El Senado debatirá este viernes, desde las 11, el proyecto de reforma laboral y el oficialismo buscará obtener la última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias, en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Con la reforma laboral lista para ser exhibida como trofeo en la apertura de sesiones, el oficialismo se mueve con la tranquilidad de quien cree haber alineado el frente político y algunos indicadores macroeconómicos clave. En la Casa Rosada se habla de crecimiento interanual superior al 4 por ciento, de dólar relativamente estable y de una pobreza en descenso según el INDEC, apalancada en el campo y en Vaca Muerta.
Sin embargo, debajo de esa narrativa de orden macro, el entramado productivo y laboral muestra señales cada vez más consistentes de tensión estructural, algo que difícilmente pueda maquillarse con gráficos optimistas en el discurso presidencial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aporta un dato difícil de relativizar: en la Argentina actual cierran en promedio unas 30 empresas por día, cerca de 900 por mes, lo que arroja más de 22 mil firmas que bajaron la persiana en poco más de dos años.
La cifra no describe un fenómeno aislado ni coyuntural, sino un proceso sostenido de contracción del tejido productivo que coincide con un esquema económico que privilegia la apertura comercial, el ancla financiera y la competitividad vía costos antes que vía producción.
En paralelo, la conflictividad laboral creció con fuerza. Entre enero de 2024 y principios de febrero de 2026 se registraron al menos 717 conflictos laborales en todo el país.
Hasta septiembre de 2025 el promedio rondaba los 24 conflictos mensuales, pero tras las elecciones de octubre el número escaló a 42 por mes, es decir, prácticamente se duplicó. No se trata solo de protestas sindicales clásicas, sino de un mosaico de reclamos por despidos, suspensiones, cierres y salarios adeudados que se expanden territorialmente.
El detalle de esos conflictos también es revelador: el 63,6 por ciento se originó en despidos, seguido por cierres de empresas (12,3 por ciento), suspensiones (10 por ciento) y crisis generalizadas (7,8 por ciento). Las PyMES concentran el 39,1 por ciento de los casos, lo que confirma que el ajuste productivo no golpea primero a los grandes conglomerados sino al entramado chico y mediano que sostiene empleo local.
A eso se suma que el 27,3 por ciento de los conflictos involucra a conglomerados extranjeros que, frente a la caída del consumo interno, optan por importar en lugar de producir en el país.
La secuencia reciente de cierres y despidos funciona como radiografía del momento en que se pretende aplicar la reforma laboral. El cierre de FATE, con 920 trabajadores despedidos, fue apenas la punta visible de una serie de episodios encadenados.
Aires del Sur, en Tierra del Fuego, pidió la quiebra tras suspensiones sin goce de sueldo; ARSA dejó a 400 empleados en la calle tras su quiebra judicial; VVC Textil en Catamarca adeuda salarios y aportes con riesgo de cierre; y la tradicional fábrica cordobesa La Palia anunció su cierre definitivo tras más de 30 años, señalando la inestabilidad económica y el impacto de las importaciones.
La lista continúa con la cervecería Quilmes recortando casi la mitad de su personal en la planta de Zárate por caída del consumo, Georgalos aplicando suspensiones con rebajas salariales, las farmacias Dr. Ahorro acumulando más de 110 despidos y el cierre de 11 sucursales tras emitir cheques sin fondos, y el frigorífico General Pico desvinculando a 194 trabajadores y paralizando plantas.
Incluso el comercio, como el caso de Maxi Carrefour en La Pampa, registra reducciones graduales de personal desde su inauguración.
El deterioro no es solo sectorial sino federal. En Corrientes y Chaco cerraron plantas de la fábrica Emilio Alal dejando 260 trabajadores en la calle sin indemnización cobrada; Hilado SA-TN Platex suspendió a 190 trabajadores en Tucumán y desvinculó a 50 en La Rioja; Master Laja en San Luis despidió a toda su plantilla; WEG en Córdoba ajustó tras el cese productivo de Mabe; y Acindar llegó a suspender a casi la totalidad de sus operarios en diciembre. La geografía del ajuste coincide, paradójicamente, con provincias cuyos gobernadores aportaron votos clave para aprobar la reforma laboral.
Ahí aparece otra dimensión política del modelo. Mandatarios provinciales con bajos niveles de empleo formal, 8,9 por ciento en Tucumán, 8,13 por ciento en Salta, 6,4 por ciento en Corrientes, 10,2 por ciento en Jujuy, acompañaron la iniciativa en el Congreso, reduciendo el costo político local de una flexibilización laboral que impacta más fuerte en los sectores registrados.
El alineamiento legislativo, en ese contexto, parece responder menos a una convicción productiva que a una lógica de supervivencia fiscal y negociación con la Nación.
Incluso el propio Javier Milei ha mostrado que la crisis industrial no le es ajena: sus críticas públicas a Paolo Rocca, CEO de Techint, y a Javier Madanes, vinculado a FATE y Aluar, evidencian preocupación por el desempeño del sector productivo.
Sin embargo, el problema ya no se limita a las grandes empresas sino a una red de PyMES que se achica mientras el discurso oficial insiste en que la macroeconomía ordenada terminará derramando sobre la economía real.
El punto crítico es el timing. Impulsar una reforma laboral en un contexto de cierres empresariales, aumento de conflictos y caída del consumo implica intervenir sobre el mercado de trabajo cuando el poder de negociación del trabajador ya está debilitado por la propia dinámica económica.
La paradoja es evidente: mientras el Gobierno celebra estabilidad en variables financieras y crecimiento en sectores específicos, el tejido social y productivo que debería absorber esa recuperación muestra signos de fragilidad creciente, como ya ocurrió en otros períodos de apertura económica en la historia argentina donde el eje primario-financiero avanzó sobre la industria.
En ese escenario, la reforma laboral no se discute en un vacío técnico ni en un laboratorio económico, sino sobre un terreno donde las estadísticas de cierres, suspensiones y despidos ya marcan tendencia. Y ahí radica la contradicción central del relato oficial: festejar la foto macro mientras la película productiva acumula capítulos de ajuste real que ningún discurso en el Congreso puede omitir sin quedar, como mínimo, desfasado respecto de la realidad.