un año. Para esto, hay una decisión política de Taiano.

—¿Siempre fue igual el comportamiento de la Justicia?

—Para eso hay que hacer un breve recorrido. El 14 de febrero Milei tuiteó. Después de eso, hubo distintas denuncias de querellantes, es decir, personas damnificadas que dicen que las estafaron. Automáticamente, la Oficina Anticorrupción abre una investigación, una investigación entre comillas, a la que nunca tuvimos acceso a su resultado y solo a la resolución que decía que se cerró a menos de dos meses iniciar. También se creó una unidad investigadora que redacta un informe donde deslinda de responsabilidades a Milei. Mientras tanto, queríamos habilitar la comisión y la causa en la Justicia seguía dormida.

—Y se habilitó.

—Sí, pero cuando se destraba y empieza a funcionar, la jueza Servini de Cubría se declara incompetente y se toma licencia, y la causa pasa a cargo de Ariel Lijo. Ahí insistimos con el primer pedido que habíamos presentado que solicitaba ver el contenido de los informes de la unidad investigadora y la Oficina Anticorrupción. Teníamos la esperanza de citar funcionarios con uso de fuerza pública, porque Lijo tenía antecedentes positivos al respecto. Pero Lijo también se declara incompetente. Allí, la Cámara resuelve que la causa quede en manos del juez Martínez de Giorgi, que se excusa, pero la Cámara se lo rechaza. Entonces, queda claro que lo primero que hizo la Justicia cuando se conformó la comisión fue revolearse la causa. Después de eso, De Giorgi delega la instrucción de la causa en Taiano.

—¿Por qué tardó tanto en empezar a funcionar la comisión?

—Siempre hay que recordar que vimos al presidente Milei promocionando una estafa en primera persona en su tuit. Lo contundente fue lo evidente. Remarco lo de estafa, por más que el Presidente lo niegue con argumentos que para mí son poco serios. El engaño de $LIBRA estuvo en que Milei la promovió como un proyecto de inversión para las pymes, y eso no existió. Se vio fue al Presidente, en primera persona, cometiendo un delito. Vimos como el presidente de la Cámara, Martín Menem, reposteaba la publicación, y hasta una diputada oficialista aclaró que no era una estafa. Nuestra primera opción fue impulsar el juicio político, pero fracasó porque Menem no reconoce la conformación de la comisión. En ese contexto, surge la propuesta del bloque Democracia para Siempre de conformar una comisión de investigación. Nosotros accedemos, considerando que era herramienta que exhibe nuestro poder de contralor desde el Congreso.

—¿Cuándo?

—En abril.

—Pero se constituyó en septiembre.

—Para llegar a eso, las sesiones se caían. Cuando aprobamos la resolución estuvo la integración fraudulenta con la maniobra de Menem creando interbloque bloques para empatar la comisión. Pensá que pasó en febrero y constituimos la comisión en septiembre. Fueron meses de bloqueo. Menem nos negó todo, hasta que logramos desempatar la integración aprobando el reglamento de la comisión. Claramente mostró que el tema le molestaba al gobierno.

—¿Cómo sigue el rol de la comisión?

—La comisión venció su mandato el día que presentó el informe final. Los diputados que la integramos consideramos que hay que reabrirla y presentaremos el proyecto cuando comiencen las sesiones ordinarias. Hay pruebas para seguir ejerciendo nuestro poder de contralor ante una Justicia inactiva. Hoy la Justicia tiene información contundente que la obliga a indagar sobre el rol del Presidente. Todavía no hay una línea al respecto, pero entendemos que hay pruebas contundentes de sobra. Sin tuit de Milei, no había estafa.

—¿El peronismo bonaerense va a alcanzar un reordenamiento de cara al 2027?

—Creo que el escenario para la provincia es muy complejo. Hay una decisión del gobierno nacional de ahogarla, por la deuda de 12,9 billones de pesos y por confrontar con quien más sintetizó la oposición a Milei que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el peronismo está obligado a darse un ordenamiento que no creo que se resuelva con la interna del PJ, porque creo que no se resuelve mirándonos el ombligo. Lo que tiene que hacer el peronismo es salir a conectar con la gente. El peronismo tiene su máximo problema en la falta de síntesis. El desafío es que hoy esa síntesis no es una persona. El peronismo tiene que entender que no hay una única persona que lo sintetice, y eso algunos sectores no lo aceptan.

—¿Cómo se percibe el impacto del modelo de Milei en Mercedes?

—Mercedes no es ajena a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Pese a ser una ciudad del interior, es una ciudad mayoritariamente administrativa, con muchos trabajadores en el Poder Judicial, la municipalidad, pero también en el comercio. Ahí lo que se ve es la caída del consumo. Escuché a Milei decir que el error nuestro la manera diferente interpretar cambios en económicos y que sólo leemos índices de lo que no venden comercios y no lo que aumenta venta en plataformas virtuales. Siempre está distorsionando variables. En Mercedes se ve la baja del consumo, donde se padece el aumento de tarifas de luz y gas. Eso se traduce en caída de recaudación municipal, teniendo menos recursos para afrontar obligaciones. Lo que se ve es cómo el bolsillo no le alcanza. Muchos mercedinos trabajaban en La Suipachense y perdieron su empleo semanas atrás. Esa es la realidad.