La Corte Suprema tendrá 7 miembros, sus integrantes cesarán automáticamente en sus funciones al cumplir 75 años salvo que el gobernador vuelva a proponer sus pliegos y los mismos sean aprobados en la Legislatura, en el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados se incluirá una instancia donde se pueden incluir preguntas y observaciones de la ciudadanía, y los mismos –como todo el resto de los integrantes del Poder Judicial– deberán ir a trabajar diariamente a sus despachos.

Esas son las novedades principales que introduce en el funcionamiento del máximo tribunal de la Justicia santafesina la ley que, luego de un acuerdo gestado por la mañana en un plenario de comisiones, se aprestaba a aprobar este jueves a la tarde la Cámara de Diputados provincial y la semana próxima será validada por el Senado.

El texto acordado en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda toma como base el proyecto presentado por el socialista Joaquín Blanco pero incorpora puntos incluidos en otros, como el del diputado de Creo Ariel Bermúdez y el del Frente Amplio por la Soberanía Fabián Palo Oliver. Es el único dictamen ya que el perottismo, que tenía su propio proyecto, también lo firmó, aunque en disidencia.

En los hechos, la ampliación de la Corte permitirá al gobernador Maximiliano Pullaro cumplir al menos en parte su objetivo de producir un recambio en la integración del tribunal: si bien no están las cinco vacantes que pretendía al asumir, habrá tres y se habilitará la posibilidad de que se genere una nueva mayoría con criterios diferentes a los actuales. En cuanto a la edad límite de 75 años que establece la nueva norma, la misma no corre para los cortesanos actuales sino para los futuros.

Si bien esta ley suma un nuevo ministro a la actual integración de seis que tiene el tribunal y se crean cargos que buscan producir una descentralización de su trabajo, en el dictamen también se especifica que esto se debe hacer sin aumentar la partida presupuestaria. Lo que se propone entonces, explicó a Rosario3 una fuente legislativa de Unidos, es readecuar puestos que actualmente están vacantes.

En cuanto a la conformación de la Corte en sí, esta norma, que es modificatoria de la ley orgánica del Poder Judicial, incorpora el concepto de paridad de género. Se debe “procurar” que la integración del tribunal, sostiene en el artículo 1, cumpla “el principio de paridad de género” y refleje la “diversa procedencia regional”.  Además, especifica que para funcionar “válidamente” la Corte debe tener como mínimo cuatro integrantes designados.

Los futuros jueces de la Corte cesarán en sus funciones automáticamente al cumplir 75 años. Así, se evita que se repita el actual conflicto que tiene a tres de magistrados que tienen más de esa edad, que es la que fija como límite la Constitución nacional, resistiendo dejar sus cargos: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler. Los otros dos que están en esa situación, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, sí anticiparon sus renuncias: el primero desde fin de año, la segunda desde abril de 2025.

El gobernador tiene la posibilidad de volver a proponer a los magistrados que cumplan 75: los pliegos deben pasar, como en cualquier caso, el filtro de la Asamblea Legislativa y su permanencia en el tribunal será por cinco años más.

En el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte se agrega la obligación, en el marco del proceso que lleva adelante a comisión de Acuerdos, de abrir una instancia en la que la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil puedan realizar preguntas y observaciones sobre los pliegos de los postulantes.

En cuanto al quórum, para la conformación del mismo la Corte deberá reunir a la mayoría de sus integrantes designados. Para la emisión de un pronunciamiento válido, en tanto, se requerirá “un número de votos que requerirá la mayoría de los ministros que la integran”.

Una novedad importante que incorpora la nueva ley son las audiencias públicas a la que la Corte puede convocar con la idea de que los jueces puedan conocer la opinión de la ciudadanía sobre las decisiones que deben tomar.

El objetivo es “elevar la calidad institucional”, algo a lo que también apunta otro artículo, el 6, que la Corte debe “presentar y publicar en el portal web del Poder Judicial, en el marco de los principios de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas, un informe de gestión de su administración durante el año judicial”.

En cuanto al personal de gestión del tribunal, se agregan a las secretarías de Gobierno y Técnica dos prosecretarías, con la idea de que se puedan descentralizar funciones de ambas áreas. El punto busca quitarle poder, más que nada, al secretario de Gobierno, cargo que hoy ocupa Eduardo Bodas, un verdadero hombre fuerte dentro de la estructura del Poder Judicial.

La creación de los nuevos cargos, especifica el artículo 10, “deberá llevarse a cabo sin incrementar la dotación del personal vigente ni la partida asignada” en el presupuesto provincial.