La disputa por el parque acuático proyectado sobre la costa norte de Rosario sumó un nuevo capítulo judicial que puede resultar decisivo. La Procuración de la Cámara de Apelaciones recomendó hacer lugar a la apelación presentada contra el rechazo de una medida cautelar y advirtió sobre el riesgo de que la obra avance hasta quedar materializada antes de que la Justicia determine si el proyecto es legal. Es que, mientras tanto, las máquinas ya trabajan sobre la rambla como si hubiera un OK definitivo.

Al dictamen lo elaboró la procuradora de segunda instancia Mariela Sarrías y lo difundió el concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde, uno de los impulsores de la presentación judicial contra el complejo que el Ejecutivo municipal pretende construir en el sector de La Florida y la Rambla Catalunya. Ahora, los demandantes pidieron a la Cámara que haga efectivo el carácter suspensivo con el que fue concedido el recurso y ordene detener los trabajos.

La decisión ahora corresponde a la Cámara de Apelaciones. Pero para los opositores al proyecto constituye un respaldo relevante a dos cuestiones que vienen planteando desde el comienzo: que existen argumentos suficientes para revisar la legalidad de la iniciativa y que las obras no deberían continuar mientras ese planteo permanece bajo análisis judicial.

En el expediente iniciado por Monteverde, concejales opositores, vecinos y otras organizaciones, el juez de primera instancia Marcelo Quiroga rechazó la medida cautelar solicitada para paralizar el proyecto. La decisión fue apelada y el recurso fue concedido con efecto suspensivo. Según los demandantes, esa condición implica que la prohibición de avanzar con los trabajos se mantiene mientras la Cámara no resuelva la apelación.

El argumento adquiere especial relevancia porque, según denunciaron los amparistas, el municipio continuó igual con tareas de ejecución, instalación de infraestructura y extracción de árboles en el sector costero. Por lo tanto –entienden– esa conducta desconoce el alcance de la resolución judicial.

Monteverde remarcó que el organismo avaló el planteo en cuanto a la necesidad de que la apelación sea tratada y consideró que existen razones para discutir si el proyecto debía haber pasado por el Concejo municipal.

Ese es uno de los ejes centrales de la controversia. Los demandantes sostienen que el Ejecutivo avanzó mediante el decreto 715/2026 sobre un proyecto que modifica los usos de un sector de la costa y que, por sus características, requería intervención del Concejo. También cuestionan que el área donde se emplazaría el complejo está catalogada como Plaza Antonio Berni y que la normativa urbanística establece restricciones para las construcciones en esos espacios.

Pero el otro aspecto señalado por la Procuración es el denominado “peligro en la demora”: si la obra continúa y finalmente la Justicia determina que el proyecto era ilegal, podría resultar imposible volver atrás.

La pelea también tiene un capítulo político. La concejala oficialista Carolina Labayrú cuestionó a Monteverde y sostuvo que el dictamen de la Procuración es “solo una opinión no vinculante”. Recordó además que el juez de primera instancia rechazó la cautelar y afirmó que la obra cuenta con factibilidad ambiental provincial y continúa en marcha.

Monteverde respondió que el debate no es contra las obras de mejoramiento de la costanera sino específicamente contra el parque acuático. “Nosotros estamos a favor de las mejoras en la rambla, no del parque acuático”, afirmó, y cuestionó que mientras avanzan los trabajos del complejo no se hayan ejecutado otras mejoras en La Florida. También denunció que fueron retirados los baños públicos y que la construcción ocupa progresivamente más superficie de playa.

El conflicto judicial tiene varias derivaciones. En el fuero civil y comercial tramitan cuatro presentaciones: tres amparos y un planteo bajo la Ley 10.000, además de una causa penal a cargo del fiscal José Luis Caterina. Las objeciones abarcan desde la presunta invasión de competencias del Concejo y la falta de un Plan de Detalle hasta cuestionamientos ambientales, falta de participación ciudadana e insuficiencia de la información disponible sobre el impacto de la obra sobre el ecosistema ribereño y el acceso público a la costa.

Ahora, con el dictamen de Sarrías incorporado al expediente, la pelota quedó en la Cámara de Apelaciones. Los opositores pretenden que los camaristas no sólo resuelvan sobre la legalidad del proyecto, sino que ordenen mientras tanto el cese de las tareas para evitar que una eventual sentencia favorable llegue cuando el parque acuático ya esté construido.