Luego de que por medios tucumanos trascendiera que un juez federal de la provincia habría ordenado que fuera llevada a declarar por la fuerza pública y que “no salga del país”, Susana Trimarco pidió la nulidad de esas actuaciones, supuestamente ordenadas en el marco de una causa en la que no fue convocada.
Así lo detalló a este diario su abogado, José D’Antona, quien señaló que “como ella no está notificada de la citación, nunca debieron haber ocurrido ese supuesto pedido de paradero, supuesto pedido de captura, la supuesta medida sobre salida del país”. Procesalmente, no hay un plazo máximo establecido para que Daniel Bejas, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, responda la presentación, de la que también debe correrle vista al fiscal que habría pedido la averiguación de paradero, Gustavo Gómez, que subroga a su par Carlos Brito, con licencia por vacaciones.
“A Susana Trimarco no le llegó ninguna citación. De hecho, estas medidas de las que se enteró por la prensa serían la primera actividad procesal que hay en el expediente desde que se presentó la denuncia”, añadió el abogado D’Antona. El expediente al que refirió el letrado sería, de acuerdo con lo informado por medios tucumanos, el de la causa comenzada en marzo de 2016, tras una denuncia presentada por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda por 5,6 millones de pesos girados por la Nación a la Fundación María de los Ángeles en diciembre de 2015. En marzo de 2016, cuando la instructora del ministerio, Mónica Marchisella, interpuso la denuncia, Trimarco señaló que esos fondos habían sido devueltos al Estado nacional. En septiembre de 2016, la actual candidata a gobernadora de Tucumán y todavía senadora provincial Silvia Elías de Pérez presentó una denuncia similar en la Oficina Anticorrupción, a cargo de la politóloga Laura Alonso. Este diario intentó infructuosamente comunicarse con el juez Bejas.