«No me voy a entregar con estos tipos. No voy a ser un preso político más, prefiero ser un fugado político», adelantó el empresario de la carne Alberto Samid tras recibir una orden de detención en el marco del juicio por asociación ilícita y evasión fiscal que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que en marzo inició el proceso contra Samid, parte de su familia y otros empresarios frigoríficos por una denuncia hecha en 1996 por la entonces DGI. El «Rey de la carne» hizo su descargo en una entrevista televisiva en la que denunció un pedido de extorsión por 1.800.000 de dólares por parte del fiscal Gabriel Pérez Barberá.
«Cuando (Carlos) Stornelli vaya a declarar a Dolores y entregue su teléfono celular, yo me voy a presentar. ¡Esa es la justicia de Comodoro Py! Ellos no respetan la justicia, ¿yo la tengo que respetar?», desafió un exaltado Samid, en diálogo con C5N, e insistió con que no iría a las audiencias finales del juicio oral ante el TOP 1. «Me quieren mandar a tomar agua podrida con los muchachos a Ezeiza», apuntó el dirigente peronista en referencia a los empresarios ligados al kirchnerismo detenidos.
El abogado defensor de Samid, Vicente D’Attoli, se mostró menos preocupado por la posible detención, al precisar que no fue declarado en rebeldía sino que se lo está obligando a comparecer por la fuerza, y dijo desconocer el pedido de extorsión de parte del fiscal, quien en sus alegatos pidió 6 años de prisión para el empresario. El motivo que impulsó la orden del TOP 1 fue la ausencia de Samid en las audiencias del domingo pasado y de este miércoles, 23 años después de la denuncia original.
El TOP 1 integrado por los jueces Diego García Berro, Ignario Formari y José Michilini retomó la causa, que estaba a punto de prescribir, a mediados de marzo por orden de la Cámara de Casación Penal que, en 2016, había revocado el sobreseimiento del «Rey de la carne». La acusación por asociación ilícita es el único delito que no prescribió desde que, en 1996, la entonces DGI presentó una causa por evasión impositiva en sus frigoríficos.
Además de Samid son juzgados su hermana Alicia y otros empresarios, todos ellos acusados de integrar una asociación ilícita que evadió el pago del IVA. Los demás acusados son Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete, Teresa Fornasier y Claudio Pileo.
La denuncia original sostenía que se habían evadido más de 50 millones de pesos, delito por el cual Samid había sido sobreseído por haberse vencido los plazos de la investigación, que involucraba a varias cadenas frigoríficas, entre ellas, La Lonja, de la familia Samid. «Fui sobreseído dos veces. Los jueces asumieron hace 6 meses y reabrieron la causa. Los puso (Mauricio) Macri», insistió el empresario en su defensa.
Samid no apuntó solo contra el Gobierno Nacional sino también contra la justicia federal, a la que denominó «Comodoro PRO», y acusó directamente al fiscal Pérez Barberá: «Me pidió 1.800.000 de dólares. Me dijo que se tomaba tres días de vacaciones y que lo pensara». Y agregó: «Primero me pidió la plata, después pidió la condena». «Si me agarran, mala suerte. Mientras tanto voy a estar acá y espero que no me encuentren. No me voy a entregar con estos tipos. No voy a ser un preso político más, prefiero ser un fugado político», aseguró Samid mientras continuaba siendo buscado por la Policía Federal.