Una comerciante del barrio La Paloma terminó perdiendo su casa y pagando más de dos millones de pesos tras solicitar un préstamo informal de 100 mil pesos, cuyo cobro derivó en amenazas, intimidaciones y robos. Por estos hechos, tres hombres fueron condenados a penas de entre cinco y cinco años y tres meses de prisión por delitos de extorsión y usura, según resolvió el juez penal Mariano Aliau en un juicio abreviado.

De acuerdo con la investigación del fiscal Germán Mazzoni, la víctima solicitó el crédito en junio de 2024 fuera del sistema bancario, a través de contactos informales y redes sociales. Poco después de atrasarse en los pagos, en septiembre, comenzó a recibir hostigamientos de parte de quienes habían otorgado el dinero. Los acusados fueron identificados como Alexis Ángel Chamorro, Franco Leonel Arias y Diego Luis Ovelar, arrestados en diciembre del año pasado y desde entonces detenidos en la Unidad Penitenciaria de Piñero.

El préstamo había sido pactado con Chamorro, quien tomó contacto con la comerciante a través de un grupo de Facebook. Tras solicitarle datos sobre ingresos o recibo de sueldo, finalmente le otorgó los 100 mil pesos en efectivo, con un esquema de devolución en doce cuotas que se pagaban cada diez días por 35 mil pesos. Tras dos meses, la deudora se atrasó en los pagos y Chamorro la notificó de una refinanciación que elevaba la deuda inicial a 1.400.000 pesos, atribuyendo la exigencia a otra persona apodada “Mono”, supuesto dueño del capital.

Según la Fiscalía, Chamorro utilizaba una línea telefónica registrada a su nombre para comunicarse con la víctima haciéndose pasar por ese supuesto prestamista, a quien describía como una persona peligrosa. Al mismo tiempo, Arias y Ovelar actuaban como cobradores y se presentaban en el domicilio con actitudes intimidatorias. En distintos mensajes, los extorsionadores advertían que sabían los movimientos de la familia y que, si no cumplía, perdería la vivienda.

En uno de los episodios, la víctima recibió la comunicación de alguien que se presentó como “Mono”, quien elevó nuevamente el monto adeudado hasta los cuatro millones de pesos y la amenazó con balear su casa si denunciaba la situación. Presionada por estas intimidaciones, la mujer vendió una heladera, una moto y finalmente su casa para reunir parte del dinero. También entregó dos celulares, una bicicleta y otros bienes personales.

El 19 de noviembre de 2024 se produjo uno de los hechos más violentos de la secuencia: dos hombres no identificados llegaron al domicilio, discutieron y golpearon al padre de la víctima, y sustrajeron una notebook, una tarjeta SUBE y 200 mil pesos. Para entonces, la suma entregada por la comerciante superaba los dos millones de pesos, según consta en la causa.

Tras realizar la denuncia a fines de noviembre, la Policía de Investigaciones llevó adelante allanamientos en una gomería de Ayacucho y Marco Polo —donde trabajaba Ovelar— y en los domicilios de Chamorro y Arias. En estos procedimientos se secuestraron teléfonos, entre ellos diez líneas activas a nombre de Chamorro, una de las cuales se usaba para simular las comunicaciones del supuesto “Mono”.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Mazzoni acordó un juicio abreviado con las defensas. El juez Aliau homologó la condena de Chamorro a cinco años y tres meses de prisión por usura agravada por habitualidad y extorsión; de Arias a cinco años y dos meses por extorsión; y de Ovelar a cinco años por el mismo delito en carácter de coautor. El Ministerio Público de la Acusación informó que los tres continuarán detenidos en Piñero cumpliendo sus penas.

El caso se sumó a otras investigaciones recientes sobre préstamos usurarios en sectores vulnerables, modalidad que en ocasiones se vincula con economías ilegales. Las autoridades destacaron que el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería se convirtió en un mecanismo frecuente de captación de víctimas y de ejecución de las amenazas.