La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto para medir la informalidad laboral. La iniciativa, impulsada por Lucila De Ponti, apunta a que la provincia tenga un mapa estadístico sobre los niveles de informalidad en el trabajo, con datos pormenorizados que sirvan para diagnosticar el fenómeno y elaborar políticas públicas hacia el sector. Para la diputada provincial del peronismo, además de un reconocimiento a la relevancia del sector en la estructura económica, se trata del principal problema que afronta el mercado del trabajo en el país. “En Santa Fe una de cada dos personas que trabaja en el sector privado lo hace en la informalidad, pero no tenemos más datos que eso”, expresó y agregó: “Se están transformando las condiciones en que la gente trabaja y lo está haciendo hoy de manera más precaria que antes”. Un informe de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) expone niveles de informalidad crecientes en el Gran Rosario.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en la sesión del último jueves y ahora deberá debatirse en el Senado provincial. La normativa propone crear un Sistema de Indicadores del Mercado de Trabajo No Formal, en el ámbito del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) con el fin de registrar la situación que atraviesan las y los trabajadores que lo hacen por fuera del empleo registrado.

Entre los objetivos, se plantea “generar información estadística confiable, actualizada y comparable” para la construcción de un diagnóstico preciso sobre el mercado de trabajo provincial, contemplando condiciones de género y edad en el desarrollo de la informalidad laboral.

La iniciativa propone que el Ipec procese los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y, con esa información, se elabore un informe anual con indicadores específicos sobre las distintas formas de informalidad laboral.

En ese marco, se busca conocer acerca de los trabajadores y las unidades productivas en las que desarrollan sus actividades y aportar datos que permitan “realizar una caracterización sociodemográfica y de sus condiciones laborales”.

Algunos datos

El último informe del Mercado de Trabajo publicado por Indec –que data del tercer trimestre de 2024– arroja que el 45% de la población argentina tiene una ocupación, lo que significa alrededor de 21,2 millones de personas.

En tanto, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que registra los aportes jubilatorios realizados por todos los trabajadores del país, dan cuenta de 13,3 millones de personas con empleo registrado. El contraste entre los dos indicadores arroja casi 8 millones de personas trabajando en la informalidad.

Otro dato que revela los niveles de informalidad se observa con las diversas evoluciones en las formas de trabajo: desde 2012 las diversas formas del cuentapropismo aumentaron en un 65,5%, con el monotributo social a la cabeza. “Esto significa que hay una economía que está generando empleo, pero este es crecientemente precario, sin la protección legal correspondiente ni los beneficios que la ley establece como las vacaciones pagas, el sueldo anual complementario, aportes a la obra social y seguro de riesgos de trabajo”, se plantea en los fundamentos del proyecto.

Sin embargo, en la desagregación local es donde los números oficiales escasean. En noviembre del año pasado, un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe tomó los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y trazó una estimación de la informalidad para el primer semestre de 2025, que permite tener una aproximación al fenómeno. El relevamiento arrojó un 42,3% de informalidad laboral en el Gran Rosario y un 45,2% en el Gran Santa Fe, con ambos indicadores ubicados por encima del promedio nacional estimado por el Indec en torno al 42% para finales del 2024. El informe también revela que en el Gran Santa Fe el mayor nivel de informalidad recae sobre cuentapropistas, mientras que en el Gran Rosario sobre los asalariados.

A ciegas

En diálogo con Rosario/12, De Ponti indicó que el mundo de la informalidad es heterogéneo. Se conforma de un abanico que abarca desde personas que trabajan en una empresa y no están regularizadas, hasta quienes trabajan en la agricultura familiar, pasando por vendedores ambulantes y trabajadores de plataforma, entre otros. “En Santa Fe una de cada dos personas que trabaja en el sector privado lo hace en la informalidad, pero no tenemos más datos que eso. Lo que se busca es que la provincia tenga un mapa estadístico de la informalidad laboral, porque esa diversidad requiere distintos enfoques para abordarla, con diversas políticas públicas”, explicó.

En ese sentido, la legisladora planteó que hoy el Estado santafesino se mueve “a ciegas” respecto a este asunto, y remarcó que la intención es que se puedan desagregar los datos en función a parámetros como género, edad, región y actividad.

“Hoy solo sabemos que tenemos gran parte de la población económicamente activa que no está sujeta ni a las regulaciones del derecho laboral ni de la seguridad social”, expresó y agregó: “No sabemos qué porcentaje de esto está en la economía formal, qué porcentaje es cuentapropista o independiente, si trabaja en una ciudad o en la ruralidad. Todas estas cosas buscamos conocer a partir de este nuevo sistema de estadísticas”.

Para la legisladora, la informalidad es el principal problema que enfrenta hoy el sistema de trabajo en la Argentina. “Hay toda una economía en la informalidad que sostiene la vida cotidiana. La informalidad es tan grande que hasta los números son confusos”, sostuvo y añadió: “Se están transformando las condiciones en que la gente trabaja y lo está haciendo hoy de manera más precaria que antes. Y quienes buscamos que el trabajo siga siendo una forma no solo de tener ingresos, sino también de ordenar y planificar la vida, creemos que es necesario construir nuevas políticas que permitan poder dar certidumbre, protección y derechos a quienes trabajan”, finalizó.

El Gran Rosario

Otros datos sobre informalidad en la región se conocen a partir de un informe elaborado por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en el marco del último Día del Trabajador. El relevamiento da cuenta de un aumento en el número de cuentrapropistas, que en 2023 representaban al 21,7% de la población ocupada y, dos años después, el número ascendió a 27,1% ubicándose en guarismos cercanos al 2020, cuando tocó un techo de 31,4% en plena pandemia. “Esta recomposición sugiere una expansión de las formas de inserción más inestables, muchas veces vinculadas a estrategias de autoempleo por necesidad más que a procesos de movilidad ocupacional ascendente”, señala el informe.

Los números también marcan una informalidad en ascenso: en 2025, el 38,2% de la población ocupada se encontraba en condiciones de informalidad, frente al 35,3% registrado en 2024 y al 35,5% de 2023. Entre los asalariados el deterioro también es visible: el porcentaje de trabajadores sin descuento jubilatorio pasó del 30,9% en 2024 a 34,3% en 2025 “lo que implica que más de un tercio de quienes trabajan en relación de dependencia lo hacen sin acceso pleno a derechos laborales básicos”.

Además, dentro del universo de asalariados informales, la mayoría no realiza aportes propios al sistema previsional. En 2025, el 84,4% de los asalariados sin descuento jubilatorio tampoco realizó aportes propios lo que consolida “una situación de alta vulnerabilidad presente y futura, tanto por la insuficiencia e inestabilidad de los ingresos actuales como por la fragilidad en la protección social de mediano y largo plazo”. El informe concluye que el conjunto de indicadores refleja una expansión del empleo que convive con mayores niveles de informalidad, cuentapropismo e insuficiencia laboral “configurando un escenario de creciente fragmentación y deterioro del mundo del trabajo”.